ONGs aseguran que los indígenas son discriminados por la justicia mexicana

Latinoamérica Jan 24, 2012 at 9:56 pm

El indígena Antonio Sánchez (d) y su esposa, Rosa Ramírez (i), padres de Hugo Sánchez, un joven indígena del central Estado de México, detenido en 2007 acusado de secuestro y condenado a 37 años de prisión, participan durante una rueda de prensa realizada por organizaciones civiles en Ciudad de México, donde alertaron de la situación de discriminación que viven los indígenas en el sistema de justicia del país.

México.- Organizaciones civiles mexicanas alertaron este lunes de la situación de discriminación que viven los indígenas en el sistema de justicia del país, el cual no cumple sus garantías en materia de derechos humanos.

“Los operadores del sistema de justicia tienen unos prejuicios que hacen que a los indígenas no se les otorgue un traductor, que no tengan acceso a una defensa adecuada y que sean juzgados por un sistema que no comprende sus marcos culturales y conceptuales”, dijo el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín.

Dicho centro y la organización Todos los Derechos para Todos han elaborado informes que presentarán al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (Comité CERD), que examinará los avances en materia de igualdad en México.

Los próximos 14 y 15 de febrero organizaciones de la sociedad civil, así como el Gobierno mexicano y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en este país, acudirán a Ginebra (Suiza) para presentar informes al respecto para que la ONU elabore una serie de recomendaciones.

“Tener acceso a una defensa adecuada implica tener un defensor que les pueda explicar dentro de su misma lógica por qué se les está juzgando y cuál es el proceso por el que tiene que pasar una persona ante el sistema de justicia”, apuntó Rosario Marroquín.

El defensor de derechos humanos hizo estas declaraciones antes de presentar el informe “Discriminados y encarcelados: detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México”.

En su opinión, a los jueces les cuesta mucho trabajo reconocer a una persona como indígena porque eso implica el reconocimiento de otros derechos.

En la presentación también participó Sthepanie Erin Brewer, encargada del área internacional de la organización, quien dijo que el informe les ha permitido observar detenciones arbitrarias y encarcelamientos de indígenas inocentes.

“Aprovechan la discriminación estructural en el sistema penal para hacer de esas víctimas chivos expiatorios o bien utilizan la ley como herramienta directa de represión social cuando las comunidades indígenas pretenden defender sus propios derechos”, aseguró.

En el informe aparecen cinco casos que sirven de ejemplo a estas conclusiones, como el de Hugo Sánchez, un joven indígena del central Estado de México, detenido en 2007 acusado de secuestro y condenado a 37 años de prisión.

Brewer explicó que es una acusación “sin fundamento y sin pruebas” y recordó que el caso está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además de estos hechos, la red nacional Todos los Derechos para Todos (que agrupa a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos) ha constatado otras dificultades que sufren los indígenas en el sistema mexicano.

La red ha elaborado su propio informe, que también presentarán a la ONU, en el que aparecen casos como el de una niña indígena cuyos padres querían inscribirla en el registro civil con su nombre en indígena y tardaron dos años porque el sistema no permitía escribir diéresis y guiones.

“Casos como este ilustran las deficiencias del sistema mexicano para incluir a las personas indígenas en cosas cotidianas”, explicó Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la organización.

El reconocimiento de este tipo de carencias del Estado es, según Raczynska, la primera obligación del Gobierno para tratar de resolver la situación.

“Hay que destinar recursos para atender las deficiencias, capacitar a funcionarios y poner a disposición de los indígenas los recursos necesarios, defensores, traductores (…) Es un reto, pero no imposible de hacer si es que hay un plan integral para hacerlo con una perspectiva desde los derechos humanos”, expuso.