ATALAYA

Columnistas Aug 6, 2012 at 11:05 pm

Por: Jorge Tadeo Lozano

05-08-2012

 Recordemos aquí que durante el gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia se firmó el primer acuerdo de paz con la guerrilla liberal del momento, a partir del cual se generaron también los primeros actos administrativos o decisiones gubernamentales relacionados o complementarios: se expidieron los Decretos 1546 del 22 de junio de 1953 y 1823 de 1954, para indultar a los alzados en armas, pretendiendo con solo esta figura finiquitar la violencia bipartidista de la época, que al final concluyó en un rotundo fracaso dado que no se atacaron las raíces socioeconómicas del conflicto ni se dieron los elementos para una paz duradera como eran el perdón, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, para concluir en que gran parte de quienes fueron indultados y reinsertados terminaron asesinados por agentes del gobierno o paramilitares de la época o fueron de nuevo obligados a desplazarse a los campos a reorganizarse en grupos guerrilleros, esfumándose cualquier posibilidad de reconciliación.

El Decreto 1718 de 1958 creó la Comisión Especial de Rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, que cubrió apenas los departamentos de Cauca, Caldas y Valle del Cauca en el occidente de país y Tolima y Huila en el centro-sur de la nación; ente de poca duración establecido durante el régimen del Frente Nacional (liquidado en diciembre de 1960) que sin embargo -para muchos colombianos- dejó importantes experiencias, tanto positivas como negativas, pues si bien tuvo el error inicial de marginar a la mayoría del territorio y el defecto de todos los procesos anteriores de no contener elementos de verdad, perdón, justicia y reparación, sí abordó por primera vez algunos de los temas fundamentales de tipo socio-económico que habían sido excluidos en los anteriores, tales como la propiedad y manejo de la tierra rural, la atención humanitaria a los desplazados y víctimas de la violencia y el análisis de las reales causas de la violencia, así hayan sido desacertados algunos de sus enfoques.

Otra crítica formulada al proceso de paz del Frente Nacional fue el de la propuesta de amnistía, que para algunos fue a duras penas un espacio político para que los subversivos se rearmaran, se fortalecieran y pretendieran formar repúblicas independientes que a la postre obligaron al Estado a retomar la represión como fórmula de solución del conflicto, sin pensar en los miles de muertos y la enorme depredación física, moral y espiritual que sobrevendrían hasta el día de hoy. Es que la amnistía sin previas verdad, perdón, justicia y reparación como se ha hecho en las naciones que -por ello- han logrado una paz y reconciliación estables, no funciona.

De aquí en adelante todo fue preparación para la confrontación bélica entre el Estado (ahora integrado fundamentalmente por los partidos tradicionales liberal y conservador, unidos en el Frente Nacional) y lo que de 1962 en adelante sería una guerrilla mixta en sus orígenes (liberal-comunista) y posteriormente solo comunista por la absorción ideológica que el liderazgo de este partido había hecho de los pocos mandos liberales rebeldes y el deslinde oficial que el Partido Liberal había hecho de estas huestes neo-revolucionarias.

Fueron veinte años de asaltos sorpresivos de los diferentes grupos guerrilleros creados al amparo ideológico y financiero de Cuba y la Unión Soviética, de un lado, y de la China Comunista, del otro, contra las fuerzas del orden y la población civil colombianas. Sus pretensiones, las que hicieron conocer desde un principio, eran las de tomar el poder político para desde allí imponer un régimen y un gobierno socialista o comunista, para ellos con igual significado; lo cual habría representado un cambio radical de las instituciones, de la cultura ciudadana y de la estructura social en general.

Solo después de muchos muertos y destrucción física, en 1982, al gobierno de Belisario Betancur se le ocurrió constituir una Comisión de Paz, con algunas características de la creada por la Comisión de Rehabilitación durante el Frente Nacional, para promover acercamientos con las guerrillas que permitieran acuerdos de Paz, que en efecto se dieron entre 1984 y 1985 con las FARC, el M-19 y el EPL, con los mismos defectos advertidos en los anteriores procesos, que finalmente volvieron a ser la causa de su fracaso.

Sin embargo, bajo el auspicio franco de las FARC y del Partido Comunista y en desarrollo de la letra y el espíritu de aquellos pactos, nació la Unión Patriótica como partido político de izquierda autorizado por el Estado para actuar en los procesos electorales y políticos del país con los mismos derechos de las demás organizaciones de su tipo; lo que trasladó el enfrentamiento armado a las ciudades y poblados del país, en los cuales se desató una cruel y condenable “vendetta criminal” contra los militantes y dirigentes del nuevo partido, unas veces ejercida por población civil que había sido víctima de acciones guerrilleras, otras asumida por paramilitares en nombre y por mandato de empresarios igualmente lesionados por el accionar de la subversión y –según la propia izquierda- toda ella ocasionada directa e indirectamente por la fuerza armada del Estado; lo cual congeló el proceso de paz que se adelantaba con las FARC y el ELN.

La toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M-19 y sobre todo el sacrificio de valiosos juristas que integraban las Altas Cortes colombianas y de población civil de menor nivel que allí laboraba a su servicio, ocasionaron una reacción de repudio nacional e internacional generalizado que paralizó definitivamente cualquier opción de paz en el país con aquella organización guerrillera

Un tanto apostrofado el M-19 por el rechazo público se desmovilizó unilateralmente y en enero de 1989 empezó. a negociar con el gobierno de César Gaviria una paz que fue sellada el 9 de marzo de 1990, convirtiéndose en partido político y lanzando como candidato a la Presidencia de la República a uno de sus líderes en la resistencia, a Carlos Pizarro Leóngomez, quien finalmente fue también asesinado un mes después de la firma del acuerdo,  según ellos, por las Fuerzas Militares del Estado.

El M-19 fue el único movimiento guerrillero que en esta época hizo arreglos de paz irreversibles con el gobierno colombiano, recibiendo los beneficios del indulto y la amnistía y por tanto la oportunidad de vincularse de pleno a los procesos políticos que se han dado desde aquella ocasión hasta hoy, independientemente o en alianzas con otros partidos políticos afines; y el único también que participó activamente tanto en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constitucional que promovió el Gobierno Gaviria, en su elección y conformación, así como en las decisiones claves de su transformación en Asamblea Constituyente con capacidad no solo de modificar la Constitución de 1886 sino de elaborar y promulgar una nueva que la sustituyera integralmente, como en efecto se dio en 1991.

En mayo de 1990 comenzó la reinserción del EPL a la vida civil y el 5 de febrero de 1991, en momentos en que deliberaba la Asamblea Constituyente, se firmó la paz con este grupo guerrillero, el cual se convirtió también en partido político, no obstante la disidencia que se dio en su interior.

Todos los colombianos sensatos lamentamos la ausencia de las FARC y del ELN en este proceso constituyente, un gran error histórico de estas organizaciones guerrilleras, que de no haber obrado así, le hubiesen permitido al país integrarse en un libre análisis que lo condujera –como en efecto condujo a los que allí estuvieron, incluido el M-19- a un gran acuerdo sobre temas políticos, económicos, sociales, ambientales, etcétera, que si bien pudo no haber satisfecho a todos los colombianos (sobre todo a los que no quisieron o no pudieron participar) fue el producto del consenso entre diferentes ideologías, como lo son todas las constituciones del mundo, con muy pocas excepciones.

La época de las Constituciones o Cartas de Navegación de los países originadas en una sola concepción filosófica han desaparecido o están en vía de extinción, como se demostró con la caída de la cortina de hierro y de la Unión Soviética en cuanto a la izquierda y en los recientes desmoronamientos de los “autoritarismos árabes”; o sucedió con la derrota militar del “nazismo y del fascismo europeo”, en la derecha política.

Con la inasistencia de las FARC y del ELN a la Constituyente perdimos una extraordinaria coyuntura para un acuerdo global de paz en el país, sin vencedores ni vencidos; desaprovechamos una maravillosa coyuntura para haber transformado más a fondo la nación; dilapidamos un momento trascendental de nuestra historia para dar el salto que nos hacía falta destinado a eliminar la desigualdad, la pobreza y la miseria que todavía nos agobia.

Comentarios: jotalos@diarioelpopular.com (al periódico)

jotalos@gmail.com (al columnista)