ATALAYA

Atalaya Columnistas Aug 13, 2012 at 9:50 pm

Por: Jorge Tadeo Lozano

12-08-2012

Nadie en Colombia niega que hemos vivido dos centurias de pequeñas, medianas y grandes  guerras que no han hecho cosa distinta de destruir nuestra economía agraria y por ende frenar nuestro  crecimiento industrial, que se desarrollo aproximadamente hasta finales de los años 90; época en que se produjo la toma de “Casaverde”, sede del Secretariado de las FARC-EP, por las FF. MM., lo cual sobrecogió a aquella organización guerrillera al extremo de llevarla a la mesa de negociaciones junto con el ELN y el EPL, proceso que se cumplió en varias etapas en Arauca, Venezuela y México, hasta mayo de 1992, fecha en que se disolvieron las mesas de diálogo debido a la muerte en cautiverio, el 14 de marzo de este mismo año, del exministro de Obras Públicas Argelino Durán Quintero, quien había sido secuestrado el 26 de enero de 1992 por el EPL

La guerra nunca se interrumpió en este período subsiguiente (como tampoco se había hecho en el anterior) porque la guerrilla colombiana -en medio siglo de confrontación- jamás ha aceptado el “cese al fuego” que los gobiernos le han propuesto, ni siquiera por razones humanitarias; actitud grotesca y beligerante que sus similares de otras naciones han repudiado por estimar que es una señal evidente de mala fe, o sea,  de no desear con sinceridad la paz y la reconciliación.

Durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano (en 1995) la guerrilla y parte  del gobierno aceptaron despejar el municipio de La Uribe (Meta) para iniciar un proceso de diálogo que condujera a la paz, pero las Fuerzas Militares se opusieron monolíticamente a este procedimiento si no se acordaba previamente un cese al fuego y una suspensión de hostilidades, que la guerrilla rechazó. La reacción a este posición de la fuerza armada fue la toma cruenta y sorpresiva  de la Base Militar de las Delicias en el Departamento del Putumayo ejecutada el 30 de agosto de 1996 por algo más de quinientos guerrilleros de las FARC que asesinaron a 27 soldados, hirieron e inhabilitaron a 16 y retuvieron (o secuestraron) a 60.

El 14 de junio de 1997 fueron liberados unilateralmente los soldados retenidos después de que el gobierno Samper –a regañadientes de los militares- ordenara el despeje de la Región de Cartagena del Chairá en el Departamento del Caquetá, al sur del país,  sin el más mínimo asomo de voluntad política de negociar la guerra por parte de los subversivos; quienes para esa época se hallaban fortalecidos económicamente por el negocio del “narcotráfico”, pues de simples recaudadores de tributos a los negociantes de estupefacientes habían pasado a controlar su cultivo, procesamiento y comercialización, especialmente de la “coca”, convirtiéndose las “FARC-EP en el “cartel más poderoso de Suramérica” en este tipo de explotación de narcóticos.

En este escenario aún desconocido –en ese momento- por el grueso del país y ante un pugnaz ambiente político, el candidato a la Presidencia de la República Andrés Pastrana Arango ofreció en 1997 la búsqueda durante su gobierno –si salía elegido- de un proceso de paz con las FARC, para lo cual montó la escenografía convincente de un encuentro personal con el líder natural de la guerrilla Manuel Marulanda Vélez unos días antes de las elecciones, con lo que hizo creer a la mayoría votante del país que, en efecto, la reconciliación y la paz estaban al alcance de la mano si se le elegía a él como primer mandatario de la nación.

No hay duda, Pastrana y quienes por él sufragaron, creyeron en ese momento y a “pie juntillas” en la buena fe de Marulanda Vélez. Otros, los que no lo hicimos,  consideramos lo de Pastrana una estrategia de campaña electoral o por lo menos un ingenuo exceso de confianza en el adversario tradicional;  y lo de Marulanda Vélez, lo vimos como una “táctica de guerrilla” para ganar tiempo y ganar la guerra.

En lugar de “cese al fuego y hostilidades” que deseaban las Fuerzas Militares  colombianas Marulanda le puso como condición a Pastrana en aquella reunión -a cambio del “show” pre-electoral que le propició- la idea de la “desmilitarización de 42.000 kilómetros cuadrados” como “zona de distensión”, dentro de la cual se adelantaría el supuesto proceso de diálogo y acuerdos y se suspendían los enfrentamientos militares, sin entrega de armamento, sin investigaciones criminales ni juzgamiento de ninguno de los guerrilleros que concurrieren al acto. En el ínterin, la guerrilla podía continuar asaltando pueblos, secuestrando civiles y militares, destruyendo acueductos, torres de electricidad, oleoductos, etcétera y, en general, violando el Derecho Internacional Humanitario en el resto del territorio nacional.

Así se hizo y así funcionó todo. Incluso hay quienes afirman con pruebas al canto que la “zona de distensión” se convirtió en “zona de reclusión de secuestrados por la guerrilla” dada la laxitud del Estado en dicha región y la autonomía con que la guerrilla manejó la integridad del territorio; hay quienes afirman que allí hubo libertad hasta para que la insurrección operara sus negocios ilícitos del narcotráfico y de tráfico ilícito de armas.

Lo cierto de todo esto fue que la “guerrilla” aprovechó dicha oportunidad para fortalecerse financiera y militarmente, además de haber convertido dicho espacio en un tablado de comedias desde donde se publicitaron todas sus propuestas políticas  por cuenta del gobierno, a través de todos los medios de comunicación oficiales y particulares del país. Incluso, por cuenta del Estado colombiano, algunos de los miembros del Secretariado de las FARC visitaron un gran número de países europeos con experiencias en sistemas de “economía solidaria” que pudieran ayudarnos a repensar el país.

Pero como el modelo de pre-acuerdo convenido entre Pastrana y Marulanda permitía a la guerrilla  delinquir en las afueras de la “zona de distensión” sin que esto tuviera efecto alguno en el dialogo por la paz que se adelantase en el Cagúan (gran falla original del proceso acordado) esta se desbordó en acciones delictivas, entre las cuales estuvo el secuestro de un avión de pasajeros de la empresa Aires en territorio del Departamento del Huila (al sur del país) en febrero de 2002  y en especial del Senador liberal de este Departamento que se transportaba allí,  Jorge Eduardo Géchem Turbay, quien estuvo en cautiverio durante seis (6) años, siendo  liberado por gestión del Presidente Chávez de Venezuela en febrero de 2008. El mismo día del secuestro de Géchem Turbay el Presidente Pastrana dio por terminado el proceso de paz que se adelantaba en el Cagúan, sin acuerdo alguno.

El presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo gobierno comenzó el 7 de agosto de 2002, jamás pensó -durante sus dos mandatos de cuatro años cada uno- en negociar la paz con la guerrilla; lo hizo  con los grupos de autodefensa o “paramilitares”, de quienes se decía habían sido ideados y autorizados por el propio Uribe Vélez durante su gobierno como Gobernador del Departamento de Antioquia del cual es oriundo, para combatir la guerrilla bajo la enseña de “cooperativas de seguridad” y el nombre de “Convivir”.

Ante el evidente desvió de los objetivos iniciales de estas cooperativas, de su incuestionable accionar delictivo y de su indiscutible ánimo de “refundar la patria” como claramente lo confiesan en el “Pacto de Ralito” suscrito por parapolíticos y cabecillas de las “autodefensas”, nada distinto podía hacer el Presidente Uribe Vélez que intentar “desmontar” este monstruo de mil cabezas, que como la Hidra de Lerna en la mitología griega, tenía forma de serpiente y un aliento venenoso -en forma de “narcotráfico”- que destruía lo que tocaba y se reproducían cada vez que se cortaban.

Miraremos en nuestro próximo comentario las conclusiones a que hemos llegado en esto de los “acuerdos de paz” en Colombia y de que manera podríamos sugerir algunas fórmulas que corrijan los errores en que hemos incurrido en la búsqueda de una paz negociada.

Comentarios:

jotalos@diarioelpopular.com (al periódico)

jotalos@gmail.com (al columnista)