INMIGRANDO A CANADA

Por Vilma Filici

filici@filici.com

 TORONTO. Esta semana ha sido noticia el caso de un hombre de 59 años de edad de la provincia de British Columbia que había vivido en Canadá desde que era un bebé, y que fue deportado hacia los Países Bajos debido a delitos que cometió en el país.

Esta persona llegó a Canadá con sus padres cuando tenía apenas ocho meses de edad, y cuando era pequeño nunca le tramitaron la ciudadanía canadiense.Lamentablemente fue declarado culpable de más de 40 cargos penales entre los años 1976 y 2013, razón por la cual le fue quitada la residencia permanente en Canadá.

El gobierno canadiense ordenó por primera vez su deportación en enero del 2008 después de que se le declaró inadmisible de permanecer en Canadá debido a una condena en el año 2001 por asalto con arma, y finalmente fue deportado esta semana al agotar todas las opciones legales a las que tenía derecho.

Retomo este caso porque es un buen ejemplo para recordar que el ser encontrado culpable de criminalidad para un residente permanente es automáticamente una sentencia doble. Primero, porque la persona debe cumplir con la sentencia dada por la corte criminal, y segundo, porque debe tratar con Inmigración y con la Canadian Border Services Agency (CBSA).

El procedimiento usado por el Departamento de Inmigración en relación a los residentes permanentes que son encontrados culpables de criminalidad es comparable a una limpieza social, o tal y como lo dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Padilla v Kentucky en el 2010: “el equivalente de la expulsión o el exilio”.

Muy probablemente algunas personas pueden pensar que si el residente permanente cometió una ofensa criminal merece ser deportado, pero me adelanto en decirles que no se trata solo de personas que han cometido un homicidio o de traficantes de droga, sino que cualquier sentencia de criminalidad, por más pequeña que sea, puede resultar en una orden de deportación.

La razón por la cual no se apeló la sentencia para esta persona es porque, de acuerdo a la Ley de Inmigración, si un residente permanente recibe una sentencia de seis meses o más pierde el derecho a la única oportunidad que tendría de permanecer en Canadá a pesar de ser culpable de una ofensa criminal.

La División de Apelaciones de Inmigración tiene jurisdicción de oír la apelación de una persona con criminalidad sólo si la sentencia recibida fue de menos de seis meses. Si la sentencia fue de seis meses o más, como en el caso de este señor la persona sólo puede acceder a una revisión judicial ante la Corte Federal, y hay una gran diferencia entre el proceso ante La División de Apelación de Inmigración (DAI) y la Corte Federal.

La gran diferencia es que la DAI tiene el poder de ir más allá que la Corte Federal y analizar el caso por razones humanitarias. La DAI puede parar la deportación si llegan al fallo de que hay razones meritorias para hacerlo.

A pesar de la criminalidad, que no se disputa, la DAI puede evaluar ciertos factores como la edad en la que llegó la persona a Canadá, la seriedad de la ofensa que llevó a la orden de deportación, las posibilidades que hay de que la persona se rehabilite o se haya rehabilitado, su establecimiento en Canadá y qué familia tiene en el país, cómo serán afectados los miembros de su familia si la persona es deportada, qué tipo de sufrimiento tendrá si es sacada del país, y cómo será afectada si es deportada al país de origen. Qué tipo de apoyo tendrá en el país de origen y qué posibilidades tiene de encontrar trabajo, así como también cuál es el record de abuso de derechos humanos en ese país, entre otros factores.

La rehabilitación y poder demostrar que la persona no cometerá otro delito juegan un papel muy importante en la decisión, por lo que es de suma importancia que el cliente tome medidas para poder demostrar esto en el momento apropiado. Por ejemplo, si el problema fue causado por una adicción a las drogas, una buena idea es comenzar un programa para combatir esa adicción; si fue un problema causado por estar en estado de ebriedad, debe comenzar a asistir de inmediato a los alcohólicos anónimos, o a un programa de ayuda para manejar la ira, si este fuera el caso.

Para que la persona se convierta en inadmisible, la sentencia recibida tiene que ser una sentencia bajo un “Act of Parliament” (Ley Parlamentaria). Esto significa que ciertas ofensas bajo leyes provinciales no convierten a la persona en inadmisibles, así como tampoco lo hace una ofensa que se haya cometido siendo menor de edad.

También hay que recordar que no todos los dictámenes de la Corte convierten a la persona en inadmisible. Por ejemplo, a una persona a la que no se la encuentra culpable por razones de salud mental se le da un “peace bond”, se cancelan los procedimientos, se le da una exoneración o se le da un descargo ya sea absoluto o condicional, lo que significa que no queda con record criminal y por lo tanto no les afecta el estatus inmigratorio.

En este sentido, un residente permanente acusado de un delito debe asegurarse de que su abogado penal esté también inmerso en leyes de inmigración para certificar de que en lo posible la sentencia que reciba no afecte su estatus migratorio. De hecho, si el abogado penal no tiene conocimientos sobre las consecuencias que un proceso criminal tiene para el estatus migratorio, el cliente debe garantizar de que este se comunique con un especialista en inmigración para que lo guie y se asegure de que en lo posible la sentencia dada no supere los seis meses menos un día.

En muchas instancias se le aconseja al cliente declararse culpable para facilitar y agilizar un proceso delictivo, sin prestar atención al estatus migratorio, pero es en casos donde la ofensa no es tan grave y teniendo en cuenta cómo afectará la sentencia al estatus migratorio del acusado. En esos casos tanto el fiscal como los jueces están dispuestos a dictar sentencias que no resulten en una inminente deportación.

En el caso del residente permanente del que hablamos al principio, este dijo que sus crímenes eran el resultado de un desorden bipolar que desarrolló desde adolescente, que pagó su crimen con nueve meses de prisión y que ahora su enfermedad mental está bajo control y que no bebe ni usa drogas. Lamentablemente estos argumentos no fueron suficientes para los jueces y fue deportado hacia un país en el que muy probablemente no conoce a nadie.