El presidente del Supremo venezolano, Maikel José Moreno jura su cargo en febrero

El Gobierno de Donald Trump eleva el tono ante la involución democrática en Venezuela. El Departamento del Tesoro impuso este jueves sanciones al presidente y siete miembros del Tribunal Supremo venezolano por haber dictado sentencias que “usurpan la autoridad” de la Asamblea Nacional del país, controlada por los partidos opositores al chavismo. Una de las razones que menciona el Tesoro es haber permitido al presidente Nicolás Maduro gobernar bajo un estado emergencia que “restringe los derechos y boicotea la voluntad del pueblo venezolano”.

El Gobierno, según explicó a la agencia Reuters un funcionario estadounidense, tiene previsto adoptar nuevas medidas en el futuro contra “malos actores” en Venezuela.

En la tercera semana del republicano en la Casa Blanca, el Tesoro incluyó el pasado febrero al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, en su lista negra de sancionados por su “significativo papel en el narcotráfico internacional”, lo que le convirtió en el funcionario venezolano de más alto cargo en ser castigado por Washington.

Maikel José Moreno Pérez es desde el pasado febrero el presidente del Supremo venezolano, que ha afianzado en los últimos meses su politización. Moreno es un personaje polémico. Poco antes de asumir el cargo, ratificó la condena al opositor Leopoldo López de casi 14 años de prisión por su participación en las protestas contra Maduro en 2014. Y en 1987, fue acusado de haber asesinado a una mujer en el sur de Venezuela.

El Tesoro justifica las nuevas sanciones en algunas de las sentencias de los últimos meses del Supremo venezolano. Por ejemplo, menciona la decisión el pasado enero de que Maduro diera su discurso anual en el Supremo y no en la Asamblea Nacional como establece la Constitución. O la designación en diciembre del año pasado por parte del poder judicial de miembros del Consejo Electoral Nacional, una función que suele corresponder a la Asamblea Nacional.

“El pueblo venezolano está sufriendo una economía en colapso por la mala gestión y corrupción de su gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo han exacerbado la situación al interferir de forma consistente con la autoridad de la rama legislativa”, señaló el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en un comunicado.

A principios de abril, el Gobierno de Maduro autorizó al Supremo a revisar la legislación penal, civil y militar del país. También a asumir las competencias del Parlamento “mientras persista la situación de desacato e invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”. Sin embargo, rectificó parcialmente a los pocos días ante la presión de las calles y de la comunidad internacional.