35 días y 380 kilómetros para luchar contra la discapacidad en Bolivia

Cine Latinoamérica Noticias Jun 25, 2017 at 7:06 pm
Fotograma de 'The fight'.

Fotograma de ‘The fight’.

La historia de The fight le llegó a la cineasta boliviana-australiana Violeta Ayala como sorpresa. No se la esperaba. Un colega le dio a conocer que una decena de personas con discapacidad se colgaron junto a sus sillas de ruedas de un puente en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, exigiendo al Ejecutivo un bono mensual de 500 bolivianos (72 dólares). Esto sucedió en febrero de 2016. Un mes después, cientos de personas con minusvalía decidieron llevar sus demandas a 380 kilómetros de distancia, a La Paz, para exigir este subsidio y reunirse con el presidente, Evo Morales. Sin una idea, sin planificación, solo con su cámara lista, la realizadora y su codirector, Dan Fallshaw, siguieron los pasos de los marchistas hasta la sede de Gobierno, sin saber que la verdadera historia los esperaba al llegar a destino.

Fueron 35 días de caminata desde Cochabamba hasta La Paz. Durante más de dos meses, los manifestantes aguardaron en las calles cercanas a la plaza Murillo –donde se encuentra el centro de operaciones del Ejecutivo de Morales- sin poder acercarse al palacio de Gobierno por un inédito cerco levantado por la policía. Ayala y su equipo estuvieron durante todo ese tiempo cerca de la caravana. El registrar esa historia se convirtió en una necesidad. “Habían noches que no dormíamos porque la Policía venía alrededor y no nos dejaba. Los estaba traumatizando [a las personas con discapacidad], les metían miedo, querían que dejen todo a la fuerza. Una cosa nos llevó a la otra, nunca nos imaginamos lo que iba a pasar”, cuenta Ayala.

Durante los casi tres meses que permaneció la caravana en La Paz, fueron reprimidos en más de una ocasión por el cuerpo de seguridad pública, que utilizó gases lacrimógenos, vehículos blindados lanza-agua, además de uso excesivo de fuerza para frenar los intentos de las personas con discapacidad para llegar al palacio de Gobierno. “La violencia que ves en el documental es tan pequeña en comparación a la que han vivido las personas con discapacidad. La entereza que han mostrado ha sido increíble. Se ha culpado a los periodistas y cineastas de ser precursores de los hechos violentos, cuando las cámaras han parado y prevenido mucha de esa violencia”, afirma la realizadora.

“Paranoia innecesaria”

The fight acumula más de 200.000 reproducciones tanto en Youtube como en redes sociales. Ayala quedó muy satisfecha con el recibimiento que la gente le ha dado al documental. Dice que personas con discapacidad de otros países destacaron que no se trata de una producción sobre la minusvalía, sino al contrario, muestra “personas íntegras, fuertes y capaces de luchar por sus derechos”. “Ellos están peleando por los derechos de todos los bolivianos, porque nadie te asegura que mañana vas a estar bien al salir de tu casa, o si te pasa un accidente y quedas discapacitado. Es simplemente un poco de dinero que va a ayudar a vivir a una persona con un poco más de dignidad, nada más”, agrega Ayala.

 Sin embargo, la filmación no estuvo libre de peligros. La realizadora afirma que llegaron a estar en un modo de alerta constante junto a su equipo. Lo más grave fue cuando empezó a recibir amenazas de muerte hacia su hija de tres años, que la acompañó durante todo el proceso. Según Ayala, grupos afines al Gobierno llegaron incluso a pegar papeles con la foto de Fallshaw, que también es su esposo –de nacionalidad australiana-, acusándolo de ser un “gringo espía de la CIA [Agencia Central de Inteligencia de EE UU, por sus siglas en inglés]”. “En ese momento sentíamos que estaban llamando a la violencia contra nosotros. Toda la paranoia del Gobierno contra nosotros, las personas con discapacidad y los periodistas fue innecesaria”, añade Ayala.

A más de un año de la lucha de las personas con discapacidad, 10 han muerto por diversas causas. Para Ayala es un temor constante: “Siempre tengo miedo que me van a llamar y me van a decir que ha fallecido otro más”. El caso llegó al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU). La comisión instó al Estado boliviano a realizar una investigación sobre uso de la violencia policial y a que se pague una renta a ese sector.

Se estima que en Bolivia hay alrededor de 50.000 personas con discapacidad registradas, de las cuales, según la ONU, más del 80 por ciento viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. El colectivo con minusvalía no logró obtener el bono que buscaban después de casi tres meses de protesta, pero el pasado febrero Morales anunció la creación de un subsidio de 250 bolivianos (36 dólares) que estará a cargo de los gobiernos municipales.