El ‘plan B’ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su botín

Latinoamérica Noticias May 11, 2018 at 5:32 pm
FOTO: Fachada de la sede en Caracas de PDVSA en febrero de 2012 con una imagen del expresidente del Gobierno de Venezuela Hugo Chávez. / VÍDEO: Cómo funcionaban las transacciones.

FOTO: Fachada de la sede en Caracas de PDVSA en febrero de 2012 con una imagen del expresidente del Gobierno de Venezuela Hugo Chávez. / VÍDEO: Cómo funcionaban las transacciones.

La trama investigada por saquear 2.000 millones de euros de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) urdió un plan para continuar haciendo caja después de que una jueza de Andorra abriera una causa contra la red por blanqueo en 2012.

 La red, integrada por exviceministros del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), maniobró en diciembre de 2012 para que compañías chinas agraciadas por las adjudicaciones de PDVSA abonaran sus comisiones en Panamá tras el bloqueo en Andorra.

La organización contó para diseñar su nueva arquitectura financiera con la ayuda de un alto ejecutivo de la Banca Privada d’Andorra (BPA). El directivo ofreció a los investigados abrir cuentas en Panamá. Dijo que así se sortearían las alarmas del departamento de compliance, el radar de los bancos que vela para prevenir el blanqueo de capitales.

Diego Salazar, un empresario venezolano que logró contratos millonarios de compañías chinas beneficiadas por PDVSA gracias presuntamente a su primo Rafael Ramírez, exministro de Energía y hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Chávez, tuvo en la dirección de la BPA a uno de sus mejores aliados.

Pablo Laplana, que en 2012 era director de la división internacional de la BPA, ofreció a Salazar que las empresas asiáticas beneficiadas por los contratos de la petrolera estatal venezolana pagaran sus comisiones en un banco de la entidad andorrana en Panamá.

“Es otra jurisdicción. Estás protegido por Panamá,  no tiene nada que ver con Andorra”

Conversaciones telefónicas grabadas por la Policía de Andorra demuestran cómo, pese al bloqueo de las cuentas de la red en Andorra, responsables de la BPA ayudaron a los investigados a mantener engrasada la maquinaria de cobro de comisiones.

El que fuera mano derecha y director financiero de Salazar, Luis Mariano Rodríguez, llamó el 14 de diciembre de 2012 al entonces directivo de la BPA Pablo Laplana. Y le explicó un problema: los empresarios chinos no podían seguir pagando en cuentas bloqueadas. Le confesó que se reuniría en Ginebra (Suiza) con un gestor llamado Jean François.

El ejecutivo de la BPA ofreció al hombre de confianza de Salazar la apertura de nuevas cuentas en Panamá, donde supuestamente no alcanzaba la mano de la jueza andorrana Mingorance. Así se desarrolló la conversación:

- Pablo Laplana: ¿Quieres que investigue la posibilidad de abrírtelo en Panamá?

- Luis Mariano Rodríguez: ¿Crees que será posible?

- P. L.: Yo creo que sí…pero déjamelo que te lo indago el lunes. Nosotros tenemos BPA, un banco en Panamá

- L. M. R.: BPA, un banco en Panamá.

- P. L.: ¡Claro un banco en Panamá!

Rodríguez aceptó al final de la charla la propuesta del directivo de la BPA, que le recomendó el país centroamericano frente a Suiza, donde los controles –aseguró- eran más estrictos. “Nosotros ya conocemos la operativa de los chinos y entonces a nivel de compliance (cumplimiento) tú ya la tiene aprobada. Te lo digo por agilidad. Por si los suizos, que son muy suizos, se ponen cuadriculados,…yo miro la posibilidad de abrírtelo en Panamá”.

El directivo de la BPA insistió ante su interlocutor en las ventajas de cobrar a través del país centroamericano: “Aquello es otra jurisdicción… , pero es el mismo banco. La parte de compliance (cumplimiento) ya la tienes pasada, sencillamente es otra jurisdicción y estás protegido por Panamá, no tiene nada que ver con Andorra”.

Presiones a la investigación

En otro pinchazo captado por los investigadores, Laplana explica al hombre de confianza de Salazar supuestas presiones para entorpecer la investigación. “A través de los abogados, están presionando para que no se envíe la información a Venezuela, alegando motivos de seguridad para las vidas de las familias”.

El directivo de la BPA y el lugarteniente de Salazar muestran en otro diálogo su confianza en el archivo de la causa. Y revelan los planes de la red de emprender acciones para reclamar daños y perjuicios. Seis años después del pronóstico, la investigación continúa y mantienen bajo el radar a los principales implicados: Salazar permanece detenido en Caracas desde el pasado diciembre y el Gobierno de Nicolás Maduro destituyó a su primo Rafael Ramírez como embajador de Venezuela ante Organización de Naciones Unidas (ONU). Además, la Fiscalía del país sudamericano ha anunció la apertura de una investigación contra Ramírez.

Los negocios de Salazar con empresarios asiáticos se enmarcan en un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (16.219 millones de euros) del gigante oriental a cambio de petróleo.

En su declaración ante la juez andorrana Mingorance, en febrero de 2015, Salazar se refirió a Luis Mariano Rodríguez como “su director financiero y la persona que controlaba las cuentas” de sus empresas. E insistió en que sus negocios con firmas asiáticas, como la ingeniería Sinohydro Corporation Limited, eran “reales y legales”.

Rodríguez llegó a manejar un entramado de 11 depósitos en la BPA y diez sociedades que movieron 626 millones de euros.

La trama bajo sospecha blanqueó supuestamente 2.000 millones de euros en Andorra de supuestas comisiones de hasta el 15 % que abonaron empresas beneficiadas por PDVSA. La mecánica corrupta implicó a 10 personas, entre las que figuraron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. Un magnate de los seguros y testaferros completaban el grupo.

Cuando la red operó, entre 2007 y 2012, Andorra permanecía blindada por el secreto bancario. Un velo que cayó el pasado año.

Las autoridades de este país pirenaico de 78.000 habitantes intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un presunto caso de blanqueo de capitales. Los dueños del banco, que alcanzó los 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones.