![\"\"](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/home-narcosentencias_552848_20220808074409-636x358.jpg\")
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Las provincias de Manab\u00ed y Guayas son el epicentro del narcotr\u00e1fico en Ecuador.\u00a0Tambi\u00e9n son los sitios donde m\u00e1s sentenciados por este delito fueron liberados, tras recibir beneficios ilegalmente. Por esta raz\u00f3n, desde 2019, nueve jueces han sido acusados de emitir fallos que violaron la ley.<\/p>\n
En 2018, en Guayas, un juez de garant\u00edas penitenciarias rebaj\u00f3 en 13 a\u00f1os la pena a un ciudadano serbio sentenciado por narcotr\u00e1fico, bas\u00e1ndose en una ley derogada, al invocar un principio constitucional favorable hacia el detenido. Una de las condiciones para disponer su prelibertad fue pedirle que escribiera una tesis sobre los efectos de la droga en la salud p\u00fablica. Hoy, ese exjuez afirma que ha sido perseguido por el organismo administrativo de la justicia ecuatoriana, el Consejo de la Judicatura. Por primera vez el exfuncionario judicial explica su situaci\u00f3n jur\u00eddica a la prensa.<\/p>\n
Otro juez redujo la pena de cuatro sentenciados por tr\u00e1fico de drogas a gran escala, que luego fueron liberados.\u00a0Un a\u00f1o despu\u00e9s denunci\u00f3 que actu\u00f3 bajo amenazas contra su vida y su familia. Tras ser destituido, recibi\u00f3 una orden de prisi\u00f3n en su contra, y ahora espera ser llamado a juicio.<\/p>\n
Este trabajo period\u00edstico revela los expedientes sobre la actuaci\u00f3n de esos nueve jueces, contra quienes la Fiscal\u00eda General y el Consejo de la Judicatura (CJ) iniciaron procesos, bajo sospecha de actuaciones delictivas que pudieron beneficiar a sentenciados por tr\u00e1fico de drogas.\u00a0Cinco de los jueces fueron investigados por prevaricato, cuatro por asociaci\u00f3n il\u00edcita.Se cree que, en Manab\u00ed, algunos de ellos pudieron estar involucrados en una trama de extorsiones a cambio de medidas previas a la excarcelaci\u00f3n.<\/p>\n
Esta investigaci\u00f3n tambi\u00e9n descifra el n\u00famero, el patr\u00f3n y el engranaje de un esquema en el que participaron jueces, servidores judiciales, funcionarios penitenciarios y abogados.<\/p>\n
Para esta reporter\u00eda se revisaron cientos de documentos de procesos en el Sistema Inform\u00e1tico de Tr\u00e1mite Judicial (Satje), informes internos de Transparencia del Consejo de la Judicatura y reportes del Servicio Nacional de Atenci\u00f3n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).<\/p>\n
Esta \u00faltima entidad confirm\u00f3 para este trabajo que entre 2018 y 2020 recibieron rebajas de penas, por m\u00e9ritos, 110 sentenciados por narcotr\u00e1fico.\u00a0Sin embargo, las autoridades penitenciarias responsables de este procedimiento explicaron en entrevista, que el SNAI emiti\u00f3 \u00fanicamente un m\u00e1ximo de 50 resoluciones en el per\u00edodo citado. Por lo tanto, las 60 rebajas restantes solo podr\u00edan haber sido concedidas ilegalmente por jueces de garant\u00edas penitenciarias.<\/p>\n
Este equipo period\u00edstico solicit\u00f3 los nombres de los beneficiados con esas rebajas y los jueces responsables, pero a\u00fan no tiene una respuesta del SNAI. Esos 60 casos tampoco han sido identificados por la administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n
El primer campanazo de esta pr\u00e1ctica corrupta son\u00f3 en 2019. Fue identificada por la Direcci\u00f3n de Transparencia del Consejo de la Judicatura (CJ). Al a\u00f1o siguiente, este organismo destituy\u00f3 a cinco jueces e inici\u00f3 procesos penales en su contra por posible prevaricato, que se castiga con penas de tres a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n. De ellos, tres todav\u00eda esperan ser llamados a juicio, en medio de incidentes que han dilatado las audiencias durante los dos \u00faltimos a\u00f1os. El cuarto fue exculpado y gan\u00f3 un recurso administrativo que, de ratificarse, le permitir\u00eda reintegrarse a las funciones de juez.<\/p>\n
El quinto no lleg\u00f3 a ser procesado penalmente porque muri\u00f3 por covid-19.\u00a0\u00c9l particip\u00f3 en la excarcelaci\u00f3n de Jorge Luis Zambrano, alias Rasqui\u00f1a, l\u00edder de la banda de \u2018Los Choneros\u2019, brazo armado en Ecuador del \u2018cartel de Sinaloa\u2019. Por el mismo caso actualmente est\u00e1 enjuiciado el exjuez Jos\u00e9 Tamayo.<\/p>\n
Actualmente, est\u00e1n en marcha 13 investigaciones adicionales por posible prevaricato contra jueces que habr\u00edan modificado sentencias a imputados por narcotr\u00e1fico, explica Fausto Murillo, presidente del CJ, \u00f3rgano de control de gobierno, administraci\u00f3n y disciplinario de la justicia ecuatoriana. Seg\u00fan \u00e9l, desde que asumi\u00f3 funciones como presidente, en febrero de 2022, fortaleci\u00f3 el componente de transparencia en el organismo. Asegur\u00f3 que se han identificado poderosas redes que incluyen funcionarios en el sistema judicial y penitenciario, incluidos abogados y estudios jur\u00eddicos. No obstante, antes de su llegada al CJ, entre 2020 y 2022, tras el cambio de autoridades de la Direcci\u00f3n de Transparencia, las investigaciones no prosperaron.<\/p>\n
De acuerdo con Murillo, varios jueces hicieron un uso arbitrario de una norma espec\u00edfica.\u00a0Esa regulaci\u00f3n faculta a un juzgador de garant\u00edas penitenciarias a conocer y resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los sentenciados, cuando se ha promulgado una ley posterior m\u00e1s benigna.\u00a0Es lo que se conoce como principio de favorabilidad, que ciertos jueces interpretaron y aplicaron en forma ilegal.<\/p>\n
\u201cEn los casos que el CJ act\u00faa como acusador, casi todos los jueces invocaron el principio de favorabilidad para llegar a un extremo inaceptable, que es modificar sentencias ejecutoriadas y, en la mayor\u00eda de casos, ejecut\u00e1ndose\u201d, destac\u00f3 Murillo, quien considera que esta instituci\u00f3n los enjuici\u00f3 por actuar contra ley expresa, \u201cque es justamente el concepto del prevaricato\u201d.<\/p>\n
La f\u00f3rmula que usaron los jueces para rebajar penas ten\u00eda dos partes. Primero, invocaban la legislaci\u00f3n m\u00e1s favorable al sentenciado, as\u00ed fuera una norma ya derogada.<\/p>\n
\u201cNo entiendo por qu\u00e9 se convirti\u00f3 la favorabilidad en un principio interpretativo\u201d, dijo el catedr\u00e1tico y penalista Felipe Rodr\u00edguez. De acuerdo con su explicaci\u00f3n, cuando alguien comete un delito va a la c\u00e1rcel por un tiempo espec\u00edfico, pero si en el futuro una nueva ley reduce la pena prevista para ese delito, el sentenciado puede acogerse a la pena reducida, \u201cas\u00ed es como debe entenderse y no para aplicar una ley ya derogada\u201d.<\/p>\n
En segundo lugar, una vez rebajadas las condenas, los jueces argumentaban que los sentenciados ya hab\u00edan cumplido el 60 por ciento de sus penas, con lo cual pod\u00edan acogerse al r\u00e9gimen previo a la libertad. En su descargo, los funcionarios han dicho que actuaron en derecho, aplicando normas constitucionales que consagran garant\u00edas para la poblaci\u00f3n penitenciaria, considerada como un grupo vulnerable en Ecuador.<\/p>\n
Una sentencia de \u00faltima instancia no puede ser modificada por un juez inferior. Al respecto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iv\u00e1n Saquicela, fue enf\u00e1tico en entrevista con este equipo period\u00edstico: \u201cUna sentencia ejecutoriada tiene el car\u00e1cter de inmutable. No puede ser reducida ni cambiada, salvo que se aplique un recurso extraordinario de revisi\u00f3n por la Corte Nacional y no por un juez inferior\u201d, dijo.<\/p>\n
En los casos analizados, los jueces no actuaron solos. Antes de excarcelar a un detenido se realizan audiencias. En ellas participan funcionarios del sistema penitenciario, quienes pueden objetar la decisi\u00f3n del funcionario judicial si la consideran ilegal. Pero no lo hicieron.<\/p>\n
El director del SNAI, general de la polic\u00eda Pablo Ram\u00edrez, indic\u00f3 que los funcionarios que se han prestado para pr\u00e1cticas corruptas han sido enjuiciados, incluidos directores de centros carcelarios. \u201cLastimosamente, tres han regresado a sus cargos por fallos favorables de jueces, que les otorgan medidas sustitutivas. Trabajan con grilletes electr\u00f3nicos\u201d. Ram\u00edrez est\u00e1 en funciones desde diciembre de 2021.<\/p>\n
Desde 2017 a febrero de 2019, siguiendo un modelo de desconcentraci\u00f3n, los beneficios a los sentenciados se certificaban y conced\u00edan en comisiones zonales, en las diferentes provincias, por parte de los funcionarios penitenciarios. Con un informe de cumplimiento pod\u00edan emitir libertad y prelibertad controlada. \u201cEso tambi\u00e9n abri\u00f3 las puertas a la discrecionalidad y la corrupci\u00f3n\u201d, seg\u00fan el actual director de Beneficios Penitenciarios, Marcelo Flores. Para corregir esta falencia, el proceso se centraliz\u00f3 desde febrero de 2019 en la sede del SNAI, en Quito.<\/p>\n
Otro problema detectado es la falta de jueces de garant\u00edas penitenciarias. Actualmente hay 24 jueces con esta especializaci\u00f3n, pero adicionalmente 66 jueces penales tambi\u00e9n despachan estas causas, seg\u00fan la Judicatura. \u201cLos jueces de garant\u00edas son muy pocos y no tienen una especializaci\u00f3n, no siguen una carrera como ocurre en M\u00e9xico o Colombia. Tampoco hay par\u00e1metros para su designaci\u00f3n\u201d, subraya Flores.<\/p>\n
\u201cTemo que en Ecuador el Estado est\u00e1 desorganizado y el crimen bien organizado\u201d, fue la respuesta del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iv\u00e1n Saquicela, cuando se le pregunt\u00f3 sobre la magnitud de riesgo de penetraci\u00f3n del narcotr\u00e1fico en la justicia. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que \u201cuna expresi\u00f3n muy peligrosa, no solo para la justicia, sino para el Estado y la democracia, es que el crimen organizado vaya adentr\u00e1ndose en el poder, especialmente el judicial, para lograr impunidad. Eso ser\u00eda grave y peligroso\u201d, agreg\u00f3. Destac\u00f3 la necesidad de otorgar garant\u00edas y protecci\u00f3n a los juzgadores, para que se mantengan firmes en su independencia e imparcialidad. \u201cHay que protegerlos frente al narcotr\u00e1fico\u201d<\/p>\n
En los casos que revela esta investigaci\u00f3n period\u00edstica, \u00bfse puede hablar de narcoimpunidad? Los penalistas y catedr\u00e1ticos Xavier Andrade y Felipe Rodr\u00edguez coincidieron en responder afirmativamente. \u201cClaro, porque los peces grandes pagan o intimidan para que el peso de la ley recaiga en los chicos\u201d, destac\u00f3 Rodr\u00edguez.<\/p>\n
Por su parte, Andrade se\u00f1al\u00f3 que \u201cla narcoimpunidad tiene sentido a trav\u00e9s del control, el narco busca el poder dentro y fuera de las c\u00e1rceles, busca controlar la justicia y para eso genera violencia y formas de intimidaci\u00f3n\u201d. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que el control tiene varias fuentes: se genera por afinidad, miedo, corrupci\u00f3n, compromiso o conveniencia de los operadores de justicia. Para ejemplificarlo cit\u00f3 casos de servidores judiciales, jueces y fiscales, que despu\u00e9s de resolver casos espec\u00edficos salieron del servicio p\u00fablico, para ejercer como abogados, en estudios jur\u00eddicos particulares, al servicio del crimen organizado.<\/p>\n
En junio de 2020, la justicia ecuatoriana dio un giro radical. Desde ese mes entr\u00f3 en marcha una reforma al C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal que proh\u00edbe expresamente que se rebajen penas por m\u00e9ritos en m\u00e1s de 20 delitos, entre ellos el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la reforma legal, esta investigaci\u00f3n tambi\u00e9n identific\u00f3 un problema de fondo que persiste y juega a favor del crimen organizado. Es la falta de un mecanismo que posibilite el intercambio de informaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n sistem\u00e1tica entre el CJ, la Corte Nacional, el SNAI y la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
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