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Un precedente, o en palabras m\u00e1s sencillas,\u00a0un respaldo a los medios de comunicaci\u00f3n y a periodistas del continente\u00a0es lo que se deriv\u00f3 de una decisi\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que sent\u00f3 posici\u00f3n\u00a0sobre el derecho a la libertad de expresi\u00f3n\u00a0y lo que confluye en ella.<\/p>\n
En la sentencia, en la que conden\u00f3\u00a0al Estado de Chile por violaciones \u201ca los derechos a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n\u201d\u00a0en el caso del abogado, defensor ambientalista y de derechos humanos, Carlos Baraona Bray \u2013ocurrido en el a\u00f1o 2004\u2013, la Corte IDH dej\u00f3 claro que en la informaci\u00f3n prevalece el derecho de los ciudadanos a conocer los hechos y estar informados, y m\u00e1s si se trata de asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n
\u201cLa libertad de expresi\u00f3n es, en efecto, un pilar fundamental del sistema democr\u00e1tico, pues permite que las personas ejerzan el control de las gestiones estatales, cuestionen, indaguen y vigilen el cumplimiento de las funciones p\u00fablicas\u201d, expres\u00f3 la Corte en la sentencia con fecha del 24 de noviembre de 2022, pero dada a conocer hace dos d\u00edas.<\/p>\n
En el mismo documento, la Corte IDH\u00a0sent\u00f3 precedente sobre un asunto inherente al periodismo y su relaci\u00f3n con la libertad de expresi\u00f3n\u00a0y es que este derecho en su dimensi\u00f3n individual y en su dimensi\u00f3n colectiva o social hace posible que las comunidades se formen opiniones, tomen decisiones y tengan una incidencia real en la sociedad, raz\u00f3n por la cual necesitan estar informadas de los sucesos.<\/p>\n<\/div>\n
Tal como sucedi\u00f3 con Carlos Baraona, que tras la denuncia de tala del \u00e1rbol alerce fue demandado penalmente, en Colombia y en otros pa\u00edses del continente varios\u00a0periodistas se han visto en enredos en tribunales porque sus informes dejaron en evidencia el mal proceder de funcionarios\u00a0p\u00fablicos o pol\u00edticos. En Nicaragua, por ejemplo, el presidente Daniel Ortega encarcel\u00f3 en el 2022 a ocho periodistas, los mismos que fueron excarcelados en febrero, pero la persecuci\u00f3n se ha extendido a l\u00edderes de oposici\u00f3n y sacerdotes cat\u00f3licos.<\/p>\n
En Guatemala se vivi\u00f3 con la persecuci\u00f3n y se\u00f1alamiento de fuentes oficiales al periodista Jos\u00e9 Rub\u00e9n Zamora; y en Colombia, uno de los \u00faltimos casos lo vivi\u00f3 la periodista Alexandra Correa, quien denunci\u00f3 presuntas irregularidades de un defensor de familia en asuntos relacionados con la protecci\u00f3n de la ni\u00f1ez, y termin\u00f3 \u201cen vueltas\u201d en los estrados judiciales.<\/p>\n<\/div>\n
Frente a la v\u00eda judicial,\u00a0la Corte IDH recomend\u00f3 a los estados crear mecanismos diferentes a la demanda penal\u00a0\u201cpara que los funcionarios p\u00fablicos obtengan una rectificaci\u00f3n o respuesta o la reparaci\u00f3n civil cuando su honor o buen nombre ha sido lesionado. Las medidas que se dispongan deben aplicarse conforme al principio de proporcionalidad\u201d, con el da\u00f1o a la reputaci\u00f3n sufrido. Asimismo, indica que deben existir garant\u00edas \u201cque permitan la protecci\u00f3n de la persona sancionada en contra de condenas por indemnizaciones desproporcionadas respecto del monto establecido por la afectaci\u00f3n a la reputaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
A las demandas por la v\u00eda penal\u00a0se suman las amenazas a las que se ven sometidas los periodistas\u00a0que, seg\u00fan la Fundaci\u00f3n para la Libertad de la Prensa, FLIP, fueron 218 intimidaciones en 2022; sin contar el asesinato de dos reporteros, para un total de cinco en los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cEstos ataques frustran la posibilidad de compartir informaci\u00f3n, de hacer seguimiento a los problemas que afectan a la comunidad y poner freno a las arbitrariedades, esas que con frecuencia ocurren en las zonas m\u00e1s conflictivas del pa\u00eds\u201d, dice la FLIP.<\/p>\n<\/div>\n
El pronunciamiento de la Corte se bas\u00f3 en el caso del abogado Carlos Baraona Bray,\u00a0quien en 2004 denunci\u00f3 al congresista chileno Sergio P\u00e1ez, en un caso de afectaci\u00f3n al medio ambiente.<\/p>\n
Baraona se\u00f1al\u00f3 las presiones del senador P\u00e1ez a las autoridades para que mantuvieran una ocupaci\u00f3n ilegal en un terreno en el que se talaba alerce, un \u00e1rbol protegido por las leyes chilenas. Frente a esta informaci\u00f3n, P\u00e1ez acudi\u00f3 a los tribunales\u00a0y el Tribunal de Garant\u00eda de Puerto Montt fall\u00f3 a favor del congresista y conden\u00f3 a Baraona a 300 d\u00edas de c\u00e1rcel y una multa al ser hallado culpable \u201c de injurias\u201d.<\/p>\n
El martes, 18 a\u00f1os despu\u00e9s de esta sentencia,\u00a0la Corte IDH se\u00f1al\u00f3 que Baraona no incurri\u00f3 en tal delito\u00a0y consider\u00f3 que la informaci\u00f3n era pertinente para la ciudadan\u00eda. Adem\u00e1s, en el fallo oblig\u00f3 a que el estado chileno le pague a Baraona 60 mil d\u00f3lares como indemnizaci\u00f3n y 20 mil m\u00e1s por los gastos judiciales.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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