![\"\"](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Screen-Shot-2023-07-26-at-10.44.57-AM-1200x680.png\")
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El r\u00e9gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sufrido recientemente dos reveses en su b\u00fasqueda de financiamiento internacional. El primero tiene que ver con el bloqueo del desembolso de 116,6 millones de d\u00f3lares provenientes del\u00a0Fondo Verde del Clima<\/a>\u00a0(FVC) de Naciones Unidas, en concepto de un proyecto para reducir la deforestaci\u00f3n y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosaw\u00e1s y R\u00edo San Juan de Nicaragua. Mientras que el\u00a0Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (BCIE)<\/a>\u00a0ha retrasado seis meses m\u00e1s la entrega del mega financiamiento por 352,58 millones de d\u00f3lares para la supuesta ampliaci\u00f3n y mejoramiento de carreteras.<\/p>\n En el caso del Fondo Verde, aprobado en noviembre de 2020, la Junta Directiva de esa instituci\u00f3n decidi\u00f3 hace semana y media mantener congelados los recursos hasta que el r\u00e9gimen Ortega-Murillo \u201ccumpla las pol\u00edticas y procedimientos de este mecanismo\u201d.<\/p>\n El incumplimiento oficial se deriva a partir de una queja que ind\u00edgenas de Bosaw\u00e1s y R\u00edo San Juan interpusieron. Los comunitarios alegan que no fueron objeto de una \u201cconsulta libre, previa e informada\u201d, y que tampoco el gobierno sandinista cumpli\u00f3 con la identificaci\u00f3n de un tercero independiente para supervisar las acciones del proyecto, y el uso transparente de los recursos.<\/p>\n Los ind\u00edgenas temen sobre todo que el financiamiento del proyecto BIO-CLIMA pueda incrementar la \u201cdegradaci\u00f3n del medio ambiente\u201d y la invasi\u00f3n a sus territorios ind\u00edgenas. Dos realidades que ya sufren a manos de los \u201ccolonos\u201d, los invasores que, con armas de alto calibre y bajo el paraguas de impunidad de funcionarios sandinistas, irrumpen en las comunidades.<\/p>\n Los ind\u00edgenas son desplazados forzadamente y los \u201ccolonos\u201d, respaldados por el gobierno, establecen en esos bosques protegidos\u00a0industrias extractivistas, como miner\u00eda, ganader\u00eda y agricultura.\u00a0<\/a>Organizaciones nicarag\u00fcenses que trabajan de cerca la violencia contra las comunidades ancestrales calculan que en los \u00faltimos diez a\u00f1os 70 ind\u00edgenas miskitos y mayangnas han sido asesinados por colonos.<\/p>\n En lo que va de 2023, se han registrados dos masacres en Bosaw\u00e1s. Otro centenar de comunitarios han sido v\u00edctimas de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicol\u00f3gicos y heridas que los han dejado con amputaciones o en estado cuadripl\u00e9jico. Incluso, hasta funcionarios sandinistas han estado involucrados en el tr\u00e1fico ilegal de tierras ancestrales para favorecer a \u201ccolonos\u201d.<\/p>\n En respuesta a las m\u00faltiples quejas de los ind\u00edgenas, el Mecanismo Independiente de Reparaci\u00f3n (IRM, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Fondo Verde del Clima realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n que determin\u00f3 \u201cincumplimiento del proyecto\u201d en lo alegado por los comunitarios.<\/p>\n Otro temor de los ind\u00edgenas ha sido \u201cel incumplimiento o incapacidad\u201d de las entidades acreditadas y ejecutoras del Fondo Verde para \u201cseguir con \u00e9xito con las pol\u00edticas y procedimientos y las condiciones impuestas por la Junta durante la aprobaci\u00f3n del proyecto\u201d. Las entidades ejecutoras por parte del gobierno son el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la acreditada el Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (BCIE).<\/p>\n Desde el estallido de la crisis sociopol\u00edtica en el a\u00f1o 2018, cuando el r\u00e9gimen sandinista ejerci\u00f3 una brutal represi\u00f3n policial, paramilitar y judicial, el BCIE se constituy\u00f3 como uno de los principales financistas de una administraci\u00f3n se\u00f1alada de cometer cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n El presidente del banco, Dante Mossi, ha sido durante su gesti\u00f3n muy cercano con los Ortega-Murillo. La concesi\u00f3n de pr\u00e9stamos a Managua le acarre\u00f3 muchas cr\u00edticas, a tal punto\u00a0que en mayo pasado no fue reelecto<\/a>\u00a0para seguir al frente de la instituci\u00f3n multilateral, ligado a se\u00f1alamientos de que su administraci\u00f3n puso en picada los indicadores del BCIE.<\/p>\n Antes de dejar su cargo en diciembre pr\u00f3ximo, Mossi ampli\u00f3 por \u201chasta por seis meses adicionales\u201d el plazo para iniciar los desembolsos del pr\u00e9stamo 2291 otorgado a Nicaragua para la ampliaci\u00f3n y mejoramiento de carreteras, cuyo monto es de 352.58 millones de d\u00f3lares. El BCIE ten\u00eda como plazo de desembolso el pasado 30 de junio, pero ahora se extiende hasta finales de este a\u00f1o. De modo que ser\u00e1 el nuevo presidente del BCIE el encargado de autorizar o cancelar el desembolso, lo cual mete en problemas a la administraci\u00f3n sandinista: las obras que financiar\u00e1 este pr\u00e9stamo ya hab\u00edan sido adjudicadas por los Ortega-Murillo a sus amistades y relacionados.<\/p>\nRetraso de pr\u00e9stamos para carreteras<\/h3>\n