![\"\"](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Screen-Shot-2023-09-13-at-10.05.55-AM-1200x800.png\")
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Todos pensaron que debieron irse del Departamento del Cesar. Que llevaban a\u00f1os recibiendo amenazas y que tarde o temprano pasar\u00eda; que matar\u00edan a Te\u00f3filo Acu\u00f1a y a Jorge Tafur. El activismo contra el paramilitarismo y los grandes terratenientes de la regi\u00f3n les iba a pasar factura.<\/p>\n
Ellos tambi\u00e9n lo present\u00edan, pero decidieron quedarse y seguir en el proceso de recuperaci\u00f3n de territorio campesino que empezaron a finales de los noventa. El 22 de febrero de 2022, dos sicarios llegaron caminando al municipio de San Mart\u00edn y los asesinaron a balazos frente a familiares y amigos, tras a\u00f1os en disputas y amenazas con miembros de la Alcald\u00eda. \u201c\u00bfDebieron haber migrado?\u201d, se pregunta una y otra vez Nadia Uma\u00f1a, compa\u00f1era de luchas y vocera de la Comisi\u00f3n de Interlocuci\u00f3n del Sur de Bol\u00edvar, Centro y Sur del Cesar, Colombia. \u201cCreo que las preguntas que nos tenemos que hacer son otras: \u00bfD\u00f3nde estaba el Estado cuando nos amenazaron por defender nuestra tierra? \u00bfHasta cu\u00e1ndo vamos a valer m\u00e1s muertos que vivos?\u201d.<\/p>\n
Ni los esquemas de seguridad, ni las denuncias, ni el\u00a0historial de violencia contra los l\u00edderes ambientales de Colombia<\/a>\u00a0son suficientes para evitar la sangr\u00eda de homicidios de defensores del territorio. Al menos 60 fueron asesinados en el pa\u00eds andino en 2022, seg\u00fan el \u00faltimo conteo de Global Witness.<\/p>\n El pa\u00eds, que duplic\u00f3 esta cifra de un a\u00f1o para otro, ha enterrado casi dos tercios de los 177 ecologistas muertos en el mundo. \u201cLo peor de esta escalofriante cifra es que sabemos que representa solo una peque\u00f1a gota en un oc\u00e9ano de violencia\u201d, lamenta Gabriella Bianchini, investigadora de la Global Witness. \u201cEllos protegen el territorio de todos, pero nadie los protege a ellos\u201d.<\/p>\n La tendencia asusta.\u00a0Am\u00e9rica Latina mantiene el deshonroso t\u00edtulo de ser la regi\u00f3n m\u00e1s mort\u00edfera para los activistas<\/a>\u00a0y acumula nueve de cada diez de estas muertes violentas que, desde 2012, suman 1.910 personas.<\/p>\n Un activista cada dos d\u00edas. <\/strong><\/em><\/p>\n Protectores de las ci\u00e9nagas, l\u00edderes de comunidades ind\u00edgenas invadidas, cuidadores de la Amazon\u00eda, defensores de los campesinos, voceros afrodescendientes. Elegir proteger el territorio, sea el que sea, es una sentencia de muerte. Uma\u00f1a y otros cuatro compa\u00f1eros del Cesar migraron hace m\u00e1s de un a\u00f1o a Bogot\u00e1, tras enterrar a cinco miembros de la organizaci\u00f3n en la \u00faltima d\u00e9cada. \u201cEs injusto tener que decidir entre el desarraigo o la muerte. Los voceros no tenemos que ser m\u00e1rtires. Yo doy mi vida por la lucha campesina, s\u00ed, pero quiero morir con 90 a\u00f1os, de vieja. Aporto mucho m\u00e1s a mi comunidad viva\u201d.<\/p>\n Para Lourdes Castro, activista de derechos humanos y coordinadora de\u00a0Somos defensores<\/i>, lo que est\u00e1 detr\u00e1s de estos asesinatos es el inter\u00e9s econ\u00f3mico. \u201cLegal o ilegal. A los l\u00edderes se les estigmatiza dici\u00e9ndoles que son enemigos del desarrollo econ\u00f3mico. Pero hay que cuestionarse cu\u00e1l es el desarrollo que estamos apoyando\u201d, dice.<\/p>\n Si bien es complejo conocer a ciencia cierta los autores intelectuales -pues son muy pocos los casos que acaban judicializados y menos a\u00fan los que cuentan con sentencia-, de acuerdo con las estimaciones de la organizaci\u00f3n m\u00e1s del 60% de estos cr\u00edmenes est\u00e1n vinculados con el agronegocio, la miner\u00eda y la extracci\u00f3n de madera.<\/p>\n \u201cLos activistas molestamos a los poderosos\u201d, defiende Castro. <\/strong><\/em><\/p>\n La forma de apagar sus voces es la misma de Sonora, en M\u00e9xico, a Tierra del Fuego, en Argentina. Acoso, intimidaci\u00f3n, violencia sexual, criminalizaci\u00f3n y amenazas que se amontonan hasta cumplirse.<\/p>\n Muchos no lo denuncian. \u201c\u00bfPara qu\u00e9?\u201d, se pregunta Sof\u00eda Rivas, hermana de\u00a0Hip\u00f3lito Rivas<\/a>, asesinado en Honduras en enero de 2023. \u201cA \u00e9l lo mataron igualmente, hasta con medidas de protecci\u00f3n. Lo que consiguen es que muchos nos veamos forzados a huir. Los que nos quedamos, ya sabemos a qu\u00e9 nos enfrentamos\u201d.<\/p>\n Y quienes s\u00ed denuncian, lamentan los o\u00eddos sordos de las instituciones. \u201cParece que a los Gobiernos tambi\u00e9n les interesa mantenernos callados\u201d,\u00a0explica a Am\u00e9rica Futura V\u00edctor V\u00e1squez<\/a>, l\u00edder ind\u00edgena de Simpinula, al sur del pa\u00eds centroamericano, meses despu\u00e9s de haber sido denunciado por su propio escolta.<\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/em><\/h5>\n Honduras es el pa\u00eds con mayor tasa de homicidios a activistas per c\u00e1pita. Con apenas 10 millones de habitantes, perdi\u00f3 14 l\u00edderes en 2022. M\u00e1s de uno al mes. Aunque Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se comprometi\u00f3 a proteger a los defensores, en los cuatro primeros meses del a\u00f1o\u00a0ya reportaron al menos ocho asesinatos<\/a>. Para V\u00edctor Fern\u00e1ndez, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, las medidas de protecci\u00f3n no est\u00e1n ni cerca de ser suficientes: \u201cA estas alturas, la agroindustria ya ha logrado un nivel de relaci\u00f3n con la institucionalidad que, adem\u00e1s de permitirles la violencia, les garantiza impunidad\u201d.<\/p>\n Brasil perdi\u00f3 34 l\u00edderes, frente a los 26 de 2021. Un aumento que los investigadores achacan a las pol\u00edticas del entonces presidente Jair Bolsonaro, que favorecieron la\u00a0explotaci\u00f3n de la Amazonia y las invasiones ilegales en territorio ind\u00edgena<\/a>. En M\u00e9xico, el pa\u00eds con el mayor n\u00famero de asesinatos en 2021, registr\u00f3 una ca\u00edda notable, ya que pas\u00f3 de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Sin embargo, los ataques no mortales siguen siendo una constante en el d\u00eda a d\u00eda de los defensores y dificultan su trabajo. El miedo no se va.<\/p>\n La investigaci\u00f3n, publicada este martes, concluy\u00f3 que las comunidades ind\u00edgenas del mundo se enfrentan a un nivel desproporcionado de agresiones con consecuencias mortales, ya que fueron v\u00edctimas de m\u00e1s de un tercio (34%) de los asesinatos a l\u00edderes, a pesar de que s\u00f3lo constituyen el 5% de la poblaci\u00f3n mundial. \u201cLos estudios han demostrado una y otra vez que\u00a0los pueblos ind\u00edgenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigaci\u00f3n de la crisis clim\u00e1tica<\/a>\u201d, dijo Laura Furones, asesora principal de la campa\u00f1a de Global Witness, durante la presentaci\u00f3n del informe. \u201cSin embargo, en pa\u00edses como Brasil, Per\u00fa y Venezuela los est\u00e1n asediando precisamente por llevar a cabo esa labor […] Las medidas contra la creciente emergencia clim\u00e1tica y la defensa de los derechos humanos deben ir a la par\u201d.<\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/em><\/h5>\n La tendencia violenta es una consecuencia de pol\u00edticas d\u00e9biles, sin apenas presupuesto y con poca capacidad de reacci\u00f3n. Si bien salvaguardar a los l\u00edderes es el coraz\u00f3n del\u00a0Acuerdo de Escaz\u00fa<\/a>, el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de Am\u00e9rica Latina y el Caribe, solo 16 pa\u00edses lo han ratificado.<\/p>\n Las naciones que no lo han hecho son Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Hait\u00ed, Jamaica, Paraguay, Per\u00fa, y Rep\u00fablica Dominicana.\u00a0Colombia fue el \u00faltimo en adherirse tras dos a\u00f1os de atrasos en el Congreso<\/a>. Este entrar\u00e1 en vigor en unos meses. \u201cEl Gobierno de Gustavo Petro ha demostrado voluntad pol\u00edtica\u201d, narra Lourdes Castro. \u201cQue reconozca que s\u00ed existen violencias contra nosotros es algo hist\u00f3rico. Pero no hay tiempo que perder para implementar pol\u00edticas nacionales que lo materialicen\u201d. Este pacto incluye una para mayor transparencia para acceder a la informaci\u00f3n, justicia ambiental y mejor protecci\u00f3n de l\u00edderes.<\/p>\n Hasta ahora, los mecanismos var\u00edan en funci\u00f3n de cada pa\u00eds. Estas medidas suelen incluir patrullas semanales o quincenales, llamadas de monitoreo o esquemas de seguridad individuales o colectivos permanentes. Sin embargo, la demanda supera los recursos. O los requisitos para recibir los esquemas de seguridad dejan por fuera a cientos.<\/p>\n En Colombia, seg\u00fan datos oficiales, hay 5.038 l\u00edderes y defensores de derechos humanos con medidas de protecci\u00f3n concedidas.\u00a0En Brasil son 506<\/a>. En Honduras estos datos no son p\u00fablicos. \u201cLas medidas de protecci\u00f3n no suelen ser suficientes y muchos de los liderazgos no califican para beneficiarse de ellas\u201d, lamenta Bianchini.<\/p>\n![\"El](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/wwmsFrRQzRf2DuL9wZJQzDW7EKs=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/PSLKJXW4YJC5FLVZ2RW7MURIAE.jpg\")
<\/span>El l\u00edder campesino Santos Hip\u00f3lito Rivas, en Honduras, en una imagen de archivo.\u00a0CORTES\u00cdA<\/p>\nComunidades ind\u00edgenas: un tercio de los asesinados<\/h3>\n
![\"Un](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/r1ZqGswDCG8mIhgdAp6a4a9-iWM=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/RVNK32EQQSE34T4QGTPNUVNWPE.jpg\")
<\/span>Un ni\u00f1o ind\u00edgena observa el r\u00edo Igara-Paran\u00e1, el 26 de enero de 2023, en La Chorrera (Colombia).
\nJUAN DIEGO L\u00d3PEZ (EFE)<\/p>\nLa Amazon\u00eda, en jaque<\/h3>\n
![\"Dom](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/ctpaeAuaXT0OXT2ttoAew_op8TU=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/AKW4CBE3GM6XSEERGRPQLFQTS4.jpg\")
<\/span>Una protesta por el asesinato de Dom Philips y Bruno Pereira, en R\u00eco de Janeiro, en julio de 2022.\u00a0\u00a0