![\"\"](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Screen-Shot-2023-10-25-at-9.54.37-AM-1200x805.png\")
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La fiscal\u00eda boliviana ha acusado formalmente a la expresidenta Jeanine \u00c1\u00f1ez, a tres de sus ministros y a decenas de jefes militares, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, por\u00a0las masacres de Sacaba y Senkata<\/a>, y pidi\u00f3 la m\u00e1xima pena de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n para ella y todos los dem\u00e1s acusados. Estas masacres, en las que murieron 20 personas, ocurrieron en las regiones de Cochabamba y La Paz en noviembre de 2019, durante el Gobierno interino que \u00c1\u00f1ez dirigi\u00f3 tras\u00a0el derrocamiento de Evo Morales<\/a>.<\/p>\n El fiscal general, Juan Lanchipa, afirm\u00f3 en una rueda de prensa que \u00c1\u00f1ez orden\u00f3 la represi\u00f3n militar y policial de las protestas en contra de su Gobierno incumpliendo \u201clos principios de necesidad, proporcionalidad, discriminaci\u00f3n, racionalidad\u201d que deben seguir las actuaci\u00f3n del Estado ante una amenaza a la paz social. La acusaci\u00f3n se\u00f1ala que se us\u00f3 \u201carmas y municiones de guerra, veh\u00edculos mecanizados blindados, adem\u00e1s de helic\u00f3pteros y aviones en contra de manifestantes civiles desarmados\u201d.<\/p>\n Lanchipa explic\u00f3 que la fiscal\u00eda tiene pruebas de que \u00c1\u00f1ez estuvo en contacto con el mando militar y policial en el mismo momento de las operaciones, por lo que presume que estuvo en control de las mismas. Tambi\u00e9n han sido acusados, por el mismo cargo, los ministros de Gobierno,\u00a0Arturo Murillo<\/a>; Defensa, Luis Fernando L\u00f3pez e Hidrocarburos, V\u00edctor Hugo Zamora, y los militares con mando en la represi\u00f3n. En la nomenclatura judicial boliviana, este cargo es el de \u201cgenocidio\u201d, que equivale a \u201cmasacre sangrienta\u201d y se castiga con la m\u00e1xima pena que admite el ordenamiento legal del pa\u00eds.<\/p>\n \u00c1\u00f1ez, que\u00a0se encuentra en prisi\u00f3n por otro caso<\/a>, mand\u00f3 a publicar en una red social que la acusan de genocidio como si fuera \u201cHitler, Ham\u00e1s o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicaci\u00f3n con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de ox\u00edgeno y alimentos\u201d. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u201cno hay ni habr\u00e1 justicia sin un juicio de responsabilidades ni sin Evo Morales ante el tribunal que corresponda y que determine la verdad. La venganza del MAS [Movimiento al Socialismo, el partido oficialista] es dictadura pura\u201d.<\/p>\n La acusaci\u00f3n en contra de \u00c1\u00f1ez se tramita en dos tribunales ordinarios, es decir, no respeta su derecho a un juicio de responsabilidades en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con autorizaci\u00f3n del Parlamento. Por esta raz\u00f3n, la expresidenta decidi\u00f3 no declarar ante la comisi\u00f3n de fiscales que prepar\u00f3 esta imputaci\u00f3n y presentar\u00e1 su caso ante los organismos judiciales internacionales. Seg\u00fan el fiscal general Lanchipa, la elecci\u00f3n de la v\u00eda ordinaria se justifica porque \u00c1\u00f1ez no sigui\u00f3 el \u201chilo de la sucesi\u00f3n constitucional\u201d. Otro exministro de \u00c1\u00f1ez, Jerjes Justiniano, que se halla asilado en Estados Unidos, record\u00f3 que, en su momento, el fiscal reconoci\u00f3 a \u00c1\u00f1ez como presidenta del pa\u00eds.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n La pol\u00edtica, que entonces era la segunda vicepresidente del Senado, asumi\u00f3 de una manera controversial tras la renuncia del presidente Evo Morales y de sus sucesores naturales, en noviembre de 2019, y gobern\u00f3 hasta las elecciones de noviembre de 2020, que fueron ganadas por\u00a0el actual presidente de Bolivia, Luis Arce<\/a>. De acuerdo a la Constituci\u00f3n, el enjuiciamiento de los ex primeros mandatarios por delitos cometidos durante el cumplimiento de sus funciones debe realizarse seg\u00fan un protocolo especial, ante el m\u00e1ximo tribunal y tiene que ser autorizado por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. Como la parte acusadora, el MAS, carece de tal mayor\u00eda, ha eludido este obst\u00e1culo de dos maneras: primero, acus\u00f3 a \u00c1\u00f1ez de delitos cometidos previamente a su asunci\u00f3n como presidenta, en el caso llamado \u201cGolpe de Estado II\u201d, que termin\u00f3 con la condena de la expresidenta a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, que ya est\u00e1 cumpliendo. Y, segundo, se vali\u00f3 de la autorizaci\u00f3n que, a principios de este a\u00f1o, el TSJ dio para procesar a \u00c1\u00f1ez de forma ordinaria incluso por hechos sucedidos en su gesti\u00f3n, despu\u00e9s de que un juez fuera observado por aceptar una demanda de las v\u00edctimas de las masacres. Este juez bas\u00f3 su decisi\u00f3n en que la acusada no ten\u00eda \u201ccredencial de presidenta\u201d y, por tanto, seg\u00fan \u00e9l, no pod\u00eda ser legalmente considerada tal.<\/p>\n![\"Arturo](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/o_semzRwhbM4m7A7pJfUQaGE9KM=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/6HKEXOQ3OJGXLLTWNDXO4OA5QQ.jpg\")
<\/span>Jeanine A\u00f1ez y su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en noviembre de 2019.\u00a0JUAN KARITA (AP)<\/span><\/em><\/h5>\n