![\"\"](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Screen-Shot-2024-03-23-at-9.41.47-AM-1200x676.png\")
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Ochenta ciudadanos de la sierra central del Per\u00fa respiran con un poco de alivio desde hoy. Adultos que desde ni\u00f1os han sufrido c\u00f3licos severos, erupciones en la piel, dolores de cabeza, diarreas incontenibles, bronquitis, sordera y agotamiento permanente. Estos s\u00edntomas se han agravado con el tiempo por llevar en la sangre alt\u00edsimos niveles de plomo, cadmio y ars\u00e9nico, entre otros metales pesados, por ser v\u00edctimas durante d\u00e9cadas del\u00a0complejo metal\u00fargico La Oroya<\/a>, en la regi\u00f3n Jun\u00edn, y de la negligencia de las autoridades por remediar los da\u00f1os.<\/p>\n A trav\u00e9s de una audiencia virtual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conden\u00f3 al Estado peruano al hallarlo culpable de violar m\u00faltiples derechos de esta comunidad: a un medio ambiente sano, a la salud, la integridad personal, la vida, la protecci\u00f3n especial de la ni\u00f1ez, el acceso a la informaci\u00f3n, la participaci\u00f3n pol\u00edtica, las garant\u00edas judiciales y a la protecci\u00f3n judicial. Se trata de un fallo hist\u00f3rico para una localidad que en 2011 fue nombrada como la segunda ciudad m\u00e1s contaminada del mundo, de acuerdo a un an\u00e1lisis del Instituto Blacksmith (actualmente Pure Earth), una ONG estadounidense de esp\u00edritu conservacionista.<\/p>\n La sentencia supone un gran paso en la b\u00fasqueda del resarcimiento de las 80 v\u00edctimas, quienes tras la desidia de la justicia peruana llevaron el caso a instancias internacionales en el 2006, con el acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda de la Asociaci\u00f3n Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Asociaci\u00f3n Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), adem\u00e1s de la organizaci\u00f3n Earthjustice. Si bien en octubre de 2021 la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableci\u00f3 la responsabilidad del Estado peruano, faltaba la sentencia y el pronunciamiento de la Corte IDH, ambas instituciones supranacionales y de car\u00e1cter vinculante.<\/p>\n El fallo es claro en se\u00f1alar distintas acciones que debe tomar el Gobierno a modo de reparaci\u00f3n: la obligaci\u00f3n de investigar los hechos y sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento contra los defensores del medio ambiente; realizar un diagn\u00f3stico para determinar el estado de la\u00a0contaminaci\u00f3n del aire<\/a>, el agua y el suelo en La Oroya, el cual deber\u00e1 incluir un plan de remediaci\u00f3n y un sistema de monitoreo; brindar atenci\u00f3n m\u00e9dica especializada y terapias psicol\u00f3gicas y psiqui\u00e1tricas gratuitas a los afectados; desarrollar un plan de compensaci\u00f3n ambiental con el prop\u00f3sito de recuperar el ecosistema y garantizar que las operaciones mineras o metal\u00fargicas se basen en los principios rectores sobre derechos humanos y medio ambiente.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n A ello se suma un plan de reubicaci\u00f3n para los ciudadanos de La Oroya que deseen mudarse a otra localidad y un pago efectivo con ciertos matices: 15.000 d\u00f3lares por concepto de da\u00f1os inmateriales, monto que se incrementa a 25.000 d\u00f3lares en el caso de ni\u00f1os, mujeres y ancianos. La reparaci\u00f3n tambi\u00e9n crece a 30.000 d\u00f3lares respecto a dos casos espec\u00edficos de personas que fallecieron por enfermedades adquiridas por la contaminaci\u00f3n. En cuanto a otros seis fallecidos, sus familiares recibir\u00e1n la indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n El tribunal sostiene que el \u201cEstado incumpli\u00f3 con su deber de regulaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de las actividades del Complejo Metal\u00fargico La Oroya\u201d. \u201cLa contaminaci\u00f3n del aire ha superado considerablemente los respectivos lineamientos de la calidad del aire establecidos en la legislaci\u00f3n nacional peruana y ha producido la presencia de metales en la sangre de la poblaci\u00f3n\u201d, a\u00f1ade. En 1922 la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation oper\u00f3 en el lugar. A\u00f1os despu\u00e9s, entre 1997 y 2009, pas\u00f3 a manos de la tambi\u00e9n estadounidense Doe Run del Grupo Renco. Desde entonces, se encuentra inactiva.<\/p>\n \u201cHace 20 a\u00f1os, cuando inici\u00f3 esta lucha, yo iba con mi pancarta que dec\u00eda que la salud de los ni\u00f1os vale m\u00e1s que el oro. Nunca desistimos, ahora estoy muy alegre con la decisi\u00f3n de la Corte\u201d, expresa una de las v\u00edctimas de La Oroya. Otra afectada, Yolanda Zurita, es m\u00e1s cauta, evidenciando su escepticismo: \u201cLo que esperamos ahora es que se implemente la sentencia. Que el Estado\u00a0cumpla por primera vez con sus obligaciones\u00a0<\/a>y que garantice nuestros derechos como defensores ambientales. El cumplimiento de la sentencia es lo m\u00ednimo que esperamos de un Estado comprometido con la garant\u00eda de los derechos de sus ciudadanos\u201d.<\/p>\n Las organizaciones que se encargaron de la defensa de los 80 ciudadanos de La Oroya tambi\u00e9n se pronunciaron. Liliana \u00c1vila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Aida, destaca la magnitud del fallo: \u201cEs un avance muy importante y un precedente clave para la justicia ambiental en Am\u00e9rica Latina\u201d. Por su parte, Christian Huaylinos, coordinador del \u00e1rea legal de Aprodeh, tambi\u00e9n valor\u00f3 la sentencia de la Corte IDH. \u201cFija los par\u00e1metros de la obligaci\u00f3n estatal de regular, fiscalizar y remediar los efectos de la contaminaci\u00f3n ambiental. Es adem\u00e1s una gran satisfacci\u00f3n por la gran lucha de dos d\u00e9cadas de parte de las v\u00edctimas\u201d, finaliza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Vista de las casas de la ladera de la monta\u00f1a en La Oroya, Per\u00fa.\u00a0\u00a0DAVID ROCHKIND (GETTY IMAGES) – Tras casi 20 a\u00f1os, ciudadanos…<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":517269,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-517268","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/517268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=517268"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/517268\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":517270,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/517268\/revisions\/517270"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/517269"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=517268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=517268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=517268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"La](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/oUzPX-Ymy5KNFFoBLjg8a9xottA=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/EGVIJ2IBOFG7BMN5A4ZTRBJLIE.jpg\")
<\/span>Una madre calma a su hijo mientras el Ministerio de Salud le extrae sangre
\npara analizar el nivel de plomo en la sangre.
\nDAVID ROCHKIND (GETTY IMAGES)<\/span><\/em><\/h5>\n