{"id":534874,"date":"2025-08-08T10:31:02","date_gmt":"2025-08-08T14:31:02","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=534874"},"modified":"2025-08-08T10:31:02","modified_gmt":"2025-08-08T14:31:02","slug":"la-ruta-de-la-arena-asesinatos-impunidad-y-destruccion-ambiental-en-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2025\/08\/08\/la-ruta-de-la-arena-asesinatos-impunidad-y-destruccion-ambiental-en-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"La ruta de la arena: asesinatos, impunidad y destrucci\u00f3n ambiental en Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"
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Tramo seco del r\u00edo Nizao, en la comunidad de El Roblegal, Ban\u00ed. Foto Kenny Cabrera<\/p><\/div>\n

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– La extracci\u00f3n ilegal de materiales para la construcci\u00f3n de los r\u00edos opera como una mafia organizada y expone la falta de control estatal<\/em><\/h4>\n

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Como en un viejo\u00a0Western<\/i>, una caseta vac\u00eda custodia la entrada al\u00a0r\u00edo Nizao<\/a>, en el tramo que atraviesa El Roblegal, en la secci\u00f3n Las Barias, del municipio Ban\u00ed, en el sur de la Rep\u00fablica Dominicana. En ocasiones, dicen los vecinos, un vigilante armado controla el paso y solo permite el ingreso de camiones y maquinaria pesada. Alrededor de 25 volquetas entran y salen cargadas de agregados \u2014arena y grava que se usan para la construcci\u00f3n\u2014, levantando una nube de polvo entre piedras y charcos estancados, evidencia de un ecocidio que, poco a poco, ha hecho desaparecer el r\u00edo bajo tierra.<\/p>\n

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\u201cD\u00e9cadas de explotaci\u00f3n indiscriminada han provocado una sobreexcavaci\u00f3n severa del cauce, hundiendo su lecho y colapsando sus m\u00e1rgenes\u201d, explica el bi\u00f3logo Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias de la Rep\u00fablica Dominicana y coordinador de la Comisi\u00f3n Ambiental de la Universidad Aut\u00f3noma de Santo Domingo (UASD).<\/p>\n

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\"Luis

Luis Carvajal, bi\u00f3logo y coordinador de la Comisi\u00f3n Medioambiental de la Universidad Auton\u00f3ma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias de la Rep\u00fablica Dominicana, ha documentado durante a\u00f1os la devastaci\u00f3n de los r\u00edos por parte de intereses comerciales y autoridades permisivas. Foto Kenny Cabrera<\/p><\/div>

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Tres j\u00f3venes en motocicleta patrullan la zona, vigilando posibles intrusos. Al fondo, una retroexcavadora ruge mientras una pala carga un cami\u00f3n. Al intentar grabar la escena, un hombre arrebata violentamente el m\u00f3vil, mientras se acerca Milc\u00edades Mart\u00ednez, s\u00edndico del\u00a0Partido Revolucionario Dominicano<\/a>\u00a0(PRD) en la comunidad de Pizarrete, que colinda con el pueblo El Roblegal. Mart\u00ednez, exige documentos de identidad y, aunque ordena devolver el m\u00f3vil, hostiga al equipo de periodistas hasta su veh\u00edculo, alegando el derecho de propiedad privada. No hay letreros que lo indiquen, y la escena ocurre a escasos metros del cauce del afluente y de dos m\u00e1quinas en operaci\u00f3n.<\/p>\n

Aunque el titular de la Procuradur\u00eda Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), Francisco Contreras, asegur\u00f3 que el r\u00edo Nizao est\u00e1 vigilado permanentemente por el Servicio Nacional de Protecci\u00f3n Ambiental (SENPA), instituci\u00f3n que pertenece al Ej\u00e9rcito Nacional, durante la visita de los periodistas, no se observ\u00f3 ninguna autoridad en la zona. \u201cTengo entendido que ese se\u00f1or opera en una finca cercana. El problema es que a veces obtienen permisos y luego se exceden, incluso de noche\u201d, admiti\u00f3 Contreras.<\/p>\n

La\u00a0ley dominicana<\/a>\u00a0establece una franja de protecci\u00f3n de 30 metros alrededor de r\u00edos y arroyos. Sin embargo, tanto el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), Pa\u00edno Henr\u00edquez, como el procurador Contreras coinciden en que en casos como el del afluente Nizao, fragilizado por el constante saqueo de tierras, deber\u00eda ampliarse a 300 metros. Adem\u00e1s, la legislaci\u00f3n\u00a0proh\u00edbe la extracci\u00f3n de agregados<\/a>, pero permite concesiones bajo ciertas condiciones, lo que genera contradicciones. Desde 1986, varios gobiernos han intentado frenar la actividad con decretos y acuerdos que nunca se han cumplido. Hoy, en teor\u00eda, est\u00e1 totalmente vetada. Las medidas de prohibici\u00f3n se repiten, pero el problema persiste.<\/p>\n

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\"A\u00f1os

A\u00f1os de extracci\u00f3n descontrolada de materiales de construcci\u00f3n, han secado el r\u00edo Nizao. Foto Kenny Cabrera<\/p><\/div>

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El negocio de la miner\u00eda ilegal opera con rifles<\/h3>\n

El propio presidente Luis Abinader ha comparado el negocio ilegal de\u00a0las granceras<\/i>\u00a0(minas a cielo abierto de materiales)\u00a0con el narcotr\u00e1fico<\/a>. Como medida disuasoria, ha autorizado m\u00e1s permisos para canteras secas y el uso de sedimentos extra\u00eddos de presas como alternativa para el sector de la construcci\u00f3n.<\/p>\n

El r\u00edo Nizao es un ejemplo emblem\u00e1tico de la extracci\u00f3n indiscriminada de materiales para la construcci\u00f3n, una pr\u00e1ctica que tambi\u00e9n afecta a otros afluentes como el Yuna, en el norte, el Tireo, en la Cordillera Central, y el Yaque del Norte y el Guayub\u00edn, ambos en Montecristi, ciudad costera y fronteriza con Hait\u00ed, entre muchos otros afluentes, comprometiendo la seguridad h\u00eddrica de numerosas comunidades del pa\u00eds caribe\u00f1o.<\/p>\n

Seg\u00fan el ministro de Medio Ambiente, la evasi\u00f3n de impuestos y los bajos costos regulatorios permiten vender agregados ilegales por debajo del mercado, \u201cgenerando ganancias considerables\u201d. Un cami\u00f3n de 20\u202fmetros c\u00fabidos puede costar entre 20.000 y 22.000 pesos dominicanos (de 345 a 350 d\u00f3lares estadounidenses).<\/p>\n

Pa\u00edno Henr\u00edquez estima que el negocio de los tambi\u00e9n llamados \u00e1ridos legales e ilegales mueve unos 1.000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, equivalentes a m\u00e1s de 50 millones de metros c\u00fabicos de arena. \u201cAlgunas canteras extraen hasta 12,000\u202fm\u00b3 por d\u00eda. En el mercado informal, el metro c\u00fabico se vende entre 500 y 1.500 pesos (entre ocho y 25 d\u00f3lares), mientras que en el sector legal ronda los 1,800 a 2,200 pesos (de\u202f30 a 45 d\u00f3lares), alimentando un mercado negro que afecta a las empresas formales\u201d, asegura.<\/p>\n

Los peligros de denunciar<\/h3>\n

El activista Manuel Antonio Nina, del Movimiento Ecol\u00f3gico Vida en Peravia, denuncia que incluso mineras legales exceden los permisos ambientales. Recuerda que en 1998 el agricultor Sixto Ram\u00edrez fue asesinado tras denunciar la extracci\u00f3n ilegal donde operaba la\u00a0grancera<\/i>\u00a0Alba S\u00e1nchez, que actualmente contin\u00faa con la explotaci\u00f3n de recursos en la zona. Denunciar sigue siendo peligroso. Alexis Rodr\u00edguez, exbeisbolista, public\u00f3 en febrero un video en TikTok mostrando operaciones ilegales en el r\u00edo Nizao, en su paso por la comunidad de Don Gregorio, en San Crist\u00f3bal. Poco despu\u00e9s, recibi\u00f3 amenazas de muerte y fue extorsionado por hombres a punta de pistolas, denunci\u00f3 a\u00a0Am\u00e9rica Futura<\/i>.<\/p>\n

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\"Manuel

Manuel Antonio Nina, defensor ambiental. Foto Kenny Cabrera<\/p><\/div>

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Seg\u00fan cuenta, le exigieron 33.000 pesos dominicanos (\u202f560 d\u00f3lares), un monto similar a la multa oficial impuesta por el Ministerio P\u00fablico. \u201cMe vi obligado a rentar mi negocio de comida \u2014que opera a orillas del r\u00edo, donde hay unas 200 casetas similares que viven del turismo\u2014\u201d, dice el joven, viudo y padre de cinco hijos. Desde entonces, vive bajo perfil. Peor suerte corri\u00f3 el agricultor\u00a0Francisco Ortiz<\/a>, asesinado el 11 de abril de 2024, tras intentar frenar la extracci\u00f3n ilegal en el r\u00edo Tireo. Recibi\u00f3 cuatro disparos, fue golpeado con una pala, incinerado y enterrado a 300\u202fkil\u00f3metros del lugar del crimen.<\/p>\n

Tres personas enfrentan juicio, pero el proceso ha sido criticado por excluir cargos ambientales. Consultados por\u00a0Am\u00e9rica Futura<\/i>, el ministro de Medio Ambiente y el encargado de Proedemaren dijeron desconocer esa omisi\u00f3n. \u201cEn Rep\u00fablica Dominicana, los casos se juzgan por el delito mayor\u201d, justific\u00f3 el magistrado Francisco Contreras. Juan Ortiz, hermano de la v\u00edctima, denunci\u00f3 que un juez reclasific\u00f3 recientemente el crimen como homicidio simple, excluyendo premeditaci\u00f3n y asociaci\u00f3n de malhechores. Activistas ven doble impunidad en el caso.<\/p>\n

Iniciativas y desaf\u00edos frente a un crimen estructurado<\/h3>\n

La violencia es com\u00fan: se reportan amenazas y disparos contra activistas medioambientales, periodistas, inspectores, cuerpo del ej\u00e9rcito, as\u00ed como asesinatos. El ambientalista Manuel Nina advierte que \u201cestas mafias cuentan, en ocasiones, con el respaldo de pol\u00edticos, funcionarios y miembros del Servicio Nacional de Protecci\u00f3n Ambiental (SENPA)\u201d, instituci\u00f3n que rechaz\u00f3 dar declaraciones.<\/p>\n

Un ejemplo es la desarticulaci\u00f3n, a principio de a\u00f1o, de una red liderada por exmilitares que oper\u00f3 durante 15 a\u00f1os en la comunidad de Muchas Aguas, San Crist\u00f3bal, al sur del pa\u00eds, extrayendo agregados de forma ilegal.<\/p>\n

Bernardo Alem\u00e1n,\u00a0senador de Monte Cristi<\/a>, denunci\u00f3 en abril ante la C\u00e1mara Alta la presunta complicidad de autoridades locales en la extracci\u00f3n ilegal de agregados de los r\u00edos Guayub\u00edn y Yaque del Norte, donde dijo que operan m\u00e1s de cinco retroexcavadoras y transitan unos 100 camiones de volteo al d\u00eda, una denuncia que revela el car\u00e1cter estructural del negocio.<\/p>\n

En abril del a\u00f1o pasado, el director provincial de la regi\u00f3n de Monse\u00f1or Nouel\u00a0otorg\u00f3 de forma irregular<\/a>\u00a0un permiso al Consorcio Minero de Maim\u00f3n, que termin\u00f3 perforando la capa fre\u00e1tica del r\u00edo Yuna. Como parte de un acuerdo con la Procuradur\u00eda Ambiental, la empresa se comprometi\u00f3 a reforestar 3.000 \u00e1rboles, a pagar una multa de tres millones de pesos dominicanos (casi 51.000 d\u00f3lares) y a operar bajo supervisi\u00f3n t\u00e9cnica ambiental, de acuerdo a declaraciones de Contreras para\u00a0Am\u00e9rica Futura.<\/i><\/p>\n

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\"Familiares

Familiares de Francisco Ortiz, asesinado en abril de 2024 tras oponerse a la extracci\u00f3n de arena del r\u00edo Tireo.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Foto Kenny Cabrera<\/p><\/div>

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La violencia tambi\u00e9n alcanza a los cuerpos oficiales. En enero, agentes del SENPA fueron\u00a0emboscados<\/a>\u00a0en San Crist\u00f3bal tras incautar un cami\u00f3n con arena ilegal. Un grupo armado intercept\u00f3 el veh\u00edculo, enca\u00f1on\u00f3 a los agentes y recuper\u00f3 el cargamento, en una escena que fue grabada y difundida en redes sociales.<\/p>\n

Seg\u00fan Proedemaren, varios operativos han sido cancelados por amenazas a la integridad de sus funcionarios. Su director lamenta la escasez de personal y presupuesto y advierte sobre la urgencia de crear una unidad de investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional que trabaje con el Ministerio P\u00fablico en delitos ambientales. \u201cSolo as\u00ed podremos llegar a la ra\u00edz y la cabeza de estas mafias que son grandes empresarios\u201d, reclama.<\/p>\n

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente desarrolla una plataforma de trazabilidad con tecnolog\u00eda satelital y GPS para identificar a quienes se lucran de la extracci\u00f3n ilegal, seg\u00fan inform\u00f3 su titular. La instituci\u00f3n tambi\u00e9n impulsa programas de restauraci\u00f3n ecol\u00f3gica, pagos por servicios ambientales y una reforma legal para endurecer sanciones.<\/p>\n

Impactos ecol\u00f3gicos, sociales y econ\u00f3micos<\/h3>\n

La depredaci\u00f3n de los r\u00edos tiene consecuencias ecol\u00f3gicas severas, pero m\u00e1s all\u00e1 del ecocidio, la presidenta de la Fundaci\u00f3n Fondo de Aguas Santo Domingo (FASD), Patricia Abreu, advierte sobre los impactos sociales y econ\u00f3micos: \u201cMuchas comunidades ven contaminadas o reducidas sus fuentes de agua para consumo y agricultura, lo que genera desplazamientos humanos y pone en riesgo la seguridad alimentaria\u201d.<\/p>\n

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\"Patricia

Patricia Abreu, directora ejecutiva de la Fundaci\u00f3n Aguas de Santo Domingo, organizaci\u00f3n que promueve la protecci\u00f3n de cuencas hidrogr\u00e1ficas y el acceso al agua como derecho humano.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Foto Kenny Cabrera<\/p><\/div>

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Un caso cr\u00edtico es el\u00a0r\u00edo Masacre<\/a>, en la frontera con Hait\u00ed, cuya posible desaparici\u00f3n, por el desv\u00edo de aguas desde el pa\u00eds vecino y el saqueo de material en ambos lados de la isla, amenaza con forzar la migraci\u00f3n de comunidades enteras. \u201cYa hay pozos secos y escasez para el ganado en Dajab\u00f3n\u201d, denuncia el bi\u00f3logo Luis Carvajal.<\/p>\n

La extracci\u00f3n descontrolada tambi\u00e9n pone en riesgo infraestructuras vitales. En mayo de 2024, una\u00a0grancera\u00a0<\/i>en San Crist\u00f3bal socav\u00f3 el terreno bajo torres el\u00e9ctricas, obligando a una intervenci\u00f3n de emergencia. Y representa un costo p\u00fablico. En 2022, el Gobierno dominicano anunci\u00f3\u00a0una inversi\u00f3n de m\u00e1s de 133 millones de pesos en la adecuaci\u00f3n del r\u00edo Nizao<\/a>\u00a0para prevenir inundaciones.<\/p>\n

\u201cNecesitamos ciudadanos educados y empoderados que no se conviertan en c\u00f3mplices de quienes destruyen los r\u00edos por dinero. Solo con conciencia ciudadana podremos frenar esta depredaci\u00f3n\u201d, sostiene el titular de la Procuradur\u00eda Ambiental. La urgencia se hace evidente ante la devastaci\u00f3n causada por la extracci\u00f3n de agregados: ecosistemas alterados, cultivos en riesgo, asesinatos impunes y maquinaria pesada operando sin supervisi\u00f3n estatal.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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