La puja de los latinoamericanos en la cumbre sobre emisiones del transporte marítimo

La puja de los latinoamericanos en la cumbre sobre emisiones del transporte marítimo

Un buque con contenedores se aproxima al puerto de Santos, en Brasil, el martes 1 de abril de 2025  Foto Andre Penner (AP)

– Liderados por Brasil, Sudamérica respalda una propuesta menos ambiciosa sobre un impuesto al carbono. Mientras, Centroamérica, el Caribe y México quieren impulsar una transición más acelerada y justa

Las expectativas de acción climática de este año están puestas en Brasil. En noviembre, el país albergará la Conferencia de Cambio Climático (COP30) en la amazónica ciudad de Belém de Pará con un mensaje de urgencia. Pero esta semana, en Londres, delegados de 176 países del mundo también se reunirán para negociar un tema del mismo calibre y menos visibilidad: acordar la ruta para que el comercio marítimo internacional logre moverse con emisiones netas cero a 2050. En estas conversaciones, que suelen pasar sin figuras presidenciales, Brasil ha jugado un rol más cercano al de obstructor que al de embajador por el clima.

Lideradas por la Organización Marítima Internacional (OMI), entidad de las Naciones Unidas encargada de regular el transporte marítimo, lo que se acuerde será vital. Juntos, buques y barcos representan aproximadamente 2,8% de las emisiones mundiales, una cifra mayor a las que generan México y Brasil (1,4% y 1,2%).

Aunque son varios los puntos que se tocarán entre el 7 y el 11 de abril, hay un par que serán determinantes: ponerle un impuesto al carbono y crear un estándar global de combustibles fósiles. En ambas, Latinoamérica y el Caribe, está dividida, explica Santiago Piñeros, abogado del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las propuestas que hay sobre la mesa alrededor del impuesto se podrían resumir en dos. Los países que quieren un cargo universal en el que se cobre una tarifa fija por cada tonelada equivalente que emita un barco; y los que buscan que se permita un porcentaje de emisión a cada embarcación y que, como sucede en el mercado de carbono de la Unión Europea, si un país logra reducirla por debajo de ese límite, puede “vender” lo que le sobra a uno que se haya pasado de ese tope.

“Del lado del impuesto universal están las islas del Caribe, que han respaldado esta idea liderada por las pequeñas islas y los estados insulares”, cuenta el experto. Allí, también se ubican la mayoría de países de Centroamérica, y México. En la otra orilla, en cambio, están los estados sudamericanos, apoyando una sugerencia que vino de Brasil, China y otros productores de combustibles fósiles.

Desde un punto de vista climático, agrega Piñeros, el impuesto universal permitiría una transición energética más acelerada y conforme a la ciencia, evitando que la temperatura del planeta aumente más de 1,5° o 2°C para finales de siglo en comparación con la era preindustrial. Buscarlo a través de un mercado de carbono, arroja, “es peligroso porque puede terminar convirtiéndose en que no se haga la transición”.

En un documento enviado a la OMI y respaldado por Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, los países en contra de la tasa universal, dan algunos de los argumentos que los llevan a oponerse. Hablan de que pondría en peligro las exportaciones de los países en desarrollo, que subirá el precio de los alimentos y que aumentaría las desigualdades entre los países.

Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil, junto a un cartel de la Cumbre del Clima de la ONU COP29, en noviembre pasado, en Bakú, Azerbaiyán. Foto Sergei Grits (AP)

Pero, para Piñeros, que los países de Sudamérica se paren con Brasil y otros grandes productores de combustibles fósiles, revela que no están viendo una oportunidad: que del otro lado – del bloque que sí apoya un impuesto universal – también se está empujando la creación de un fondo que recoja todos los recursos de la tasa al carbono para redistribuirlos justa y equitativamente entre los países.

Si se tiene en cuenta esta parte de la propuesta, un impuesto universal al carbono sería económicamente más conveniente a largo plazo, es decir, para 2040 y 2050, como lo señaló un informe de la International Chamber of Shipping. A los países que se oponen, sin embargo, les asusta lo que suceda a corto plazo: que el Producto Interno Bruto se altere y aumente el índice de precio al consumidor.

Biocombustibles, una lucha con sabor a Brasil

La segunda medida de quiebre es la de crear un estándar global de combustibles. Básicamente, los delegados deben acordar una hoja de ruta para que los que son de origen fósil vayan saliendo de la energía marítima. No solo se trata de determinar qué porcentajes serán permitidos cada año, sino a cuáles sacar más rápido del escenario. Brasil – también arrastrando a los países de Sudamérica – está dando una batalla para que, en ese estándar, se premie a los biocombustibles. Es decir, combustibles producidos a partir de materia como el maíz y la caña de azúcar.

Para un sector de la sociedad civil, esto no es una buena idea. “Existe una profunda preocupación por el hecho de que los impactos sobre la salud humana se estén pasando por alto”, señala Elissama Menezes, codirectora de Equal Routes, organización que sigue juiciosamente estas reuniones. Incluso “se adjuntó una propuesta a la IMO para que se destaquen los riesgos de los combustibles marinos basados en el metano, incluidos el gas natural licuado, el biometano y el gas natural licuado sintético, ya que liberan contaminantes relacionados con enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y un mayor riesgo de cáncer”, dice. Y agrega que los biocombustibles tienen detrás una marca sobre la deforestación y que su producción puede entrar a chocar con las tierras que se necesitan para alimentar el planeta.

Desde un punto de vista económico —no climático ni de justicia, aclara—, tiene sentido que sea una medida que impulse Brasil. El país está logrando cifras históricas con biocombustibles. En 2024, generó 35.400 millones de litros de etanol, 15% más que en 2023. Sin embargo, el resto de países sudamericanos que lo respaldan no son mayores productores de biocombustibles.

En la OMI, los países con menos poder se lo ceden al gigante Brasil. La participación de Colombia, por ejemplo, dista mucho de la que tuvo en la Conferencia de Diversidad Biológica (COP16), liderara por la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, y que aprovechó el presidente Gustavo Petro para retratarse ante el mundo como un héroe ambiental.

En estas discusiones, son los países de Centroamérica, las islas y México los que están sacando el pecho por América Latina y el Caribe, lográndola ubicar como una región dispuesta a frenar el cambio climático en todos los ámbitos.