La mayor construcción de cárceles desde los años 30
La mayor construcción de cárceles desde los años 30
El Ejecutivo conservador de Stephen Harper prevé construir al menos siete nuevas prisiones por todo el país, en un proyecto cuyo coste se calcula en cerca de 4.000 millones de dólares y que ha levantado críticas por su gran parecido con el sistema estadounidense.
El plan supone la habilitación de 9.700 celdas para reclusos
El Popular. Ottawa.- El Gobierno conservador de Stephen Harper prepara el mayor programa de construcción y remodelación de cárceles en el país desde la década de 1930, al tiempo que numerosos expertos critican la iniciativa por considerar que se trata de un plan al estilo estadounidense cuya eficacia es, cuando menos, dudosa.
El Ejecutivo federal prevé levantar al menos siete nuevas instalaciones penitenciarias que estarían situadas en Ontario, Manitoba, Quebec, Alberta y la Columbia Británica. El plan se llevaría a cabo durante los próximos dos años.
Según informó el diario National Post, el proyecto, cuyo coste se calcula en cerca de 4.000 millones de dólares, incluye la habilitación de 9.700 celdas para reclusos en los territorios mencionados.
La Oficina del Primer Ministro ha recomendado a los gobiernos provinciales que modernicen muchas de las prisiones que aún siguen en pie, y que datan de la época anterior a la confederación, entre los años 1830 y 1840.
“Se trata de un proyecto demasiado ambicioso y demasiado caro, que representa la americanización del sistema canadiense”, apuntó el criminalista Matthew Yeager, profesor de la Universidad de Ontario, al citado diario. “Una vez que se destinan millones de dólares a edificar fortalezas al estilo de Estados Unidos empezamos a apartarnos de las ideas canadienses y a apostar por el modelo de nuestros vecinos”, añadió.
Las nuevas leyes contra el crimen presentadas la semana pasada por el ministro de Justicia, Rob Nicholson, pueden tener el efecto de incrementar considerablemente la población penitenciaria en Canadá. Algunos juristas han advertido asimismo de que la nueva normativa puede enviar a las cárceles a personas con problemas mentales o en situaciones de vulnerabilidad social.
Nicholson presentó ante el Parlamento en Ottawa un proyecto legislativo que busca contrarrestar la criminalidad, incluyendo nuevas leyes sobre sentencias mínimas para delitos relacionados con drogas y violencia sexual.
Federaciones de expertos legales canadienses emitieron un comunicado en el que expresaban su preocupación por el hecho de que esta nueva normativa provocará una sobrepoblación penal y por su falta de conexión con la realidad de las comunidades aborígenes en el país.
Dan MacRury, un fiscal de Nova Scotia, manifestó su decepción con las decisiones del organismo federal de justicia y dijo que el nuevo proyecto de ley debería contemplar tópicos excepcionales para tener en cuenta por los jueces.
“Me refiero a las mismas ‘enmiendas de salvedad’ que existen en Reino Unido, Australia y Sudáfrica, y que otorgan a los jueces, en casos especiales, el poder de cambiar sanciones de privación de libertad por educación comunitaria del convicto”, dijo MacRury.
Con anterioridad, se había informado de que la ciudad de Edmonton implementará una decena de nuevos programas de seguridad con un costo de 460 millones de dólares para combatir la criminalidad regional en aumento. Los nuevos planes entrarán en vigor, previsiblemente, en las próximas tres semanas a la par que un incremento en el número de oficiales de policía.
El proyecto de ley del Gobierno federal, denominado Acta para la Seguridad en las Calles y en las Comunidades, contiene medidas que estaban incluidas en nueve proyectos de ley anteriores presentados por el Ejecutivo al Parlamento antes de las elecciones federales, pero que no pudo sacar adelante al encontrarse entonces en minoría.
Entre estas medidas se encuentra el establecimiento de sanciones adicionales para combatir delitos graves relacionados con las drogas y el crimen organizado, sobre todo cuando hay jóvenes involucrados, incluyendo un aumento de siete a catorce años en la pena máxima impuesta por posesión y producción de drogas como la marihuana, así como una mayor vigilancia sobre los cultivos de este estupefaciente, atendiendo a razones de salud y seguridad.
El Gobierno pretende asimismo aumentar las penas mínimas obligatorias en una serie de sentencias, incluyendo las referidas a delitos relacionados con la explotación infantil.
Otras medidas son la eliminación del arresto domiciliario (condena condicional) para una nueva lista de delitos graves y la supresión de los indultos para algunos delitos graves o casos de reincidencia.
El Gobierno quiere establecer también nuevos delitos relativos a la distribución de pornografía o el uso de las nuevas tecnologías en relación con los delitos sexuales contra los niños.
El proyecto de ley establece además medidas para proteger al público de jóvenes delincuentes violentos, aplicándoles en algunos casos penas de adultos y levantando la prohibición de publicar sus nombres. Por otro lado, el ministro de Seguridad Pública dispondría de un mayor criterio a la hora de decidir sobre el regreso a Canadá de delincuentes sexuales canadienses.
