El Senado uruguayo aprueba que los crímenes de la dictadura no prescriban
El Senado uruguayo aprueba que los crímenes de la dictadura no prescriban
Efe. Montevideo.- El Senado uruguayo aprobó este martes, con los únicos votos del oficialista Frente Amplio, un proyecto de ley para evitar la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) tras un tenso debate que volvió a poner de manifiesto la amarga división que existe en el país ante estos temas.
Tras casi diez horas de debate los senadores apoyaron la polémica iniciativa, que para entrar en vigor tendrá que ser aprobada por la Cámara de Diputados en una sesión agendada para mañana miércoles que se prevé será igual o más tensa que la de hoy, marcada por los cruces airados entre los representantes de la izquierda oficialista y la oposición.
La idea es que la norma esté lista antes del 1 de noviembre, plazo decretado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para la prescripción de los crímenes cometidos por representantes del Estado en esa época en Uruguay.
El senador Rafael Michelini fue el encargado por el oficialismo de presentar el proyecto, que consta de cuatro artículos y apunta a restablecer “la pretensión punitiva del Estado” para todos los delitos cometidos por el aparato estatal desde 1973 y hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en el país.
Además, declara los mismos como “crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales signados por Uruguay”, señaló Michelini.
De este modo se evitará la prescripción automática de las torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura después de que la SCJ los considerara “ilícitos comunes” y no delitos de lesa humanidad.
El debate se caldeó cuando el senador comunista Eduardo Lorier señaló que quienes no apoyaran esta medida estarían defendiendo la impunidad y “a los torturadores”, lo que fue considerado como un “insulto” y una “enorme falta de respeto” por el senador del Partido Nacional (PN) y expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle.
Antes, el también nacionalista Francisco Gallinal expuso que su partido se opone al proyecto de ley porque “va en contra de la Constitución” y “desconoce dos pronunciamientos populares”.
Similar postura expresó el senador Ope Pasquet en representación del Partido Colorado y afirmó que la posición contraria al proyecto de ley busca “reafirmar la soberanía popular expresada claramente y por dos veces en las urnas”.
Más allá fue el senador Jorge Saravia -quien fue electo por el Frente Amplio, pero que abandonó al partido de gobierno para unirse al PN-, quien consideró la iniciativa como un “golpe de estado técnico”.
Para la oposición, esta iniciativa busca derogar implícitamente la Ley de Caducidad, norma que puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
La ley fue refrendada por la ciudadanía en dos plebiscitos, el primero en 1989 y el segundo en el 2009 este último impulsado por el Frente Amplio.
El pasado mes de mayo el Frente Amplio fracasó en un intento de eliminar la Caducidad en el Parlamento.
Dos expresidentes de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli y Roberto Parga, afirmaron que el proyecto del Frente Amplio es “inconstitucional” porque “hace retroactiva la ley penal” lo que está expresamente prohibido en la Constitución.
Este debate coincide con la aparición el pasado viernes de restos humanos en un cuartel del Ejército en el que la Justicia buscaba detenidos desaparecidos en el marco de la causa por la desaparición de María Claudia García de Gelman y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman.
El pasado marzo, Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por ese caso e indicó que Uruguay está obligado llevar ante la Justicia a los responsables y a considerar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad.