Quebec rechaza pagar la nueva ley anticrimen
Quebec rechaza pagar la nueva ley anticrimen
El Popular. Montreal.- El ministro de Justicia de Quebec, Jean-Marc Fournier, calificó de “parche” el proyecto de ley contra el crimen presentado por el Gobierno federal y dijo que la provincia francófona no asumirá los costos adicionales que supondrá la nueva normativa.
En una declaración ante la Cámara de los Comunes y la Comisión de Derechos Humanos, Fournier indicó que la nueva normativa, denominada Ley C-10, solo servirá para aumentar el número de delitos, porque supone un desequilibrio legal que no se centra suficientemente en la rehabilitación de los delincuentes, especialmente en la de los más jóvenes.
El ministro provincial añadió que el propósito de esta ley no es otro que meter a más personas en las cárceles, lo que se traducirá en mayores tasas de reincidencia, a menos que se tomen más medidas para luchar contra las causas de la criminalidad y para conseguir reintegrar con éxito a los delincuentes en la sociedad, de manera que puedan llevar una vida productiva. “Queremos que la protección de los ciudadanos sea sostenible. Queremos que estos jóvenes puedan reinsertarse en la sociedad para que la sociedad pueda beneficiarse de ellos”, dijo.
Fournier destacó que Quebec tiene “un enfoque diferente” en lo que respecta al tratamiento de los delincuentes jóvenes, más centrado en la rehabilitación que en el encarcelamiento, y animó a los parlamentarios a que dediquen tiempo a examinar el sistema de la provincia, y a que rechacen el nuevo proyecto de ley del Gobierno conservador.
Varios expertos han criticado recientemente el proyecto de ley contra el crimen que pretende sacar adelante el Ejecutivo de Stephen Harper, por considerar que tendrá más consecuencias negativas que positivas, que costará una fortuna a los contribuyentes y que, al final, acabará haciendo las calles más inseguras.
El Gobierno está haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes para intentar forzar la aprobación urgente de su nuevo proyecto de ley contra el crimen, una iniciativa que implica mano dura contra la delincuencia, mayores penas para los condenados y una especial atención a los delitos sexuales o relacionados con las drogas, entre otras muchas medidas.