Las leyes contra el crimen fallan en la atención a las víctimas
Las leyes contra el crimen fallan en la atención a las víctimas
La Defensora federal de las Víctimas del Crimen denuncia que la nueva normativa presentada por el Gobierno conservador no logra cambiar una tendencia a centrarse más en los delincuentes que en los afectados por los delitos, y reclama que estos reciban más apoyo, mejores compensaciones económicas y más información.
La Defensora federal de las Víctimas del Crimen, Sue O'Sullivan, durante la presentación del informe, en Ottawa. Foto: Adrian Wyld / CP
El Popular. Ottawa.- Las leyes canadienses contra el crimen deben centrarse más en las víctimas y no tanto en los delincuentes, según señaló este jueves en un informe la Defensora federal de las Víctimas del Crimen (el cargo oficial más importante en defensa de los afectados por delitos en Canadá), Sue O’Sullivan. O’Sullivan añadió que la nueva legislación contra el crimen propuesta por el Gobierno conservador de Stephen Harper no es suficiente para corregir esta tendencia.
“Todos los aspectos del proceso judicial son importantes, pero ha llegado el momento en este país de dar un paso atrás y analizar no solo la forma en que van a ser tratados los delincuentes, sino también el modo en que estamos tratando a las víctimas”, dijo la Defensora durante una conferencia de prensa que ofreció en Ottawa.
O’Sullivan denunció que muchas de las víctimas no se sienten ni respetadas ni escuchadas, y agregó que, a menudo, el sistema vuelve a victimizarlas. La Defensora indicó que los afectados por delitos necesitan más información sobre sus derechos y sobre los autores de los crímenes cometidos contra ellos, así como un mayor respaldo y una mayor participación en el sistema de justicia.
En la defensa de su nuevo proyecto de ley contra el crimen, el primer ministro, Stephen Harper, ha insistido en que la normativa refleja la apuesta de su partido por defender a las víctimas, paralela a una política de mano dura contra los delincuentes, piedra angular de las propuestas de los grupos conservadores.
La denominada Ley de Seguridad en las Calles y Acción en las Comunidades (Ley C-10), ahora en manos del Senado, tras haber sido aprobada por la mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes, tiene como objeto, según el Ejecutivo, una acción más eficaz contra los criminales y una mayor protección a las víctimas
El proyecto de ley, presentado el pasado otoño, después de los conservadores obtuvieran la mayoría absoluta, combina nueve propuestas anteriores que no pudieron ser aprobadas al estar los conservadores en minoría.
La norma ha causado polémica debido a las correcciones que propone para el sistema de justicia y al costo que supondrá para las provincias, como resultado de un previsible aumento de la población carcelaria.
O’Sullivan dijo que la Ley C-10 hace referencia a algunas de las recomendaciones incluidas en su informe, “pero no va lo suficientemente lejos”: “Hemos hecho lo que creemos que son recomendaciones muy prácticas y razonables por el Gobierno, con el fin de mejorar esta normativa”, indicó.
La Defensora de las Víctimas del Crimen afirmó que, pese a que Canadá ha recorrido un largo camino en la protección de los derechos de las víctimas, la mayoría de los canadienses “probablemente se sorprenderían si supieran lo limitados que estos derechos siguen siendo”.
Las víctimas, por ejemplo, no tienen el derecho automático a asistir a las audiencias de libertad condicional y se ven obligadas a presentar solicitudes como cualquier otra persona del público. Si desean leer un comunicado durante las audiencias, el texto debe ser aprobado previamente, y no pueden alejarse de él durante la declaración.
Asimismo, no hay grabaciones ni transcripciones disponibles para las víctimas que no pueden asistir a los juicios, y es raro que se les faciliten videoconferencias, según explicó O’Sullivan.
La Defensora indicó también que las víctimas deberían disponer de un mayor apoyo financiero. En este sentido, O’Sullivan explicó que la mayor parte de las cuestiones referidas a la compensación económica se discuten a nivel provincial, pese a que la restitución financiera a las víctimas y los cargos económicos a los delincuentes son mecanismos contemplados en la legislación federal.
Según O’Sullivan, los recargos contra los condenados son eliminados frecuentemente sin ninguna explicación, y las compensaciones, decididas por cada tribunal en cada caso, se aplican poco y mal. “Los delincuentes deberían tener que rendir cuentas, punto”, dijo.
Actualmente, el recargo máximo es de 100 dólares. La Defensora indicó que debería ser el doble, obligatorio y sin excepciones.
