Fallos preocupantes en el sistema de visados
Fallos preocupantes en el sistema de visados
El Auditor General de Canadá, John Wiersema. Foto: Sean Kilpatrick / CP
El Popular. Ottawa.- El Gobierno federal no ha salido especialmente bien parado en el último informe de la Oficina del Auditor General de Canadá, presentado este martes. John Wiersema, que ostenta el cargo de Auditor de modo interino, expresa en las conclusiones de su auditoría de otoño su frustración por la forma en que Inmigración y Ciudadanía está concediendo los visados de entrada al país, denuncia que se está regulando mal el sistema de medicamentos con receta, advierte de la existencia de deficiencias en el gasto destinado por Defensa al equipamiento y, aunque reconoce avances en el millonario plan de estímulo de empleo del Ejecutivo, señala que no está claro cómo va a demostrar Ottawa la eficacia de esta iniciativa.
En la auditoría realizada al Ministerio de Inmigración y Ciudadanía y a la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA, por sus siglas en inglés), Wiersema indica que “es necesario llevar a cabo un trabajo mucho mejor en la gestión de los riesgos para la salud y la seguridad asociados con la emisión de un visado”.
En este sentido, el Auditor General denuncia que el sistema “carece de elementos básicos” que garanticen que los funcionarios y oficiales encargados de la concesión de visados tienen la información correcta antes de decidir si dejan a alguien entrar en el país o no.
El informe denuncia que el sistema es insuficiente para impedir eficazmente la inmigración de personas vinculadas al terrorismo y al crimen organizado, o de personas portadoras de enfermedades peligrosas.
De acuerdo con la auditoría, en más de 80 por ciento de las solicitudes de visa permanente no se efectuaron todos los controles requeridos.
En 2010, las embajadas canadienses en el extranjero trataron 1.360.000 solicitudes de visado, de las cuales 317.000 eran solicitudes de visas de inmigración permanentes.
Entre los problemas identificados por la auditoría destaca el hecho de que muchos de los criterios utilizados por los funcionarios encargados de la concesión de visados para identificar a solicitantes de alto riesgo están anticuados.
El informe también señala que los analistas de la CBSA, encargados de brindar asesoramiento a los agentes de seguridad en lo referente a visados, no han recibido la información necesaria, que su trabajo rara vez es revisado y que no hay evidencia de que se hayan completado todos los controles obligatorios.
Wiersema asegura, además, que muchos de estos problemas habían sido ya identificados en informes anteriores, y que, pese a que el departamento se comprometió en su día a solucionarlos, esas promesas no se han cumplido aún.
“Llevamos unos 20 años informando sobre algunas de estas deficiencias, y me parece preocupante que las debilidades fundamentales sigan existiendo. Es hora de que el Ministerio y la CBSA empiecen a trabajar juntos para resolverlos”, afirma el Auditor General.
Según Wiersema, el manual de seguridad que utilizan los oficiales de visados para tomar decisiones no ha sido actualizado desde 1999.
Asimismo, el informe del Auditor señala que durante los últimos 50 años los reconocimientos médicos destinados a detectar riesgos para la salud del público se han estado centrando en enfermedades como la sífilis y la tuberculosis, a pesar de que los profesionales de la salud encargados tienen la obligación de supervisar e informar sobre un total de 56 enfermedades.
Por otro lado, Ciudadanía e Inmigración no ha analizado si los solicitantes de visado deberían someterse a pruebas obligatorias sobre algunas de estas enfermedades, y tampoco revisa a posteriori los visados concedidos para asegurarse de que se tomaron las decisiones correctas. “Eso significa que ni el Ministerio ni la CBSA saben si la visa se concedió a alguien que en realidad era inadmisible”, denuncia Wiersema.
Preguntado en conferencia de prensa sobre si estos fallos en el sistema significan que Canadá ha estado admitiendo a personas que deberían haberse quedado fuera del país, el Auditor General interino se limitó a responder que “el departamento no es capaz de garantizar que eso no esté ocurriendo”.
