El Parlamento aprueba la ley de mano dura contra el crimen
El Parlamento aprueba la ley de mano dura contra el crimen
El ministro de Justicia, Rob Nicholson, durante la conferencia de prensa en la que defendió la nueva ley contra el crimen, este lunes, en Ottawa. Foto: Andrew Vaughan / CP
El Popular. Ottawa.- Como estaba previsto, la Cámara de los Comunes aprobó este lunes el proyecto de ley contra el crimen presentado por el Gobierno conservador, que goza de mayoría absoluta en el Parlamento. La llamada Ley C-10, rechazada por toda la oposición, recibió 157 votos a favor y 127 en contra. Ahora pasará al Senado, donde los conservadores tienen también mayoría, para su aprobación definitiva.
La ley contra el crimen del Gobierno de Stephen Harper es una de las principales promesas electorales realizadas por los conservadores durante la pasada campaña. Se trata de una combinación de nueve proposiciones de ley anteriores que no logró aprobar el Ejecutivo cuando gobernaba en minoría, e introduce asimismo cambios significativos en diversas leyes existentes.
Algunos aspectos del proyecto de ley, como la introducción de penas más severas para los delitos sexuales contra los niños, han sido vistos favorablemente por la oposición, pero muchos diputados han expresado su preocupación por otras medidas presentes asimismo en la nueva normativa, tales como las sentencias mínimas para delitos relacionados con las drogas.
El proyecto de ley, denominado Acta para la Seguridad en las Calles y en las Comunidades, contempla el establecimiento de sanciones adicionales para combatir delitos graves relacionados con las drogas y el crimen organizado, sobre todo cuando hay jóvenes involucrados, e incluyendo un aumento de siete a catorce años en la pena máxima impuesta por posesión y producción de drogas como la marihuana, así como una mayor vigilancia sobre los cultivos de este estupefaciente, atendiendo a razones de salud y seguridad.
También supone un aumento de las penas mínimas obligatorias epara una serie de sentencias, incluyendo las referidas a delitos relacionados con la explotación infantil.
Otras medidas son la eliminación del arresto domiciliario (condena condicional) para una nueva lista de delitos graves y la supresión de los indultos para algunos delitos graves o casos de reincidencia.
El Gobierno establece asimismo nuevos delitos relativos a la distribución de pornografía o el uso de las nuevas tecnologías en relación con los delitos sexuales contra los niños.
El proyecto de ley incluye además medidas para proteger al público de jóvenes delincuentes violentos, aplicándoles en algunos casos penas de adultos y levantando la prohibición de publicar sus nombres.
Por otro lado, el ministro de Seguridad Pública dispondría de un mayor criterio a la hora de decidir sobre el regreso a Canadá de delincuentes sexuales canadienses.
Otro de los objetivos contemplados en la propuesta es proporcionar un mayor apoyo a las víctimas del terrorismo, habilitando los medios necesarios para que puedan presentarse demandas ante los tribunales canadienses contra personas u organizaciones que cometan actos terroristas, incluyendo una lista de estados extranjeros que, según Ottawa, “se sabe que patrocinan el terrorismo”.
Los cambios en el sistema de libertad condicional tienen como fin, según el Gobierno, dar un mayor protagonismo a las víctimas y “aumentar la responsabilidad del infractor”. Para ello se establecen nuevas sanciones y se otorgan más poderes a la policía.
El proyecto de ley contempla también reformas en las normas sobre inmigración para combatir la explotación de extranjeras en el ámbito de la prostitución, así como la de trabajadores poco cualificados o de cualquier otra posible víctima de la trata de personas.
La oposición ha criticado duramente la intención del Gobierno de poner en marcha una serie de medidas que supondrán un alto coste para el sistema judicial, en un momento en que la tasa de delitos y crímenes se encuentra en mínimos en el país, y sin contemplar, por otra parte, iniciativas más centradas en la disuasión de los delincuentes.
Con respecto a las estadísticas sobre delitos, los conservadores argumentan que solo el 30 por ciento de las víctimas informan a la Policía, por lo que el registro de crímenes no es muy fiable.
Cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de ley, el pasado mes de septiembre, Catherine Latimer, directora ejecutiva de la Sociedad John Howard, indicó que los sistemas penitenciarios provinciales y federales están ya tan saturados que las nuevas medidas del Gobierno pueden acabar violando las disposiciones contempladas en la Carta contra el Castigo Cruel e Inusual.
La organización Corrections Canada, por su parte, señaló que con este proyecto de ley el costo total del sistema judicial se elevará hasta los 3.000 millones de dólares en este año fiscal, desde los 1.600 millones de 2006, año en que los conservadores de Harper llegaron al poder. “Estos costos serán asumidos por las provincias y por los contribuyentes de todo el país”, dijo Latimer.
