Quebec llevará a juicio al Gobierno por la ley de armas
Quebec llevará a juicio al Gobierno por la ley de armas
Robert Dutil, ministro de Seguridad Pública de Quebec. Foto: CBC
El Popular. Montreal.- El Gobierno provincial de Quebec anunció este martes que llevará al Gobierno federal ante los tribunales si Ottawa adopta finalmente el proyecto de ley C-19, que prevé la destrucción de los actuales registros de armas largas.
La provincia quiere conservar los datos que han sido recopilados durante varios años, una iniciativa que ya ha sido rechazada por el Gobierno conservador.
“En mi opinión, un sistema de registro de armas largas es esencial para poder prevenir el crimen en Quebec, incluyendo la violencia doméstica. Además, favorecería el trabajo de los policías y de la administración de la justicia”, dijo Robert Dutil, ministro de Seguridad Pública de Quebec, en declaraciones recogidas por Radio Canadá Internacional.
El ministro no precisó qué tipo de recurso judicial planea llevar adelante, pero la medida, liderada por el premier Jean Charest, cuenta con el apoyo de todos los partidos de la oposición en la provincia francófona.
Desde el año 2006 la Asamblea Legislativa quebequense ha aprobado en cuatro ocasiones, por unanimidad, una moción en contra de la eliminación de este registro. “Vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para que el punto de vista de Quebec sea tenido en cuenta”, dijo Charest hace unas semanas.
Quebec se ha planteado tener su propio registro de armas largas en el caso de que, como es previsible, dado que cuenta con mayoría en la Cámara de los Comunes, el Gobierno conservador acabe sacando adelante su propuesta. Pero si, como ha anunciado, Ottawa destruye los datos incluidos actualmente en los registros, esto no sería posible.
La propuesta de ley, que los conservadores llevaban largo tiempo prometiendo, pone fin al requisito legal que tienen actualmente los propietarios de armas de fuego de registrar sus rifles y escopetas, de acuerdo con la ley sobre control de armas introducida tras la masacre de la Escuela Politécnica en 1989.
La decisión del Gobierno del primer ministro, Stephen Harper, de eliminar los registros supone que los datos dejarán de ser accesibles a la Policía. La información, además, no será transferida a las provincias antes de su eliminación.
