Colombia, democracia imperfecta
Colombia, democracia imperfecta
A raíz de asesoría que presté ad-honorem a una ONG independiente en el debate electoral del pasado 30 de octubre en Colombia para la elección de autoridades locales en los departamentos del país, pude apreciar de cerca algunos de los muy variados vicios que padece la democracia de este país, dizque una de las más avanzadas y estables de América Latina, que para ser sinceros, ofrece elementos de corrupción de los partidos políticos y de las instituciones electorales, comparables solo con los peores estándares del mundo; en lo que sí se ha avanzado más en esta nación es en la destreza para eludir la ley, en la habilidad para encontrarle esguinces interpretativos a la norma, en la pericia para permear las instituciones y en la maña para manejar los medios y encubrir con dinero y difusión mediática el fraude electoral.
Empezamos nuestro informe con una observación clave: la escogencia de las autoridades político administrativas locales en estos países del tercer mundo era hasta hace poco tiempo asunto de importancia media, porque el poder central de gobierno imponía todas las condiciones de la planeación del desarrollo, de la contratación en general de las obras y servicios públicos y de la distribución y aplicación de los recursos; e incluso, de la inspección, vigilancia, control y en general de la auditoria sobre el manejo de los procesos administrativos, financieros y políticos de todas las regiones, lo que no ocurre recientemente en la mayoría de ellas, por la creación de regiones autónomas en el interior de algunos Estados, o por el fortalecimiento institucional de la autarquía en regiones existentes; o por la descentralización administrativa y la desconcentración o desplazamiento del poder decisorio central hacia las provincias, prevalecientes en la mayoría de los Estados, en grados diferentes.
La segunda observación que anotamos en nuestro informe es que en Colombia la autoridad electoral superior aún es elegida con criterio político partidista y no como en otros países por las altas cortes judiciales de listas de juristas de la mejor connotación ética y profesional, enviadas por las facultades de derecho reconocidas por el Estado y puestas en conocimiento público con suficiente anticipación, para objeción ciudadana. Aquel prototipo de integración de la cúpula del sistema electoral colombiano ha desnaturalizado la función ética de imparcialidad política del organismo y desviado su atribución jurídica de actuar en derecho.
La tercera observación tiene que ver con la ausencia de un control interno estatal idóneo y suficiente, a primera vista muy inferior a las exigencias del modelo electoral imperante, todavía cargado de formas de operación eleccionaria en desuso en las democracias modernas, como el tarjetón, la urna de cartón, el registro manual del voto por el elector, la integración de jurados de votación por recomendación político partidaria, la planilla de escrutinio manipulable por los jurados de votación así constituidos, etc., etc, que incitan al fraude del elector y propician la corrupción de la autoridad electoral.
La cuarta observación que hicimos fue la deficiente e insuficiente vigilancia y observación internacional sobre las diferentes etapas del proceso administrativo electoral, desde la inscripción de candidatos hasta el escrutinio final, que estuvo a cargo de observadores de la Organización de Estados Americanos. Probablemente por su ignorancia sobre aspectos puntuales del sistema electoral colombiano y sobre la situación socio política de sus regiones, llegaron después de la ocurrencia de claras irregularidades en la inscripción de candidatos inhabilitados señalados por los medios, la Procuraduría General de la Nación y los partidos políticos, o por esa misma ignorancia no proveyeron el número de observadores suficientes para atender, por lo menos, todas aquellas regiones que –según el propio gobierno- estaban en situación de riesgo electoral debido a la presencia subversiva o paramilitar, o a la presunción de fraude electoral por antecedentes probados, o a las distancias y dificultades de transporte y comunicaciones internas.
Desde el 1° agosto de 2011, o sea tres meses antes de las elecciones, se dieron alertas tempranas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo a través de los medios de mayor circulación del país encabezados por el diario El Tiempo, sobre la existencia de algo más de 477 candidatos inhabilitados para desempeñar cargos de elección popular por haber incurrido en violaciones disciplinarias o criminales de las leyes colombianas, quienes habían sido inscritos irregularmente; respecto de más de veinticinco aspirantes a dichos cargos asesinados alevemente en la provincia; sobre la intensificación en un 30% de las acciones terroristas de las FARC-EP, ELN y Bandas Criminales (antes paramilitares) en no menos de 350 de los 1100 Municipios del país que habían sido declarados por el gobierno bajo riesgo electoral; y en relación con la participación política de partidos y movimiento sociales patrocinados abiertamente por el narcotráfico. O sea, que en ese momento Colombia era un país semi sitiado por la delincuencia política y común, con hechos tangibles registrados por la prensa nacional, que irresponsablemente callaron los informes de los comisionados de la OEA, encubriendo con su silencio graves irregularidades que luego se vieron reflejadas en las urnas y en los procesos de escrutinio.
En efecto, ante tan protuberantes anomalías, se exacerbaron los ánimos de tal manera en poblaciones enteras que obligaron a la policía a actuar drásticamente para impedir el linchamiento de funcionarios electorales, en otros se incendió material electoral y en algunos distritos electorales se presentaron agrías disputas locales que aún no se dirimen por las autoridades electorales nacionales después de casi mes y medio de haberse realizado las elecciones, por diversas causas como material electoral alterado o destruido, actas perdidas, suplantadas o enmendadas, alteraciones o manipulaciones técnicas del software informático.
La Procuraduría insiste ante la Organización Electoral en la irregular inscripción y elección de candidatos inhabilitados constitucional y legalmente para ejercer el cargo por haber cometido delitos o faltas disciplinarias que los marginaban en forma absoluta del derecho a ser elegidos, mientras el Consejo Nacional Electoral insiste en declararlos electos, en una actitud que ha merecido el repudio de la opinión de los más destacados juristas especializados del país y de comentaristas autorizados de prensa que sostienen que, de ser admitida la tesis de las autoridades electorales colombianas, se reabriría la brecha en el país al modelo de “república mafiosa” de los años 80 que pretendió imponer Pablo Escobar y repudió –con sacrificio de sangre y dignidad- la gran mayoría de la sociedad colombiana.
De otra parte, hay avenencia de todos los sectores políticos y gubernamentales sobre la necesidad inminente de implantar el voto electrónico en Colombia como la única manera de minimizar el fraude tanto de electores como de funcionarios electorales, pues en las pasadas elecciones se avizoraron graves y aberrantes indicios de procedimientos delincuenciales, respecto de los cuales la Procuraduría no tuvo herramientas jurídicas suficientes para suspenderlos o sancionarlos, sino a duras penas para prevenirlos; ni la justicia las tuvo tampoco –expeditas y puntuales- para reprimirlos oportunamente.
Por todo esto es por lo que consideramos la democracia colombiana como “imperfecta”, no tanto “fallida” como han llegado a calificarla algunos medios locales, porque aún hay, en el estado de derecho colombiano, mecanismos de rectificación y corrección administrativa y judicial de estos adefesios jurídicos, que están por presentarse unos y sustanciarse por las autoridades competentes otros.
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