Refugiados: este sí, este no
Refugiados: este sí, este no
El ministro de Inmigración, Jason Kenney
El ministro de Inmigración, Jason Kenney, ha propuesto en el Parlamento una nueva ley regulando el procedimiento y hasta cierto punto revisando los principios del refugio o asilo político en este país. La nueva legislación ha sido bautizada como Acta de Inmigración para la Protección de Canadá, una edición renovada de lo que fue una anterior pieza legislativa, el Acta para una Balanceada Reforma del Refugio, aprobada el año pasado pero que aun no ha entrado en vigencia (debería hacerlo en junio). Esta última había sido aprobada cuando los conservadores aun tenían un gobierno de minoría, por lo que para pasarla en ese momento tuvieron que aceptar algunas de las indicaciones hechas por los partidos opositores. Ahora el Partido Conservador del primer ministro Stephen Harper tiene mayoría absoluta en ambas cámaras por lo que, en los hechos, puede hacer aprobar cualquier cosa.
Es sabido que los conservadores son partidarios de una posición mucho más dura en esto de admitir a personas que solicitan refugio. Por años, los conservadores han estado diciendo que el refugio en este país se ha prestado para el abuso, esta noción muchas veces ha sido reforzada por visiones etnocéntricas o derechamente racistas, que apuntan a que el flujo de personas (no sólo refugiados, sino inmigrantes normales también) estaría cambiando el carácter de esta sociedad. En este sentido no puede escapar a la mirada analítica, un cierto oportunismo de parte del partido gobernante tendiendo a capitalizar sentimientos prohijados por la ignorancia y el prejuicio. Sabemos que pocos se atreven a definir ese carácter de la sociedad que los inmigrantes supuestamente estarían cambiando, en términos abiertamente raciales: color de piel u otros rasgos fisonómicos, por ejemplo, prefiriendo en cambio apuntar a que esa gente no se adaptaría, traería costumbres religiosas ajenas, o—en el caso de Quebec—que no se siente muy a gusto integrándose a la cultura francesa.
Canadá ha sido tradicionalmente un país que ha recibido refugiados y estos, de algún modo, han contribuido a su formación como país. Los primeros refugiados habrían sido los “loyalists” (los “leales”) la gente que una vez producida la independencia de Estados Unidos debió dejar sus tierras y emigrar para el norte, aun bajo control británico. Esos primeros refugiados se asentaron principalmente en las provincias marítimas y en lo que más tarde sería la provincia de Quebec.
Naturalmente quienes pertenecemos a las comunidades étnicas de este país, cualquier intento en cambiar las reglas de juego en lo que hace al refugio político, no deja de producirnos cierta inquietud. Yo mismo—y me imagino muchos más también en la comunidad latinoamericana—pude llegar aquí gracias a un programa especial que en 1976 el entonces primer ministro Pierre Trudeau había puesto en marcha para traer a personas (principalmente chilenos, uruguayos y brasileños) que habiéndose refugiado en Argentina nos hallamos en peligro debido al golpe de estado en ese país. La institución y el principio del refugio político es pues algo que todos los que alguna vez nos beneficiamos de él, valoramos.
Dicho esto, no voy a negar que algunas alegaciones de abuso son ciertas. Acciones inescrupulosas de gente en nuestros propios países, que estimulaban la salida de gente, individuos que hacían esto como negocio, montando sus propias agencias de viajes para tal efecto, más la acción igualmente inescrupulosa de muchos de los llamados consultores o consejeros de inmigración en Canadá mismo contribuyeron en algunos casos a crear y alimentar esa práctica que en última instancia desacreditaba a los legítimos refugiados y además dañaba la imagen de la institución del refugio político mismo. Qué decir que algunos operadores en gran escala, como ocurrió con algunos casos provenientes de China y Asia en general, llegaron al extremo de intentar contrabandear refugiados en grandes cantidades utilizando barcos para tal propósito.
No es de cuestionar tampoco el que cada país tiene derecho al control de sus fronteras y desde ese punto de vista, a decidir quien entra y quien no. Eso va de suyo en el concepto de estado soberano. Canadá tiene ese derecho y no se lo vamos a cuestionar. El punto sin embargo, es que en ejercer ese derecho incuestionable, Canadá en cuanto estado debe también hacerlo de una manera equilibrada entre salvaguardar su seguridad nacional—nadie quiere que el día de mañana tengamos acciones terroristas contra gente indefensa como ha sucedido en Nueva York, Londres o Madrid—y los principios humanitarios que también llaman a proteger a aquellos cuyas vidas o integridad física pueden correr peligro en otras latitudes.
Canadá en esto parece estar oscilando ahora en una dirección muy restrictiva, a juzgar por lo que se ha informado de la nueva ley. Si antes hubo demasiada laxitud que dio pie a abusos (y por lo demás con toda honestidad, en esta misma columna en alguna oportunidad los denuncié porque siempre he pensado que ellos de ningún modo favorecían a nuestra comunidad), ahora se corre el riesgo de faltar al principio humanitario.
No dudo que sancionar a quienes organizan el contrabando de personas es una buena cosa, aunque se debe tener claro que esas sanciones, duras como deben ser, apunten efectivamente contra quienes organizan este inmoral tráfico humano, y no necesariamente tanto contra quienes—a veces ingenuamente—pagan por tal servicio.
La idea de designar ciertos países como “seguros” lo que acarrearía como consecuencia que solicitantes de refugio provenientes de allí no fueran aceptados, también debe examinarse más cuidadosamente. Lo que ocurre es que la seguridad de las personas no siempre puede verse afectada por la acción represora de sus respectivos gobiernos, a veces ello ocurre por acción de otros sectores en una sociedad, y los gobiernos allí no pueden o no desean impedirlo. En principio por ejemplo, México puede considerarse un estado “seguro” con instituciones democráticas en funciones, sin embargo todos sabemos que el accionar de los carteles del narcotráfico ha hecho las cosas muy difíciles. Algunos periodistas han sido asesinados y varios más están aun hoy amenazados de muerte. En este caso no se trataría técnicamente de perseguidos políticos por el estado, pero sí amenazados por otros elementos que el propio estado no puede controlar (algunos de sus propios agentes han sido víctimas también). ¿Qué hacer en un caso así? La designación de ciertos estados como “seguros”, no es tan blanco o negro, como se puede apreciar.
No todo es cuestionable en el proyecto de ley, la aceleración del procesamiento de las solicitudes de refugio acortará el tiempo de incertidumbre para esas personas a la vez que reducirá los costos en salud y asistencia social que tienen que cubrir las provincias. En los hechos, debido a que Toronto, Montreal y Vancouver son las ciudades con mayores conexiones internacionales, son generalmente ellas y las respectivas provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica, las que terminan con una mayor número de solicitantes de asilo y por lo tanto cargando con sus gastos de salud, asistencia social y educación si hay niños implicados. Un proceder más equitativo podría hacerse trasladando algunos de esos solicitantes, mientras se procesan sus casos, a otras provincias como Alberta o Saskatchewan por ejemplo, que requieren más habitantes y por tener menor cantidad de solicitantes pueden hacer el trámite más breve.
La nueva ley sobre refugio es más draconiana, aunque por otro lado, no se puede desconocer que hay fallas reales en el actual sistema. A mi no me gusta, pero tampoco me gusta que la noble institución y el principio del refugio hayan sido abusados por gente que no merecía recibirlo. Pero una visión equilibrada era difícil de esperar ahora.
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