Reducir las sentencias condicionales costaría millones

Reducir las sentencias condicionales costaría millones

Kevin Page, responsable del departamento de Presupuesto del Parlamento, durante su comparecencia en el comité de la Cámara de los Comunes. Foto: Sean Kilpatrick / CP

El Popular. Ottawa.- El informe de la Oficina del Presupuesto del Parlamento sobre la nueva ley anticrimen del Gobierno señala que el cambio de las reglas para las sentencias condicionales podría llegar a costar a los contribuyentes un extra de 145 millones de dólares debido al incremento del número de revisiones de libertad provisional y de procesos que acabarían en juicio.

Cambiar las reglas de legibilidad para las sentencias condicionales es una de las propuestas del proyecto de ley del Gobierno, que ahora está en manos del Senado. Actualmente, una condena condicional, también llamada ‘arresto domiciliario’, permite a los delincuentes que cumplan sus penas en la comunidad y bajo un control permanente.

Kevin Page, responsable del departamento de Presupuesto del Parlamento, emitió un informe este martes en respuesta a una petición de Joe Comartin, miembro parlamentario del NDP, para examinar los posibles costos del cambio de las sentencias condicionales en Canadá.

El análisis de Page determinó que, en caso de haberse aplicado lo propuesto por la nueva ley para las sentencias condicionales, el Gobierno federal habría estado pagando entre los años 2008 y 2009 una cantidad adicional de 8 millones de dólares, cifra que en el caso de los gobiernos provinciales se habría elevado hasta los 137 millones de dólares.

El aumento de los costes habria sido el resultado de un mayor número de revisiones en casos de libertad provisional, de más juicios, y de mayores gastos en el alojamiento de los presos.

En el informe se señala que cuando las normas propuestas fueron aprobadas en 2008-09, unas 4.468 personas adicionales no recibieron arresto domiciliario. También indica que el costo promedio por delincuente pasará de ser de aproximadamente 2.600 dólares a 41.000 dólares como consecuencia de los cambios en la ley.

Page supone en el estudio que si las sentencias condicionales no estuviesen disponibles para ciertos delitos, las personas acusadas de esos crímenes serían menos propensas a declararse culpables y por lo tanto pedirían la opción de tener un juicio.

Eso elevaría los costos para el sistema judicial, según se predice en el informe, y también para el sistema penitenciario, porque los que sean declarados culpables serán enviados directamente a la cárcel.

Los nuevos presos eventualmente serán elegibles para la libertad condicional y se añadirán a los costos de este sistema, según dijo Page. Un examen realizado por la Junta de Libertad Condicional de Canadá, por ejemplo, tiene un costo estimado de 4.289 dólares, de acuerdo con los cálculos de Page.

Las cifras del análisis de Page se basan en una serie de supuestos, entre ellos que el 50% de los delincuentes que han aceptado un acuerdo con el fiscal y se han declarado culpables evitando ir a juicio ahora pueden pedirlo al no tener la opción de una sentencia condicional.

Por otro lado, Page dijo que tuvo problemas para conseguir los datos de Seguridad Pública de Canadá y de la Fiscalía Pública de Canadá, por lo que tenía que confiar en los informes de Estadísticas de Canadá y el Departamento de Justicia para realizar su informe.

La responsable del departamento de Presupuesto del Parlamento aseguró que en su informe se contradicen los resultados proporcionados por el Gobierno a la Cámara de los Comunes en octubre de 2011. De acuerdo con Page, los conservadores dijeron que los cambios en las condenas vendrían “sin costes federales”.

El Gobierno afirmó que, en total, el proyecto de ley C-10 tendrá un costo de 78,6 millones de dólares durante un periodo de cinco años y que varias de sus medidas no supondrán ningún coste añadido.

No obstante, esta cifra no incluye los gastos de las provincias y algunos gobiernos provinciales están estimando que sus gastos podrían llegar a los 1.000 millones de dólares, según Page. En el informe, solo se contemplaron las sentencias condicionales de la ley C-10.