ATALAYA
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CUMBRE DE LAS AMERICAS
Por: Jorge Tadeo Lozano
11-03-2012
La reunión periódica de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de Norte, Centro y Sudamérica para tratar asuntos de su interés común ha tenido dos períodos diferenciados por su origen y propósitos: el primero, integrado por dos convocatorias: la primera, que congregó a 19 Estados continentales y ninguno insular, celebrada en julio de 1956 en la ciudad de Panamá, auspiciada por la Organización de Estados Americanos en búsqueda de su fortalecimiento como ente orientador y guía del desarrollo económico y social de las Américas, lo cual no se cumpliría a cabalidad, pues de allí resultarían las bases para la creación de un órgano diferente, especializado en el área, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los elementos de la Alianza para el Progreso, que al poco tiempo recogería y le daría cuerpo el Presidente de los Estados Unidos como política de su gobierno.
La segunda reunión de aquel altísimo nivel se celebró en Punta del Este, Uruguay, en abril de 1967, que igualmente reunió a 19 Jefes de Estado y de Gobierno (además de un invitado especial, Haití) auspiciada por el Presidente de los Estados Unidos de ese entonces y la OEA, cuyo objetivo central era fortalecer la Alianza para el Progreso, instrumento de política norteamericana de acercamiento a América Latina, destinado específicamente a canalizar cooperación del país del norte hacia estas naciones, promover su desarrollo y relaciones pacíficas entre ellas, movido por las críticas condiciones sociales y económicas advertidas en estas convocatorias, que amenazaban con crear inestabilidad en muchas partes del Hemisferio.
Allí se suscribió la Declaración de los 19 Presidentes de América de Norte, Centro y Sudamérica (con exclusión de Haití, que había sido el primer país insular invitado) la cual contenía los siguientes objetivos fundamentales: i. la creación del Mercado Común para América Latina, que no involucraba inicialmente a los Estados Unidos; ii. la cooperación multilateral para el desarrollo de infraestructuras y de la agricultura; iii. el control de armas; y, iv. la cooperación para la educación.
Transcurrieron 27 años –entre 1967 y 1994- de gran convulsión y controversia ideológica y política –interna y externa- en los países latinos, que impidió el consenso de gobiernos y liderazgos para la continuidad del proceso de este tipo de encuentros. Solo para 1994, cuando la guerra fría había concluido, los sistemas políticos demoliberales se habían consolidado en casi toda América (con excepción de Cuba) y por tanto existían condiciones aptas para un diálogo continental de integración, se retomó la iniciativa, de nuevo por el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien promovió una intensa gestión diplomática que culminó con la convocatoria de los 34 Estados Americanos con regímenes demoliberales a la I Cumbre de las Américas en Miami -entre el 9 y el 11 de diciembre de 1994- incluidos por primera vez Canadá y los países insulares del Caribe, con excepción de Cuba, sumida en ese momento en la incertidumbre institucional que le había dejado la disolución de la Unión Soviética, su gran soporte político y económico.
La Declaración de Principios de esta primera Cumbre -de la Segunda Época- estableció un pacto para el desarrollo y la prosperidad basado en la preservación y el fortalecimiento de la comunidad democrática de las Américas, cuyo objetivo fue expandir la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio, erradicar la pobreza y la discriminación en el Hemisferio y garantizar el desarrollo sostenible y protección medio ambiental.
Se celebraron seis Cumbres más entre 1996 y 2009, una denominada “Sobre Desarrollo Sostenible” reunida en Santa Cruz de la Sierra –Bolivia- entre el 7 y el 8 de diciembre de 1996, la II Cumbre celebrada en Santiago de Chile -República de Chile- entre el 18 y 19 de abril de 1998, la III en Quebec – Canadá- entre el 20 y 22 de abril de 2001, la Cumbre Extraordinaria convocada en Nuevo León –México- en enero de 2004, la IV. Cumbre celebrada en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005 y la V. reunida en Puerto España, República de Trinidad y Tobago, entre el 7 y el 9 de abril de 2009.
A diferencia de la Primera Cumbre de las Américas, que fue convocada y planificada por el Presidente Clinton para congraciarse con las democracias de América Latina que acababan de consolidar regímenes electivos demoliberales en todo el subcontinente, las decisiones de convocar a las subsiguientes Cumbres fueron tomadas en forma conjunta y de consenso por los 34 Jefes de Estado y de Gobierno de América, con excepción de Cuba, que por supuesto no mostró nunca interés en este tipo de foros por ser –en su dialéctica de izquierda- “instrumentos políticos del Imperio Norteamericano”, como reiteradamente lo afirmaron voceros de su gobierno.
A partir de la II Cumbre, la Agenda de estas reuniones fue preparada, discutida y aprobada previamente en forma conjunta y de consenso por todos los países, con la activa asesoría de organizaciones sub-regionales como la Comunidad de Naciones del Caribe (CARICOM) y el Grupo de Río, además de la OEA, el BID, la OPS, el IICA, la CEPAL, que ya venían haciéndolo con anterioridad; y la coordinación logística del país anfitrión. Con este modelo estructural vienen funcionando las últimas Cumbres de las Américas.
Temas como los que desde un principio se adoptaron han venido siendo tratados y profundizados en las diferentes Cumbres, especialmente relacionados con el fortalecimiento del modelo de democracia representativa con amplia y transparente participación popular, vigencia y aplicación plena de la normatividad internacional sobre derechos humanos, protección y defensa de los valores culturales y de la diversidad como el más preciado de ellos, la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico; las políticas de libre comercio, mercado de capitales, infraestructura, cooperación energética, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, turismo, educación, salud, vivienda, microempresas, desarrollo sostenible y biodiversidad, minería, etc; el rechazo a toda forma de discriminación y, en fin, una amplia gama de asuntos adicionales que interesan tanto a la humanidad como a la región en particular, de las cuales ningún país americano debe ser ajeno.
Se ha abierto un debate desapacible en toda América sobre la participación de Cuba en la VI Cumbre de las Américas que se celebrará en Cartagena – Colombia el próximo 16 y 17 de abril, convocada por los propios Jefes de Estado y de Gobierno de los 34 países que asistieron a la V Cumbre de Puerto España, Trinidad y Tobago, en cuya Declaración Final (numeral 2.) se reafirmaron “los principios y valores de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Carta Democrática Interamericana”, entre otros instrumentos internacionales.
Recordemos que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su preámbulo afirma enfáticamente que los países partícipes están “ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”; incluyendo, como consecuencia, dentro de sus propósitos, los de “Promover y consolidar la democracia representativa…” (artículo 2. – literal b); y señalando dentro de sus “principios” el de que “la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa” (artículo 3. – literal d) (subrayados nuestros).
La Carta Democrática Interamericana, por su parte, señala como “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. (subrayado nuestro).
Dije arriba que el debate era “desapacible” porque “causa disgusto o enfado”, o por lo menos “desagrado”, que a estas alturas del desarrollo político de la humanidad estemos en estas latitudes enfrentándonos por temas formales e insustanciales, teniendo frente a sí una agenda de “asuntos fundamentales” de interés colectivo, como los planteados en la V Cumbre celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 19 de abril de 2009, en la cual se emitió una Declaración de Compromiso de 97 puntos que resume un tanto las declaraciones de las anteriores cumbres, destinadas todas ellas a “promover la prosperidad humana” en nuestro continente, a “promover la seguridad energética” de la región, a “promover la sostenibilidad ambiental” de nuestro entorno, a “reforzar la seguridad pública” en todos nuestros países y, fundamentalmente, a “reforzar su gobernabilidad democrática”.
Es cierto, en este Foro deberían estar todos los países de América, incluido Cuba, que tendría seguramente mucho que decirnos sobre sus experiencias como modelo político socialista en materia de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, equilibrio de poderes, pluralismo político, etc; y su visión y prácticas en materia de derechos humanos y libertades públicas como la libertad de conciencia, de opinión y prensa; así como sus avances en componentes de salud, educación, medicina, deportes, turismo, etcétera, en contraste comparativo con las democracias del resto de América Latina y de otras latitudes. Sin embargo, en este tipo de eventos hay un mínimum de exigencias “formales” para la “participación”, trazadas por quienes hicieron las anteriores convocatorias, que no tienen nada que ver con la estructura política de gobiernos o de Estados partícipes: que la agenda y la convocatoria se hayan convenido de “consenso”.
No hay duda que la presencia de Cuba en Cartagena ocasionaría un amplio debate sobre “modelo de democracia”, que no está en la agenda convenida, que ya parte de un prototipo de régimen político demoliberal, representativo, participativo y pluripartidista, muy diferente al prevaleciente en la Isla; lo cual podría haberse dado, en efecto, sin ningún inconveniente, si todos los Estados partícipes hubiesen admitido previamente el tema en la agenda y autorizado la invitación a Cuba.
Otra cosa muy diferente sería que Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que están liderando la inclusión del asunto en la agenda y de Cuba como nuevo partícipe, plantearan el debate en el seno de la VI Cumbre de Cartagena y esta lo adoptase por consenso como hasta ahora actuado, para la VII Cumbre.
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