Las escuchas policiales necesitarán autorización

Las escuchas policiales necesitarán autorización

La Corte Suprema de Canadá en Ottawa.

OTTAWA.- La Corte Suprema de Canadá revocó este viernes una ley que permitía escuchas telefónicas para uso policial en situaciones de emergencia, sobre la base de que la medida no prevé ninguna disposición que permita informar a las víctimas de que estuvieron bajo vigilancia.

Sin embargo, el Tribunal mantuvo una disposición que permite a la policía realizar escuchas telefónicas en casos de emergencias puntuales como amenazas de bomba o la toma de rehenes.

La decisión del Tribunal no entrará en vigor inmediatamente y queda a la espera del Parlamento, que podría solventar el problema de la notificación a las víctimas mediante una enmienda a la ley.

Los jueces Michael Moldaver y Andromache Karakatsanis escribieron la sentencia a cuatro manos con la intención de defender el derecho a la intimidad. Aún así, insisten en que no quieren obstaculizar la labor de la policía que deba enfrentarse a situaciones de emergencia a corto plazo.

Dijeron que el requisito de la notificación no dificultaría una labor policial efectiva. En cambio, mejoraría la capacidad de las víctimas de estar al corriente y denunciar posibles invasiones a su privacidad.

La sentencia viene a raíz de un caso donde la policía de Vancouver utilizó la disposición existente para llevar a cabo una serie de interceptaciones no autorizadas. Esto les permitió interferir sin orden judicial las comunicaciones privadas de la hija de una presunta víctima de secuestro que recibió llamadas de su padre afirmando que él estaba siendo retenido por el rescate.

La validez de las escuchas telefónicas fue impugnada en el juicio por los acusados y, 24 horas después, la policía recibió una autorización judicial que permitió continuar con la intervención telefónica.

La sección de escuchas especifica que un agente del orden público puede interceptar ciertas comunicaciones privadas sin previa autorización judicial, ya sea de un sospechoso o de una presunta víctima de crimen. Constata que el oficial tan sólo debe tener motivos razonables para creer que la intercepción sea urgente a fin de prevenir un acto delictivo. La misma sección también indica que la policía debe actuar rápidamente para obtener la debida autorización que legitime su intervención telefónica.

La disposición es la única del Código Penal que no requiere la notificación previa de una de las partes implicadas en una intervención privada.

Los jueces Moldaver y Karakatsanis dijeron que la constitucionalidad de la sección de escuchas mejoraría si enviara al Parlamento un informe anual sobre las fechas y las circunstancias en que se haya empleado las intervenciones telefónicas de emergencia.

El partido Liberal interpretó esta decisión como un aviso al gobierno de Harper en relación a  la reciente legislación que permite la vigilancia online. “En esencia, la Corte considera que el derecho a la intimidad de los canadienses es inviolable, y que el gobierno debe proteger adecuadamente estos derechos, especialmente en lo referente al acceso sin orden judicial a los datos de los subscriptores”, declaró en un comunicado el liberal Francis Scarpaleggia.