La policía se excedió en el G-20, según un informe

La policía se excedió en el G-20, según un informe

La policía acorrala a los protestantes en el cruce de Spadina Avenue con Queen Street, el 2010 en Toronto.

TORONTO.- El organismo de control de la policía de Ontario emitió este miércoles un informe que cuestiona seriamente la actuación policial durante la reunión del G-20 del 2010 en Toronto.

La comisión de revisión independiente de la policía criticó la mano dura de los agentes del orden público y estimó que cometieron detenciones ilegales en el centro de detención creado para la ocasión.

La Oficina del Independent Police Review encontró que la policía violó varios derechos constitucionales durante el evento, durante el cual fueron arrestadas más de 1.100 personas. La mayoría de estos detenidos fueron luego liberados sin cargos.

“Algunos oficiales de policía ignoraron los derechos básicos de los ciudadanos en virtud de la Charter of Rights y excedieron su autoridad al detener y registrar a la gente de forma arbitraria y sin justificación legal”, indica el informe.

Las 300 páginas del documento, que proporciona una visión detallada de los eventos del fin de semana del 26 y 27 de junio de 2010, encuentran que los manifestantes no eran los únicos que recurrieron a la violencia.

“Numerosos trabajadores de la policía utilizaron fuerza excesiva al hacer las detenciones y respondieron a la violencia con más violencia”, señala el reportaje.

El informe apunta a las tácticas de la policía en Ontario legislature, que se había acotado como zona de protesta. La fuerza utilizada para controlar las masas y realizar detenciones fue “en algunos casos excesivos”.

“Es justo decir que el nivel de fuerza utilizada en el control de las multitudes y las detenciones en Queen’s Park era más alto de lo que jamás se había visto en Toronto”.

Asimismo, concluyen que los arrestos masivos a la salida de un hotel del centro eran “ilegales”, y que una redada en una residencia universitaria se hizo sin autorización judicial.

La policía encerró a cientos de manifestantes en la esquina de Spadina Avenue y Queen Street, en Toronto durante la cumbre, y efectuó muchas de las detenciones a pesar del carácter no violento de la marcha.

La Oficina de Revisiones, bajo la dirección de Gerry McNeilly, critica a la policía por agolpar a decenas de personas -muchos transeúntes- en una intersección del centro durante varias horas bajo una tormenta eléctrica, una acción que calificó de “irrazonable, innecesaria e ilegal”.

Incluso los oficiales enviados al lugar opinaron que la situación era insostenible, con un comandante calificando el incidente de “demencial”.

En cuanto al centro de detención temporal, el informe acusa a los cargos superiores de la policía de mala planificación. El exceso de personas, la falta de agua, los registros corporales y la dificultad de acceder a un abogado fueron los principales problemas de este equipamiento al que llegaron muchas personas detenidas ilegalmente.

El informe hace 42 recomendaciones. Entre ellas, se sugieren cambios los a la Ley de Servicios de la Policía y al código de conducta policial, que obligaría a los oficiales denunciar malas conductas.

También insta a los gobiernos a dedicar el tiempo suficiente para planificar y preparar operaciones de seguridad a gran escala.

En resumen, la investigación critica la policía de Toronto, encargada del mantenimiento del orden en la zona exterior al perímetro de seguridad de la cumbre y responsable del polémico centro de detención.

El documento también señala a los comandantes por no dar instrucciones adecuadas a las multitudes para que se dispersaran, lo que aumentó los enfrentamientos y las tensiones. En un momento dado, un comandante se refirió a la multitud como “terroristas merodeadores”, dando la impresión de que los delincuentes andaban a sus anchas.

El reportaje estimó que la Policía Montada actuó de manera razonable, pero criticó la escasa coordinación entre divisiones policiales.

Miles de manifestantes salieron a las calles en julio de 2010, desde Ontario legislature, en Toronto, para pedir una investigación pública sobre la actuación policial en la cumbre del G-20.

La Oficina Independiente de Revisión Policial -una agencia de competencia civil- tiene como función procesar y supervisar las denuncias públicas hechas contra la policía.

McNeilly dijo que decidió que era de interés público abrir una investigación que reuniera las 356 quejas relacionadas con el G-20 y revisar la responsabilidad de la policía municipal, regional y provincial.

A principios de este año, McNeilly propuso cargos contra cinco agentes de la policía por apalizar al manifestante Alan Nobody en la legislatura.

Tras la publicación del informe, el jefe de la policía de Toronto admitió que “las cosas se pudieron hacer mejor” pero se negó a pedir perdón ni a comentar casos de mala conducta atribuidos a los comandantes.

“En general, creo que los derechos de los ciudadanos estuvieron protegidos ese fin de semana”, dijo Blair, “salvo excepciones”. “Si se demuestran malas prácticas, lo solucionaremos”, añadió el máximo mandatario de la policía local, la más perjudicada por el informe.

La policía está acusada de violar derechos civiles y hacer detenciones ilegales durante la cumbre del G-20.