ATALAYA

ATALAYA

Por: Jorge Tadeo Lozano

08-09-2012

 Uno de los clásicos, Thomas Hoobes, dentro de la teoría del conflictivismo autoritario que predicaba, decía que el conflicto es central en la sociedad, que la sociedad vive en conflicto; y daba como única salida  la creación de estructuras fuertes de dominación política que controlen la violencia innata a la que tienden las personas. Aquí conflicto es igual a violencia y guerra y paz es equivalente a autoritarismo y más guerra, si es necesario, para conquistar la paz. “El hombre es lobo para el hombre”, decía Hobbes, para graficar de manera cruda la tendencia conflictiva del ser humano.

Cualquier parecido con personajes de nuestra vida real en Colombia, no es una mera coincidencia.

Una de las definiciones de “paz” que mas he escuchado, en un contexto literal y local de la expresión, es la de que la paz es un “tratado o convenio que se concierta entre los gobernantes y los gobernados para poner fin a una guerra”;  me pregunto: ¿acaso ha habido un pacto social integral en Colombia que nos permita poner fin a las distintas guerras de clase que señalábamos unos párrafos antes? No, y mil veces no. Todo, desde este punto de vista,  ha sido impuesto por quienes detentan el poder. Es más, en muchos casos, lo que podría haberse entendido como pactos sociales virtuales, los programas presidenciales de algunos candidatos presidenciales ganadores, siempre se incumplieron, jamás fueron ejecutados como habían sido propuestos y aprobados por la gente y ni siquiera existió la más remota posibilidad de que los electores pudieran revocarle el mandato al mandatario incumplido por la vía del derecho, por la sencilla razón de que nuestra Constitución no lo permitía ni lo permite aún.

Creo que los conflictos armados internos en América hispana -por lo menos en su origen- han sido una consecuencia de los conflictos sociales insolutos; todos comienzan, por lo menos, con una inconformidad social, como una protesta por algo que afecta a la comunidad, sin importar el tamaño de esta o la justicia o injusticia objetivas de aquella. Que de allí en adelante se desvirtúen, es la cuestión a discutir; y que esto es lo que haya ocurrido en Colombia, es otro punto de vista polémico sobre el cual hemos escrito en esta columna en ocasiones anteriores.

Los varios intentos de todos los gobiernos por buscar la paz no han pasado de ser eso, meras tentativas, o sea, acciones con que se experimenta, prueba o tantea la posibilidad de suspender o eliminar la confrontación armada, sin llegar a la raíz misma del problema, de sus causas más remotas, la confrontación social. Han sido paliativos en lugar de soluciones de fondo y apenas para abordar una parte del problema, no el problema total.

La gran estructura general de nuestro Estado fue construida desde los albores de la república para  edificar sobre él un  sistema demoliberal de privilegios y discriminaciones, encubierto bajo banderas de libertades públicas. Dejar hacer y dejar pasar, decían sus propulsores como grito de combate. Libertad empresarial absoluta para un crecimiento económico sostenido y eficiente de apenas un sector privilegiado de la sociedad y un Estado pasivo y contemplativo, débil frente al uso abusivo de aquellas  libertades burguesas,  extremadamente solidario con la concentración de la riqueza en pocas manos, con el latifundismo rural improductivo; y enemigo de la inclusión social.

Todas las transformaciones que ha sufrido nuestra Carta de Navegación Institucional han dejado intacto el andamiaje original de nuestra economía tradicional, apenas barruntándolo de retórica social como disuasivo mediático. Incluso, las reformas de 1991, de las más avanzadas de América Latina en  materia de consagración de derechos fundamentales, mantuvieron vetustas estructuras, como por ejemplo, la definición de propiedad privada privilegiada a pesar de algunos adosamientos insustanciales, la preservación de los nichos históricos de enriquecimiento monopólico, el manejo centralizado de las políticas económicas, del recaudo y de la administración  de los recursos, para darle gusto a las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional; y desde el punto de vista político,  el fortalecimiento del ejecutivo central, el debilitamiento del congreso y la politización de la justicia.

El efecto psicológico perverso que obra sobre la mente y el sistema nervioso de los colombianos que mira la televisión y escucha la radio todos los días no es solo por el impacto de las noticias de muertes, secuestros, atracos, bombas, masacres, desapariciones, explosiones, minas quiebrapatas, lisiados, etc, etc, sino la convergencia de todo esto con la pobreza, el hambre, la desnutrición de los hijos, la ausencia del pancomer, el desalojo, el desplazamiento, el sida y demás pandemias, el desempleo, la intemperie, la ignorancia, etc, etc. La unión de todos estos factores o de algunos de ellos es la causa principal de la guerra y de la falta de paz.

Decíamos atrás, que todos los conflictos armados en Colombia han tenido origen en confrontaciones sociales; ahora le agregamos: confrontaciones socio políticas, no como una rectificación sino como la  reafirmación  de dos hechos clásicos innegables de la sociología: una masa social amorfa, sin cohesión, sin orientación ni destino, es la anarquía; la política aporta los elementos de aparente coordinación, orden y objetivos precisos, así los compartamos o no. Porque lo que no debemos negar es que todos los grupos alzados en armas de Colombia, así no nos gusten sus métodos y estemos a distancias siderales de algunos de sus planteamientos y objetivos, han expresado en documentos conocidos los alcances de sus inconformidades con el establecimiento.

Que en la dialéctica de la guerra las partes se desconceptúen recíprocamente, es algo predecible e invariable; es la guerra paralela, la guerra psicológica, en donde los medios de comunicación ocupan un papel preponderante. Pero que, siempre ha habido un elemento socio político presente en el origen de la confrontación armada, no tiene por qué existir duda alguna. La sola ambición de derrocar el poder político existente y remplazarlo por otro, es ya es un motivo de esta naturaleza, así no se haya expresado una sola sílaba programática.

La discusión sobre si los fines altruistas iniciales alegados por las guerrillas en Colombia han cambiado por los métodos cruentos e inhumanos utilizados en sus incursiones y por el financiamiento ilícito de sus acciones, es la vieja y académica controversia sobre si el fin justifica los medios, que aún se mantiene en el primer plano de la polémica filosófica y que cada quien, en la praxis, lo interpreta de acuerdo con sus propias conveniencias.

Si el fin es noble, no importa eliminar en el camino a cuanto obstáculo se atraviese ni el método que se utilice para ello. Si la revolución de liberación es justa, han dicho siempre los marxistas, deben rodar las cabezas de los opresores -incluidos los indiferentes-  sin ningún tipo de misericordia; y así lo enseñaron a todos sus camaradas en el mundo. Así obraron también -varios siglos atrás- las cruzadas cristianas con los apostatas y no creyentes; del mismo modo actuaron Hitler y sus secuaces durante el holocausto, los musulmanes el 11 de septiembre contra las torres gemelas de Nueva York y el ejército norteamericano con los pueblos de Hiroshima, Nagasaki, Vietnam y más recientemente con el pueblo Iraquí. Siempre ha existido un pretexto aparentemente noble y altruista para que el hombre trate de exterminar al hombre, sin importarle la ética o los derechos humanos que puedan transgredirse. La discusión, entonces, sobre el tema, sería interminable e infructuosa, cada ala ideológica tiene su propia explicación y justificación.

Lo mismo está ocurriendo en el interior de nuestro país. Las guerrillas de orientación marxista muestran su conocido cartabón y cartilla en mano cuestionan la autoridad moral del Estado colombiano para criticar sus métodos asignándole toda clase de tropelías históricas contra las clases desvalidas y la responsabilidad en cuanto entuerto ha ocurrido en el país; y el Estado responde a ambos con su conocido ejercicio del principio de autoridad bajo el modelo original de la “seguridad democrática”, todo un proyecto político autoritario de derecha que priorizó la seguridad ciudadana por sobre los derechos humanos en medio de unas  libertades públicas mediatizadas, dentro de cuyo prototipo dijo el Presidente Santos se mantendría.

No se está trabajando una solución integral de las diferentes guerras que se vienen librando en el país y he insinuado un pacto social de verdad que involucre de manera real a otros grupos importantes de la sociedad, por ejemplo, a las víctimas del conflicto, principales damnificados de la guerra e interesados en la paz,  hasta ahora marginados del reciente proceso de paz que acordaron las Farc y el Gobierno. La opinión de ellos es indispensable escucharla con toda atención, pues constituye la voz de quienes han sido más agredidos y perjudicados por la confrontación armada, de los únicos que tienen autoridad moral para exigir la verdad, impartir el perdón y percibir la reparación que la justicia disponga. Nadie puede hacer nada de esto por ellos, sino ellos mismos.

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