El gobierno revocará la ciudadanía a miles de personas acusadas de fraude

El gobierno revocará la ciudadanía a miles de personas acusadas de fraude

El ministro de Inmigración, Jason Kenney, en su comparecencia antes los medios.

OTTAWA.- El gobierno federal está investigando unos 11.000 casos sospechosos de fraude en los permisos de ciudadanía y residencia permanente, según informó este lunes el ministro de Inmigración, Jason Kenney.

Kenney afirmó que el gobierno ya ha comenzado el proceso para revocar los permisos de ciudadanía de 3.100 personas que obtuvierons sus licencias y permisos de residencia de forma fraudulenta, según descubrieron las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la RCMP.

Ya se han enviado cartas a más de 600 de los 3.100 personas para iniciar el proceso de revocación de su ciudadanía. Sin embargo, Kenney explicó que nadie ha perdido su ciudadanía, todavía.

Hasta ahora, explicó el ministro, las agencias federales han retirado o denegado la entrada a más de 600 antiguos residentes permanentes vinculados a las investigaciones de fraude.

En este sentido, ya han negado cerca de 500 solicitudes de ciudadanía en que los solicitantes no cumplían con los requisitos de residencia y casi 1.800 solicitantes vinculados al fraude simplemente han abandonado sus solicitudes de ciudadanía.

El ministro de Inmigración dijo que en la mayoría de estos casos, los solicitantes de la ciudadanía ha pagado a un representante para demostrar que estaban viviendo en Canadá durante el período necesario para establecer su residencia en este país cuando estaban, de hecho, viviendo en el extranjero.

Otras 5.000 personas, con permisos permanentes de residencia, también están bajo sospecha y ya se les está investigando. Este grupo está siendo investigado por estar implicados en el fraude a la hora de obtener permisos de residencia y se enfrentará a un escrutinio adicional si intentan entrar a Canadá u obtener la ciudadanía, apuntó el Ministro.

Los otros 2.500 fueron acusados de otros delitos menores, y según explico el responsable de Inmigración, serán vigilados de cerca.

“Estamos aplicando toda la fuerza de la ley canadiense contra quellos que han obtenido la ciudadanía de manera fraudulenta”, dijo Kenney.

“La ciudadanía canadiense no está en venta. Estamos tomando medidas para despojar de la ciudadanía y la residencia permanente a las personas que no cumplen con las reglas y que han mentido y engañado para convertirse en ciudadanos canadienses”.

Los residentes permanentes tienen que vivir en Canadá durante tres o cuatro años antes de poder solicitar la ciudadanía. Además, con el fin de mantener su estatus de residente permanente, deben estar físicamente presentes en Canadá dos de cada cinco años.

Kenney ya anunció contundentes medidas contra el fraude en materia de ciudadanía y de residencia permanente durante el diciembre pasado, tras la detención de un asesor en inmigración en Montreal. La mayoría de los 4.700 casos implicados en aquella ocasión estaban relacionados con la investigación que se llevó a cabo en Montreal y con otra que tuvo lugar en Halifax, que contó con el fraude de un consultor de inmigración diferente.

El anuncio de este lunes se produce menos de una semana después de que la policía de Durham, Ont., En el Área de Gran Toronto, detuvieron a dos personas sospechosas de pertenecer a una organización criminal internacional.

Los medios locales informaron de que la policía había recuperado 85.000 dólares en efectivo y bienes robados, así como 2 millones de dólares en reclamaciones de servicios sociales. Se alega que los cabecillas ayudaban a los inmigrantes procedentes de Rumanía a conseguir trabajo casa y acomodo y después los usaban para realizar hurtos y atracos en joyerías de  Ontario y Quebec.

Las autoridades informaron este lunes que la investigación que se está llevando a cabo no tiene nada que ver con esos casos de fraude.

Por último, Kenney apuntó que tiene intención de introducir enmiendas en la Ley de la Ciudadanía para exigir que los consultores de inmigración formen parte de un órgano regulador. Con esta medida, el ministro alega que se podría ayudar a acabar con los agentes corruptos.