El ministro de Inmigración propone endurecer las medidas contra los inmigrantes criminales

El ministro de Inmigración propone endurecer las medidas contra los inmigrantes criminales

Jason Kenney afirma que pronto presentará ante el Parlamento las novedades de su propuesta.

OTTAWA.- El ministro de Inmigración, Jason Kenney, dijo que pronto presentará ante el Parlamento más información sobre su nueva propuesta para controlar de forma más exhaustiva el acceso de los inmigrantes a Canadá.

La nueva normativa ha creado polémica pues, según la oposición, le concede al ministro “demasiado poder” y permitiría negar la entrada a extranjeros aunque éstos no cuenten con antecedentes penales.

La nueva norma está incluida en el proyecto de ley C-43, la legislación que daría amplios poderes al ministro de inmigración. Los diputados votarán la noche del martes sobre la posibilidad de enviar el este proyecto ante la comisión.

El proyecto permitiría la expulsión de delincuentes extranjeros de forma más rápida, así como la deportación de refugiados, residentes permanentes y visitantes que hayan cometido “delitos graves”, aquellos en los que la pena es de seis o más meses de cárcel. El proyecto también permitiría al ministro de Inmigración determinar quién puede ser deportado y quien no.

El ministro de Ciudadanía e Inmigración, Jason Kenney, dijo este lunes que el proyecto de ley reduce el número de apelaciones con las que “un delincuente extranjero puede retrasar, a veces durante varios años, su deportación”. “Esta es una iniciativa importante para proteger a los canadienses de delincuentes peligrosos que han conseguido retrasar su deportación y que en muchos casos van a volver a protagonizar nuevos delitos y a cobrarse nuevas víctimas”, apuntó Kenney en su discurso frente a la Casa de los Comunes.

La reforma concedería al ministro la facultad de negar la entrada a alguien o el estatus de residente temporal por un máximo de tres años. En este sentido, Kenney reconoció el pasado junio que el poder debe usarse con moderación.

El crítico de inmigración del NDP, Jinny Sims, dijo que hay otros problemas del el sistema de inmigración que deben ser abordados, como el de los trabajadores cualificados que no pueden encontrar empleo, y el lento proceso para reunir a las familias después de que uno de los miembros emigre a Canadá .

Sims dice que los nuevos demócratas van a examinar concienzudamente el proyecto de ley para entender los cambios propuestos por Kenney. “La primera vez que le eché un vistazo a la propuesta, me preocupó la cantidad de poder tendría el ministro de Inmigración en caso de que se aprobase”, dijo.

“Si el proyecto sale adelante, el ministro podrá negar la entrada alguien durante más de 36 meses. Para mí es politizar nuestro sistema de inmigración cada vez más.”, explicó.

“Esto no es contra Jason Kenney en particular. Sino contra la idea de que cualquier ministro acumule tanto poder. No es bueno”, zanjó Sims.

Kenney, por su parte, replicando alegando que “yo no quiero que el actual, o cualquier futuro gobierno abusa de este tipo de poder” dijo este martes, en declaraciones a periodistas en una teleconferencia desde el Reino Unido.

“Pero yo creo que en ciertos casos hay gente cuyos puntos son demasiado extremos y violentos y que, si no lo impedimos, pueden entrar a Canadá. Creemos que hay existe un equilibrio a la hora de permitir la entrada de extranjeros, y vamos a luchar por conseguirlo.”

Kenney alega que el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, EE.UU. permiten esta norma.

“No estamos buscando un poder generalizado para evitar el ingreso de personas a Canadá cuyas opiniones políticas sean diferentes a las nuestras. Solo queremos impedir el paso a aquellos radicales que podrían dar lugar a situaciones de odio o violencia”, dijo Kenney.

Otros cambios que incluye la propuesta son:

Suprimir las apelaciones de las personas con condenas en el extranjero por delitos que acarrearían una sentencia máxima de 10 años en Canadá.

Negar la entrada a Canadá a las personas que tengan un miembro de la familia inadmisible por razones de seguridad y de derechos humanos o por conexiones con el crimen organizado, incluso si ese miembro de la familia no está viajando con ellos.

Informes sobre los menores sobre los que pese órdenes de deportación.

Inadmisibilidad automática para no canadienses y residentes permanentes que hayan participado en actos de espionaje o actos en contra de los intereses de Canadá.

Este proyecto va en consonancia con otro del gobierno federal, que propuso que los inmigrantes que aplican para obtener la ciudadanía canadiense puedan demostrar que hablan con fluidez uno de los dos idiomas oficiales del país.

El equipo de Harper se encuentra ahora solicitando opiniones sobre esta propuesta, que consistiría en exigir, como mínimo, el nivel 4 de Canadian Language Benchmark, en inglés o francés.

El gobierno, además, asegura que el cambio propuesto no aumentaría el nivel del idioma requerido, y que lo único que busca con esta medida es que los funcionarios y jueces encargados de expedir la ciudadanía tengan una “evidencia objetiva de la capacidad lingüística del solicitante.”

Las regulaciones actuales requieren únicamente que los solicitantes pueden enunciar y entender declaraciones verbales básicas, así como preguntas en tiempo pasado, presente y futuro.

El Servicio de Inmigración de Canadá reconoce que las habilidades del lenguaje han sido calificadas por los funcionarios del gobierno como “insuficientes”.

Actualmente, las capacidades lingüísticas se evalúan a través de un examen escrito de opción múltiple que también verifica el conocimiento que los solicitantes tienen sobre Canadá y sobre las responsabilidades de la ciudadanía.

“La prueba escrita es una representación insuficiente para evaluar el lenguaje, ya que no valora adecuadamente el modo de escuchar y hablar del postulante, que son las habilidades lingüísticas esenciales para la integración y comunicación efectiva con los ciudadanos canadienses”, dicen desde el gobierno.

La nueva normativa, en caso de aprobarse, obligaría a que aquellos inmigrantes que no superasen la prueba escrita, o que los funcionarios considerasen que no tienen el nivel suficiente en expresión oral y comprensión, a acudir a una entrevista con un juez de ciudadanía.

El anuncio del gobierno dice que el sistema actual es insuficiente y que, a la larga, acaba perjudicando al inmigrante.

Las normas propuestas tienen como objetivo fortalecer la “integración de los recién llegados mejorando los resultados de lenguaje y fomentando su participación plena en la sociedad canadiense”, dice el anuncio.

De esta forma, reconoce el gobierno, sería más eficiente el proceso de aplicación y se reducirían las cargas administrativas.

“Además, pedir la prueba de habilidad en el idioma proporcionaría a los jueces de la ciudadanía, que son los encargados de tomar la decisión, una evidencia adicional objetiva sobre la que basar sus decisiones”.

Las personas tendrían 30 días para formular observaciones sobre los cambios reglamentarios propuestos.