Los vídeos sobre la muerte de Ashley Smith no serán tomados como pruebas
Los vídeos sobre la muerte de Ashley Smith no serán tomados como pruebas
TORONTO.- Las autoridades penitenciarias están pidiendo que no se publiquen las cintas de vigilancia que recogen la muerte de la presa adolescente Ashley Smith, al menos por el momento.
Así pues, los vídeos no serán usados como evidencias.
Permitir que el público vea las cintas antes de que comience en juicio podría socavar el proceso, alegaron las autoridades.
La moción para sellar los materiales, que el abogado de la familia de Ashley Smith, Julian Falconer,
tachó de “encubrimiento puro y duro”, amenaza con retrasar aún más el ya de por sí postergado juicio.
“Este es un ejemplo clásico de la forma en la que el Servicio Correccional de Canadá hace negocios” dijo Falconer el lunes. “Su primer impulso es sellar y ocultar pruebas a la opinión pública”.
Además, los médicos que trataron a la adolescente, luchan ahora por librarse de la investigación judicial.
Los tres doctores (dos psiquiatras y un médico general) argumentan que los objetivos de la investigación son inconstitucionales porque incluyen hechos ocurridos fuera de Ontario.
Esta polémica amenaza con retrasar aún más el juicio, lo que ha enfurecido a la familia de Ashley Smith, quienes afirman que los médicos están tratando de librarse de su responsabilidad en la muerte de Smith.
“Esto ya es demasiado para los miembros de la familia. Están abatidos.”, dijo el abogado de la familia Julian Falconer. “¡Qué triste que las cosas tengan que ocurrir así!”, lamentó.
Smith, de 19, y natural de Moncton, NB, pasó los últimos 11 meses de su vida entrando y saliendo de centros penitenciarios, en muchos de los cuales permanecía en régimen de aislamiento.
La joven murió ahogada dentro de su celda por la presión de una tira de tela, en la institución federal Grand Valley para Mujeres, en Kitchener, Ontario, en octubre de 2007, después de numerosos episodios de autolesión.
Todo indica que fue un suicidio, lo que deja en mal lugar a los profesionales que la trataron, pues sabiendo que era una paciente con tendencias suicidas, no pusieron las medidas de prevención necesarias para evitar la tragedia.
En una decisión de largo alcance el presidente médico forense, el Dr. John Carlisle, dijo que los efectos a largo plazo del régimen de aislamiento al que Smith fue sometida pudieron agravar su estado y que esa debe de ser una de las partes principales de la investigación.
Smith sufrió una enfermedad mental grave y fue diagnosticada de tendencia suicida. Además, intentó ahorcarse en repetidas ocasiones, explicó el abogado de la familia.
“Está claro que las personas que estaban a su cargo no obraron de forma adecuada. La muerte de Smith se podía haber evitado si se hubiese actuado de una forma más profesional”, abundó Carlisle.
Sin embargo, los tres médicos de Ontario, Loys Jane Ligate, Carolyn Jean Rogers y el Dr. Sam Swaminath, mantienen que Carlisle ha excedido su autoridad constitucional “al pretender investigar
asuntos ocurridos fuera de las fronteras de la provincia de Ontario.”
Apoyados por el Servicio Correccional de Canadá, están presionando para reducir el alcance de la investigación, algo que el abogado especialista en casos infantiles de Ontario, Irwin Elman, tachó de ridículo.
“Cada día que pasa sin que sepamos lo que verdaderamente ocurrió es deshonrar la memoria de la joven y extender la tragedia”, dijo Elman.
“Es un golpe para la familia que los cuidadores, que deberían mostrar interés en que todo este asunto se trate de la manera más limpia posible, estén alargando y torpedeando el proceso”, apuntó.
Esta es la segunda investigación que se lleva a cabo sobre la muerte de Smith. La primera de ellas se anuló el año pasado en medio de disputas legales y la abrupta renuncia del juez de instrucción.
Una de las polémicas de la primera investigación fue la que aconteció después de que se publicase una cinta de vídeo en la que se apreciaba a trabajadores de la cárcel de Quebec poniendo inyecciones a Smith sin su consentimiento, mientras el personal médico le amenazaba con más pinchazos.
La nueva audiencia ha sido programada para el 13 de enero 2013.
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