Primeros testimonios en el caso de la muerte de Ashley Smith

Primeros testimonios en el caso de la muerte de Ashley Smith

El doctor John Carlisle, jefe de los médicos forenses.

TORONTO.- Un jurado de investigación forense ha comenzado a escuchar este lunes los primerios testimonios sobre el caso del suicidio de Ashley Smith, la joven de 19 años con problemas mentales que se ahorcó en una prisión de Ontario.

Esto marca el inicio de la segunda investigación sobre la muerte de Smith después de que el primer intento se supendiera por multitud de polémicas.

El jefe de los médicos forenses, el Dr. John Carlisle, ya ha dejado claro que quiere investigar cómo tratan en la cárcel a las personas con enfermedad mental.

Smith tenía 19 años cuando murió el pasado 19 de octubre de 2007, mientras estaba presa en la Institución para Mujeres Grand Valley, en Kitchener.

La investigación, que se reanuda hoy, servirá para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Smith y, posiblemente, hacer recomendaciones encaminadas a prevenir muertes similares.

Se espera que el procedimiento dure un mínimo de seis meses ya que los jueces deben escuchar el testimonio de 50 testigos.

Smith, natural de Moncton, Nueva Brunswick, se suicidó mientras los guardas de la prisión la vigilaban.

La joven pasó la mayor parte de su último año en confinamiento solitario exhibiendo conductas autolesivas. Durante este periodo, Smith fue trasladada 17 veces a nueve prisiones de cinco provincias del país.

El juicio, a tenor de los acontecimientos que han tenido lugar durante los últimos meses, está maldito. Se ha retrasado varias ocasiones y se ha visto envuelto en fuertes polémicas.

La primera, que fue la que más revuelo causó, fue la prohibición por parte de las autoridades penitenciarias de publicar y usar como pruebas las cintas de vigilancia que recogen la muerte de Ashley Smith.

Las autoridades explicaron entonces que permitir que el público vea las cintas antes de que

comience el juicio podría socavar el proceso.

La moción para prohibir este material, que el abogado de la familia de Ashley Smith, Julian Falconer, tachó de “encubrimiento puro y duro”, retrasó aún más el ya de por sí postergado juicio.

“Este es un ejemplo clásico de la forma en la que el Servicio Correccional de Canadá hace negocios” dijo Falconer. “Su primer impulso es sellar y ocultar pruebas a la opinión pública”.

La segunda polémica, que también provocó la indignación de los familiares de la víctima, fue el intento de librarse de la investigación judicial por parte de los médicos que trataron a Smith.

Los tres doctores (dos psiquiatras y un médico general) argumentaron que los objetivos de la investigación eran inconstitucionales porque incluyen hechos ocurridos fuera de Ontario.

Esta polémica volvió a retrasar el juicio, enfureciendo a la familia de Ashley Smith, cuyos miembros afirmaron que los médicos estaban tratando de librarse de su responsabilidad en la muerte

de la joven.

“Esto ya es demasiado para los miembros de la familia. Están abatidos.”, dijo el abogado de la familia . “¡Qué triste que las cosas tengan que ocurrir así!”, lamentó.

La joven murió ahogada dentro de su celda por la presión de una tira de tela que ella misma se colocó alrededor del cuello, en la institución federal Grand Valley para Mujeres, en Kitchener, Ontario, en octubre de 2007, después de numerosos episodios de autolesión.

Todo indica que fue un suicidio, lo que deja en mal lugar a los profesionales que la trataron, pues sabiendo que era una paciente con tendencias autolesivas, no pusieron las medidas de prevención necesarias para evitar la tragedia.

En una decisión de largo alcance, el presidente médico forense, el Dr. John Carlisle, dijo que los efectos a largo plazo del régimen de aislamiento al que Smith fue sometida pudieron agravar su estado y que esa debe de ser una de las partes principales de la investigación.

Smith sufría una enfermedad mental grave y fue diagnosticada con tendencia suicida. Además, intentó ahorcarse en repetidas ocasiones, explicó el abogado de la familia.

“Está claro que las personas que estaban a su cargo no obraron de forma adecuada. La muerte de Smith se podía haber evitado si se hubiese actuado de una forma más profesional”, abundó Carlisle.

Sin embargo, los tres médicos de Ontario, Loys Jane Ligate, Carolyn Jean Rogers y el Dr. Sam Swaminath, argumentaron que Carlisle excedió su autoridad constitucional “al pretender investigar asuntos ocurridos fuera de las fronteras de la provincia de Ontario.”

Apoyados por el Servicio Correccional de Canadá, los médicos presionaron para reducir el alcance de la investigación, algo que el abogado especialista en casos infantiles de Ontario, Irwin Elman, tachó de ridículo.

“Cada día que pasa sin que sepamos lo que verdaderamente ocurrió es deshonrar la memoria de la joven y extender la tragedia”, dijo Elman.

“Es un golpe para la familia que los cuidadores, que deberían mostrar interés en que todo este asunto se trate de la manera más limpia posible, estén alargando y torpedeando el proceso”, apuntó.

Además, el juicio de Smith ya fue suspendido en 2011 en medio de disputas legales y la abrupta renuncia del juez de instrucción.

Una de las polémicas de la primera investigación fue la que aconteció después de que se publicase una cinta de vídeo en la que se apreciaba a trabajadores de la cárcel de Quebec poniendo inyecciones a Smith sin su consentimiento, mientras el personal médico le amenazaba con más pinchazos.