Pensionistas de Nortel fueron tratados injustamente por la ley de la bancarrota

Pensionistas de Nortel fueron tratados injustamente por la ley de la bancarrota

"Me cuesta imaginar una situación más injusta en el caso de una quiebra, los tenedores de bonos que esperar más que el pago completo", dijo el presidente del sindicato, Ken Lewenza.

TORONTO.- El sindicato canadiense “Auto Workers” (CAW en sus siglas en inglés) culpa a los dueños de los bonos de Nortel  por el hecho de no llegar a un acuerdo para dividir los 9 mil millones de dólares de la ahora empresa quebrada.

El CAW afirma que las leyes de bancarrota de Canadá permiten el tratamiento injusto de los ex trabajadores de Nortel, empleados discapacitados y pensionistas al mismo tiempo que los titulares de deuda de la empresa exigen el pago en su totalidad.

“Me cuesta imaginar una situación más injusta en el caso de una quiebra, los tenedores de bonos que esperar más que el pago completo”, dijo el presidente del sindicato, Ken Lewenza.

En este sentido, tres ejecutivos de la compañía Nortel acusados de fraude fueron declarados no culpables hace dos semanas. Los hombres fueron absueltos de las acusaciones de haber orquestado un fraude multimillonario con el que enriquecerse.

Los tres ex altos mandos de la extinta empresa de telecomunicaciones han sido declarados inocentes

de todos los cargos por un juez de tribunal de Ontario, que explicó ante los fiscales de la Corona que la las pruebas presentadas contra los acusados no eran suficientes para condenarles.

“No estoy convencido, más allá de una duda razonable, de que Frank A. Dunn, Douglas C. Beatty y Michael J. Gollogly falsearan deliberadamente los resultados financieros de Nortel Networks Corporation”, dijo el juez del Tribunal Superior de Ontario, Frank Marrocco, en su fallo.

“Por lo tanto, creo que ninguno de ellos es culpable de los cargos de esta acusación.”

Los acusados se enfrentaban cada uno a dos cargos de fraude, uno por estafar al “público inversor”, y otro por estafar a Nortel Networks Corp. Si se les hubiera declarado culpables, podrían haber sido condenados a un máximo de 10 años de prisión.

Los acusados fueron despedidos por Nortel en 2004, y la decisión de este lunes se produce un año después de comenzase el juicio.

El fiscal de la Corona argumentó durante el juicio que los hombres fueron cómplices en la liberación de devengo. Esencialmente, la Corona apuntó que los acusado permitieron que el dinero fuese liberado del fondo de emergencia de Nortel durante los trimestres difíciles, a pesar de que la compañía estaba en realidad operando con pérdidas.

Y debido a que sus propios bonos (los de los acusados) se basaban en la capacidad de realizar actividades rentables para la empresa, la fiscalía dijo que los hombres se beneficiaron directamente de la estrategia por una suma de $ 12,8 millones.

Sin embargo, Marrocco apuntó en su fallo que simplemente no había suficientes evidencias de que ninguno de los acusados hubiese cometido un delito.

“Es un hecho el que las normas de contabilidad de las empresas grandes permiten un cierto grado de libertad de acción, una corporación puede tener un enfoque determinado, otra empresa puede adoptar otro enfoque.

Es decir, que lo que en una empresa puede considerarse legal no tiene por que serlo en otra. Y de esto es de lo que se ha servido el juez para exculpar a los acusados”, dijo uno de los comentaristas políticos que sigue el caso.

En su punto máximo, Nortel tenía más de 90.000 empleados en todo el mundo y llegó a poseer cerca de 300 mil millones. En un momento dado, cuando se desató la crisis económica mundial, las acciones de la compañía comenzaron a descender de forma brusca.

La compañía se declaró en bancarrota en 2009 en América del Norte y Europa, y despidió a miles de empleados.

Los abogados defensores habían argumentado que no había pruebas de una conspiración entre los tres auditores acusados y el exterior. El abogado de Dunn mantiene que su cliente sólo tomó los números que se le dio a él como director general, y que no tenía ninguna razón para creer que eran falsos.

Sin embargo, la Corona respondió que no había falsificación flagrante de los registros durante el mandato de Dunn y que, por tanto, debería ser responsable de lo que pasó durante su administración.