Oposición y conservadores batallan por transparencia presupuestaria

Oposición y conservadores batallan por transparencia presupuestaria

El Ministro de Finanzas, Jim Falherty, recibe información confidencial sobre análisis financieros para presupuestos.

TORONTO.- Diputados de la oposición que tienen a su cargo funciones prioritarias en la Cámara de los Comunes están a punto de pedirle al gobierno la entrega de documentos claves financieros, correspondientes al período previo al presupuesto federal.

Cuánta información del Parlamento sobre las finanzas de la nación es revelada al público. Es una interrogante que se ha convertido en un asunto político a discutir en Ottawa.

Esta semana, dos ex funcionarios públicos publicaron un artículo acusa al gobierno por no dotar a los parlamentarios con información suficiente antes de votaciones importantes en las cuentas de dinero.

Un movimiento liberal que se debatirá a puerta cerrada, por orden del Comité de Cuentas Públicas del Departamento de Finanzas, solicitará para los parlamentarios copias de análisis financieros, a largo plazo, elaborados entre 2010 y el presente.

El Auditor General había pedido al referido Departamento publicar este tipo de análisis en su informe en noviembre pasado, señalando que el gobierno se había comprometido a hacerlo en 2007.

“Esta falta de información significa que los parlamentarios y los canadienses no tienen toda la información relevante para comprender el impacto, a largo plazo, de los presupuestos de los gobiernos federal, provinciales y territoriales, con el fin de apoyar el debate público y para responsabilizar al gobierno a rendir cuentas”, de acuerdo con el informe de otoño.

Pero cuando los MPs de la oposición preguntaron a un funcionario del Departamento de Finanzas si los análisis fueron publicados. El burócrata respondió si acaso era el Ministro.

El Asistente al Viceministro de Finanzas, Benoit Robidoux, continuamente se refirió a otro documento, un informe de octubre de 2012 sobre el envejecimiento de la población de Canadá, como prueba de que el despacho estaba a la altura de sus compromisos. También sugirió que los análisis por escrito para el Ministro son confidenciales.

El liberal Gerry Byrne, partidario de la moción de que de que parlamentarios deben revisar los análisis pre-presupuesto que recibe el Ministro de Finanzas, Jim Flaherty, y antes de que sean llamados a votar en las cuentas presupuestarias.

“Existe la presunción de que para que la información sea útil a los parlamentarios, esta tiene que ser entregada antes de una decisión por el Parlamento”, dijo Byrne.

El MP del NDP, David Christopherson, Presidente de la Comisión de Cuentas Públicas, se mostrò molesto cuando el funcionario financiero parecía seguro acerca de lo que el comité tenía el derecho de exigir. “No tengo el poder para hacer cualquier cosa de manera unilateral, pero estoy muy claro en esto: como un comité del Parlamento existe un derecho irrestricto a la demanda que los documentos y registros que producir”, dijo Christopherson.

“Espero que el comité solicite formalmente la información y luego vamos a ver qué tipo de respuesta obtenemos. Pero sólo aceptar: “No, los parlamentarios no se puede tener esos documentos, es inaceptable”.

Pero no está claro si los conservadores que tienen la mayoría en el comité permitirá el movimiento de los liberales.

El MP conservador, Andrew Saxton, había sugerido que se enviara una carta al Departamento de Finanzas pidiendo los documentos, en lugar de un movimiento que dependerá del privilegio parlamentario.

Esta semana, los ex funcionarios del Departamento de Finanzas, Scott Clark y Peter DeVries se unieron a la petición de una mayor transparencia de la información financiera del gobierno.

“Los documentos del presupuesto contienen menos datos económicos y fiscales que en cualquier presupuesto de los últimos veinticinco años”, de acuerdo a un escrito de ambos para la revista Política Interior.

“Es simplemente imposible evaluar adecuadamente las previsiones económicas y fiscales sobre la base de los datos facilitados. Las solicitudes de información se niegan sobre la base de que los datos constituyen “la confianza en el Gabinete”.