Ottawa puede proceder solo en la reforma del Senado sin acuerdo de las provincias

Ottawa puede proceder solo en la reforma del Senado sin acuerdo de las provincias

Pierre Poilievre fue nombrado Ministro de Estado para la Reforma Democrática en el reciente cambio de gabinete, heredando la responsabilidad de los intentos del gobierno para reformar el Senado y el sistema electoral.

OTTAWA.- Pierre Poilievre, Ministro de Estado para la Reforma Democrática, abordó la posición del Gobierno sobre la reforma del Senado en Parliament Hill.

Poilievre, conocido como acusador del gobierno cuando respondió a las preguntas en nombre del gobierno ante la Cámara de los Comunes, actualmente se desempeña como jefe del despacho encargado de supervisar algunas de las políticas prioritarias del gobierno conservador, que contempla la reforma electoral y la reforma del Senado.

En febrero, el gobierno solicitó a la Corte Suprema de Canadá si el Parlamento puede promulgar términos fijos para senadores, ya sea para 8, 9 o 10 años, o dos o tres períodos parlamentarios de cuatro años cada uno.

Otro asunto planteado a la Corte por el gobierno es si la Constitución puede ser modificada por el Parlamento para asegurar que las provincias sean consultadas sobre los nombramientos del Senado.

El Primer Ministro Canadiense, Stephen Harper, ha instado a las provincias elegir a los senadores y ha prometido que serán designados, pero el argumento del gobierno ante el tribunal resaltó que no habría obligación vinculante de designar senadores electos, pero hizo hincapié en que es esencial que los nombres de los candidatos al Senado propuestos por las provincias se les darán la debida consideración.

Poilievre dijo que el gobierno confía en que el Parlamento tiene la autoridad para “adoptar las mejoras” en su legislación para una reforma del Senado.

“La opinión de la Corte Suprema nos permitirá avanzar al proporcionar claridad sobre los procedimientos apropiados que requieren modificación”, dijo.

El gobierno también ha pedido al alto tribunal sobre si el Parlamento puede derogar la exigencia de requisitos de propiedad para los senadores. En la actualidad, los senadores deben poseer una residencia de por lo menos $ 4,000 en la provincia que representan, una cantidad que representa una suma considerable en 1867, pero no en los actuales momentos.

El gobierno sugiere que la obligación de la propiedad sea eliminada por completo.

El Parlamento ha reformado unilateralmente el Senado en el pasado, sin buscar la aprobación de las provincias cuando se legisló la jubilación obligatoria para los senadores a los 75 años. Antes de eso, como Poilievre dijo, un senador “habría trabajado durante toda la vida”.

Al máximo tribunal también se le preguntó sobre la abolición del Senado. Se le ha consultado sobre su constitucionalidad. En concreto, si la supresión requeriría el apoyo de siete provincias, con 50 por ciento de la población de Canadá, o el apoyo unánime de todas las 10 provincias.

Sin embargo, la abolición del Senado no forma parte del paquete de reforma del Senado del gobierno.

Poilievre dijo que la posición preferida por el gobierno para reformar el Senado, no se abolió. Cree que la reforma del Senado puede llevarse a cabo sin el apoyo de las provincias.

Reiteró que la posición del gobierno de que si el Senado no puede ser reformado, debe ser abolido, por lo que el máximo tribunal ha pedido que ofrezca una opinión sobre cómo se podría lograr la abolición.

“El Senado requiere una reforma o, igual que sus contrapartes provinciales, debe ser abolida. Esta referencia a la Corte les dará a los canadienses una serie de opciones jurídicas y tal vez incluso una guía de instrucciones sobre la manera de proceder. Y una vez que el tribunal superior emita su pronunciamiento, los canadienses conocerán la manera de hacerlo”, dijo.

El gobierno argumenta que el Senado legalmente podría ser abolida mediante la fórmula de enmienda en el artículo 38 de la Ley de la Constitución, que exige el consentimiento de las dos terceras partes de las provincias que representen al menos el 50 por ciento de la población, y no todas las provincias. El Gobierno señala que la Constitución fue repatriada a Canadá en 1982 sin el consentimiento de todas las 10 provincias, y que Quebec nunca firmó.

Poilievre dijo finalmente: ” se puede abolir el Senado sin el consentimiento unánime de las provincias? Respondemos que sí”.

No se sabe cuando el tribunal emitirá una opinión, pero el gobierno ha pedido una rápida respuesta, que podría llegar ser para este otoño.

En la reforma electoral, Poilievre propone nuevas normas en el uso de llamadas telefónicas automáticas por parte de los partidos políticos durante las campañas electorales.

El proyecto de ley fue programado para ser introducido en la primavera pasada, pero fue retirado abruptamente por el Ex Ministro de Estado para la Reforma Democrática, Tim Uppal.