Cancelaciones de las dos plantas de Ontario costaron 1 mil millones de dólares

Cancelaciones de las dos plantas de Ontario costaron 1 mil millones de dólares

La Auditora General Lysyk encontró que el Ex Ministro de Energía, Chris Bentley, fue quien ordenó a OPA dar a TransCanada la planta en Napanee. Foto Cortesía The Canadian Press.

TORONTO.- La Auditora General, Bonnie Lysyk, encontró una serie de “decisiones cuestionables” por el gobierno, lo cual incluye la intervención de la oficina del Ex Premier Dalton McGuinty, que condujeron a un precio mucho más alto de lo necesario.

La Auditoría de Lysyk basada en una de las plantas, encontró que al menos $ 675 millones costó la cancelación de la instalación en Oakville. Sin embargo, ese total podría ubicarse por otros US $ 140 millones, dependiendo del costo de la energía.

La suma de esta cifra con el costo previo de la cancelación de la otra planta, en Mississauga, pone el total de la eliminación de los dos proyectos entre US $ 950 millones y $ 1,09 mil millones.

La decisión de cancelar ambas plantas que no contaban con aceptación popular fue ampliamente considerada como estrategia para respaldar a los MPPs liberales locales a ganar la reelección en la votación de 2011.

La auditoría reveló que hubo problemas con la planta de Oakville desde el principio. La Autoridad de Energía de Ontario, OPA, aprobó una propuesta de TransCanada Energy para la construcción de las instalaciones, a pesar de que la ciudad ya estaba tomando medidas legales para evitar que fuera construida.

Cuando el gobierno decidió poner fuera de funcionamiento la planta en el otoño de 2010, el personal del Ex Premier McGuinty tomó una decisión que hizo que los gastos de anulación se elevaran, de acuerdo con Lysyk.

El contrato de OPA con TransCanada no obligaba al gobierno a pagar los gastos de cancelación y la OPA logró obtener una opinión legal confirmando esto. Pero la oficina de McGuinty aseguró a TransCanada que sería compensada por el valor total del contrato cancelado, a pesar de que el gobierno no tenía ninguna obligación de hacerlo.

Fue entonces cuando la provincia y OPA entró en un acuerdo de arbitraje con TransCanada que favoreció a la empresa al renunciar a varias cláusulas contractuales que podrían haber protegido OPA.

“Este marco de arbitraje claramente favoreció a TransCanada y le dio ventaja”, según Lysyk.

Finalmente, el gobierno y OPA llegaron a un acuerdo que compensaría TransCanada, dándole un nuevo contrato para una planta de gas cerca de Napanee, Ontario. Esta decisión hizo subir los costos de la provincia de nuevo, ya que cuesta más para enviar energía a Napanee y transmitir la energía a la zona de Toronto que bajo el plan original.

Al final, TransCanada se fue con una oferta mejor de lo que hubiera recibido si la planta de Oakville no hubiera sido cancelada.”Ellos lograron una mejor opción con la planta Napanee que lo que tenían en Oakville. ”

Lysyk encontró que el Ex Ministro de Energía, Chris Bentley, fue quien ordenó a OPA dar a TransCanada la planta en Napanee.

“En general, los usuarios de electricidad tendrán que pagar precios más altos para el servicio en el futuro como resultado no sólo de la cancelación del contrato de Oakville, sino también de que OPA no fue capaz de sacar el máximo provecho de los términos en el contrato de Oakville, que bien pudo haber permitido a la provincia conseguir una mejor oferta”, dijo Lysyk.

Las consecuencias de las cancelaciones ha consumido la legislatura provincial en los últimos dos años. McGuinty y su gobierno siempre afirmaron que la anulación de las instalaciones de Oakville costaría sólo $ 40 millones de dólares, el dinero gastado en la construcción de la planta.

Cuando se conoció que ese monto era incorrecto, ya que no consideraba los costos adicionales de compensación de TransCanada con una nueva planta, surgieron los ataques de la oposición al gobierno.

La oposición acusó a Bentley de retener la documentación relacionada con las cancelaciones. Tanto McGuinty como Bentley renunciaron en medio de la controversia.

Un comité legislativo lleva la investiga el caso y tiene la decisión de una acusación de descrédito por parte del parlamento contra el gobierno.