Jesús Santrich, en julio pasado, en una protesta exigiendo el cumplimiento de la ley de amnistía para los terroristas de las FARC.

Con el desarme de las FARC, el país ha volteado a mirar otros temas que también han desangrado durante años a los colombianos. La corrupción tiene al sistema de salud en crisis, al aparato judicial entre ojos y a una ciudadanía cansada de que sus impuestos vayan a parar al bolsillo de políticos ambiciosos. Por eso no sorprendió que en la encuesta Gallup Poll del mes de agosto, las FARC consiguieran una opinión menos desfavorable que los partidos políticos. El 87% de los colombianos entrevistados dijeron tener una mala imagen de los funcionarios, mientras un 84% opinó así sobre los exguerrilleros. Y aunque la mayoría consideró que está mejorando la reintegración de los desmovilizados a la vida civil, la clase política demuestra lo contrario.

El Congreso de la República, que se supone es la representación del pueblo, ha sido escenario en los últimos días de una “guerra” que anticipa un difícil camino para lo que se viene. A inicios de este mes, congresistas del Centro Democrático, seguidores de primera línea del expresidente Álvaro Uribe, mostraron, con gritos, su incomodidad ante la presencia de Jesús Santrich, uno de los líderes de la desaparecida guerrilla de las FARC y ahora movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. “Terrorista”, “asesino”, los insultos estaban llenos de ira.

Para algunos con toda la razón. Se oponen a que los exguerrillos se paseen por el Parlamento sin que hayan reparado a sus víctimas y pagado condenas, para otros la actitud de los congresistas es una muestra de lo lejos que está la clase política de asumir que a su lado, debatiendo, estarán quienes alguna vez intentaron llegar al poder por la vía de las armas. Esta vez, el uribismo prefirió retirarse de la audiencia ante la presencia de Santrich que puede ser uno de los integrantes del partido de las FARC que ocupe alguna curul a partir del 20 de julio del próximo año, como lo plantea el acuerdo de paz.

Esta semana, otro episodio recordó lo difícil que está resultando para algunos compartir recinto con quienes decidieron cambiar las balas por las armas. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, le pidió a la Policía no permitir el ingreso de exguerrilleros de las FARC al Congreso. Lara argumentó su petición recordando “los repetidos y lamentables acontecimientos producidos por el ingreso y participación, en distintas audiencias, de los exintegrantes de las FARC”. La decisión del presidente de la Cámara generó división entre los demás parlamentarios. Efraín Cepeda, la cabeza del Senado, aseguró que desde esa orilla del Parlamento no harán lo mismo. Reconocen que los líderes guerrilleros ya se desmovilizaron y no habría por qué negarles la entrada. “Si algún senador quiere permitirles la entrada a sus oficinas nosotros no hemos impartido ninguna prohibición, pueden hacerlo con tranquilidad”, explicó.

Los representantes de las FARC se han defendido, han dicho que se beneficiaron de una amnistía que les permite entrar al Congreso como cualquier otro ciudadano. El país ve con asombro cómo los debates que deberían estar concentrados en temas como la muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que este mes tiene cifras rojas (10 asesinatos en 22 días), se enfrascan en discusiones que se creían que ya estaban superadas. Que las FARC se muevan en la política era justamente uno de los propósitos del proceso de paz.