Mano dura en la ley contra el crimen de Harper
Mano dura en la ley contra el crimen de Harper
Las medidas incluidas en la normativa propuesta por el Gobierno conservador incluyen un aumento de las penas máximas, más poder para la policía, endurecimiento en las sentencias a los jóvenes y una mayor cobertura judicial a las víctimas del terrorismo. La oposición critica el alto coste que supondrá para el sistema judicial en un momento en que la tasa de criminalidad está bajo mínimos.
El ministro de Justicia, Rob Nicholson, durante la presentación de la nueva ley. Foto: CTV
El Popular. Ottawa.- El Gobierno de la mayoría conservadora del primer ministro, Stephen Harper, dio este martes el pistoletazo de salida a su campaña para hacer realidad la promesa electoral de introducir, o, en muchos casos, recuperar, una serie de medidas relacionadas con la lucha contra el crimen, que estarán incluidas en un nuevo proyecto de ley.
El coste de la aplicación de estas medidas es una de las principales preocupaciones de los partidos de la oposición, que se han comprometido a tratar de dificultar en lo posible la aprobación del proyecto de ley en el transcurso de los 100 días de la recién inaugurada nueva sesión parlamentaria, tal y como prometieron los conservadores la pasada primavera.
En declaraciones a los periodistas, el ministro de Justicia, Rob Nicholson, expresó el “profundo agradecimiento” del Gobierno a los canadienses por su apoyo en las últimas elecciones, un apoyo que, según dijo, “nos ha dado un mandato fuerte para poder seguir adelante”.
El proyecto de ley, denominado Acta para la Seguridad en las Calles y en las Comunidades contiene medidas que estaban incluidas en nueve proyectos de ley anteriores presentados por el Ejecutivo al Parlamento antes de las elecciones federales.
Entre estas medidas se encuentra el establecimiento de sanciones adicionales para combatir delitos graves relacionados con las drogas y el crimen organizado, sobre todo cuando hay jóvenes involucrados, incluyendo un aumento de siete a catorce años en la pena máxima impuesta por posesión y producción de drogas como la marihuana, así como una mayor vigilancia sobre los cultivos de este estupefaciente, atendiendo a razones de salud y seguridad.
El Gobierno pretende asimismo aumentar las penas mínimas obligatorias en una serie de sentencias, incluyendo las referidas a delitos relacionados con la explotación infantil.
Otras medidas son la eliminación del arresto domiciliario (condena condicional) para una nueva lista de delitos graves y la supresión de los indultos para algunos delitos graves o casos de reincidencia.
El Gobierno quiere establecer también nuevos delitos relativos a la distribución de pornografía o el uso de las nuevas tecnologías en relación con los delitos sexuales contra los niños.
El proyecto de ley establece además medidas para proteger al público de jóvenes delincuentes violentos, aplicándoles en algunos casos penas de adultos y levantando la prohibición de publicar sus nombres.
Por otro lado, el ministro de Seguridad Pública dispondría de un mayor criterio a la hora de decidir sobre el regreso a Canadá de delincuentes sexuales canadienses.
Otro de los objetivos contemplados en la propuesta es proporcionar un mayor apoyo a las víctimas del terrorismo, habilitando los medios necesarios para que puedan presentarse demandas ante los tribunales canadienses contra personas u organizaciones que cometan actos terroristas, incluyendo una lista de estados extranjeros que, según Ottawa, “se sabe que patrocinan el terrorismo”.
Los cambios en el sistema de libertad condicional tienen como fin, según el Gobierno, dar un mayor protagonismo a las víctimas y “aumentar la responsabilidad del infractor”. Para ello se establecen nuevas sanciones y se otorgan más poderes a la policía.
El proyecto de ley contempla también reformas en las normas sobre inmigración para combatir la explotación de extranjeras en el ámbito de la prostitución, así como la de trabajadores poco cualificados o de cualquier otra posible víctima de la trata de personas.
El ministro de Inmigración, Jason Kenney, se unió a Nicholson en la conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la propuesta del Gobierno. Kenney recordó a los periodistas que los conservadores ya adoptaron en el año 2006 el compromiso de fortalecer la Real Policía Montada y de poner “más policías en la calle”, incluyendo un mayor número de agentes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Pero para ello, señaló, “son necesarias herramientas legales”.
La oposición, por su parte, ha criticado duramente la intención del Gobierno de poner en marcha una serie de medidas que supondrán un alto coste para el sistema judicial, en un momento en que la tasa de delitos y crímenes se encuentra en mínimos en el país, y sin contemplar, por otra parte, iniciativas más centradas en la disuasión de los delincuentes.
Con respecto a las estadísticas sobre delitos, los conservadores argumentan que solo el 30 por ciento de las víctimas informan a la Policía, por lo que el registro de crímenes no es muy fiable.
Catherine Latimer, directora ejecutiva de la Sociedad John Howard, indicó que los sistemas penitenciarios provinciales y federales están ya tan saturados que las nuevas medidas del Gobierno pueden acabar violando las disposiciones contempladas en la Carta contra el Castigo Cruel e Inusual.
La organización Corrections Canada, por su parte, señaló que con este proyecto de ley el costo total del sistema judicial se elevará hasta los 3.000 millones de dólares en este año fiscal, desde los 1.600 millones de 2006, año en que los conservadores de Harper llegaron al poder. “Estos costos serán asumidos por las provincias y por los contribuyentes de todo el país”, dijo Latimer.
La negativa del Gobierno a revelar el costo de la legislación de Justicia en el anterior ejercicio contribuyó a la moción de censura presentada por los partidos de la oposición en el Parlamento la pasada primavera. Finalmente, el Gobierno ofreció documentos que sugerían que 18 medidas propuestas costarían alrededor de 631 millones de dólares en total. La oficina independiente del presupuesto, sin embargo, informó de que tan solo una de estas medidas costaría al sistema miles de millones de dólares.
Este martes, el ministro de Justicia eludió una vez más las preguntas sobre los costes detallados relacionados con la nueva legislación, asegurando, en su lugar, que el crimen le cuesta a la economía canadiense unos 99.000 millones de dólares al año.
Tanto el Partido Liberal como el NDP se han opuesto a los anteriores intentos del Gobierno por sacar adelante esta legislación, pero la mayoría parlamentaria de la que goza ahora el ejecutivo de Stephen Harper hace que las posibilidades de que sea aprobada sean mucho mayores. No obstante, la oposición dispone de una serie de mecanismos mediante los cuales puede entorpecer o retrasar el proceso, y es probable que intente modificar o enmendar la propuesta en los próximos días, tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado.
