Un grupo de expertos aconseja legalizar el suicidio asistido
Un grupo de expertos aconseja legalizar el suicidio asistido
Los expertos proponen una modificación del código penal para lograr “un sistema permisivo pero cuidadosamente regulado y supervisado”
El Popular. Toronto.- El suicidio asistido y la eutanasia deberían ser legales en Canadá, según concluye un grupo de expertos en un informe publicado este martes. El estudio fue encargado por la Royal Society de Canadá, y ha sido elaborado por seis expertos canadienses e internacionales en bioética, medicina clínica, leyes y políticas sanitarias, y filosofía.
El grupo afirma que es hora de que se revisen las políticas públicas sobre la conclusión de la vida y de que se inicie un nuevo debate nacional.
El informe realiza una serie de recomendaciones sobre cuidados al final de la vida, y propone una modificación del Código Penal para que se permitan la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido.
Los expertos destacan que el apoyo a la despenalización de estas prácticas es alto entre los ciudadanos canadienses, y hace un llamamiento para lograr “un sistema permisivo pero cuidadosamente regulado y supervisado” sobre la muerte asistida.
En el estudio se señala que, para llegar a esta conclusión, se han tenido muy en cuenta tanto los valores de la sociedad canadiense como la experiencia en otros países y los diferentes argumentos legales y éticos, a favor y en contra.
“La experiencia de otras jurisdicciones no respalda los argumentos según los cuales la despenalización aumentará la vulnerabilidad de las personas o dará lugar a una pendiente resbaladiza que lleve de la eutanasia voluntaria a la no voluntaria”, indicó el presidente del grupo de expertos responsable del trabajo, Udo Schuklcnk, en una conferencia de prensa.
“El suicidio asistido y la eutanasia voluntaria debería ser legal para aquellas personas en pleno uso de sus facultades que han tomado la decisión, libre e informada, de que no merece la pena seguir viviendo, de modo, y eso es lo importante, que nadie pueda tomar esa decisión en su nombre”, añadió.
Estos expertos aseguran que los individuos tienen el derecho moral, basado en el principio de autonomía, de tomar sus propias decisiones en lo que respecta al fin de sus vidas. Añaden que los médicos y el personal sanitario no pueden verse obligados a asistir a nadie a morir, pero que tienen el deber de remitir al paciente a quien esté dispuesto a hacerlo.
El estudio sugiere al Gobierno federal que, en colaboración con los gobiernos de las provincias y los territorios, establezca un órgano nacional de control que vigile e informe anualmente sobre los casos de suicidio asistido y eutanasia. También indica que las solicitudes de muerte asistida y el archivo de los documentos relacionados debería estar convenientemente recogidos en la legislación.
El informe fue presentado un día después de que la Corte Suprema de la Columbia Británica recibiese un caso de suicidio asistido que supone todo un desafío legal y ha reabierto el debate sobre este tema, cerca de 20 años después de que las leyes canadienses fuesen cuestionadas por primera vez por la enferma en estado terminal Sue Rodríguez.
El lunes, los abogados de Gloria Taylor, una mujer de 63 años de edad originaria de Kelowna, Columbia Británica, presentaron una demanda en nombre de su representada ante la Corte Suprema de esta provincia. En ella argumentan en contra de una legislación que establece como delito asistir a personas enfermas para que terminen con sus vidas.
El pasado mes de agosto, la Fundación “Despedida” para el Derecho a Morir perdió su batalla legal para conseguir cambios en la ley, debido a que los demandantes eran personas anónimas. Sin embargo, en un caso separado, la jueza Lynn Smith, magistrada de la Corte Suprema en Vancouver desde 1998, aceptó acelerar el proceso emprendido por Taylor, quien solicita un suicidio asistido por médicos.
Gloria Taylor sufre de esclerosis lateral amiotrófica, conocida también como enfermedad de Lou Gehrig, un mal incurable que poco a poco va debilitando a la persona y degenera los músculos hasta el punto de la parálisis.
Taylor es uno de los cinco demandantes en el caso. Los otros cuatro son el médico de familia William Shoichet, la Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica, y Lee Carter y Hollis Johnson, una pareja que llevó a la madre de Carter, Key, hasta Suiza hace dos años para que pudiese morir con la ayuda de un médico.
Sheila Tucker, uno de los abogados involucrados en el caso de Taylor, dijo que su representada es relativamente móvil y que usa un ‘scooter’ para desplazarse, pero que recientemente se cayó y se dañó seriamente las vértebras, lo que podría empeorar su condición.
Según explicó esta abogada, desde que el caso de Sue Rodríguez salió a la luz, otras jurisdicciones, incluyendo Oregón y Washington, en los Estados Unidos, o países como Bélgica, han aprobado leyes con el objetivo de prevenir que las personas sean presionadas o influenciadas para planificar sus propias muertes: “Ahora que existen sistemas eficaces en ese sentido, una prohibición absoluta no es ya constitucionalmente viable”, dijo Tucker, quien añadió que estudios llevados a cabo en Oregón señalan que es poco probable que las personas que desean morir con la ayuda de un médico sean víctimas.
Sin embargo, el doctor Will Johnston, portavoz de la Coalición Canadiense para la Prevención de la Eutanasia en la Columbia Británica, considera que el caso de Gloria Taylor es “preocupante”, ya que, según señala, lo que realmente se plantea es que los médicos no sean necesarios para administrar la dosis letal, o incluso para ser testigos de la muerte del paciente.
Según Johnston, un cambio en la ley sobre el derecho a morir podría traducirse en más abusos contra los ancianos, “especialmente cuando hay dinero de por medio”, dijo.
Además de médico de partos y de especialista en cuidados paliativos para pacientes terminales, Johnston suele ser contratado también por abogados para llevar a cabo evaluaciones sobre la competencia o la capacidad de personas mayores o enfermas. “Puedo pensar en al menos 10 casos de maltrato a personas mayores en los que hay involucradas personas que están tratando de cambiar su última voluntad o de estafarles con sus ahorros, argumentando que sus familiares ancianos no fueron capaces de tomar este tipo de decisiones”, dijo el médico a The Canadian Press.
En Canadá es ilegal que una persona aconseje, ayude o instigue a otra a cometer suicidio. El delito conlleva una pena máxima de 14 años de prisión.
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