INMIGRANDO A CANADA

INMIGRANDO A CANADA

Por Vilma Filici

filici@filici.com

TORONTO. La semana pasada se conoció que la Corte Federal de Canadá había declarado como inconstitucional otra de las prácticas que fueron implementadas por el gobierno anterior en materia migratoria, en la cual se discriminaba a las personas que venían a pedir refugio y eran procedentes de países que se encontraban en la conocida lista de “países designados”.

Básicamente las personas que llegaban de países que se encuentra en esta lista perdían derechos que se les da a los refugiados de otros países. De Latinoamérica, en esa lista se encuentran Chile y México.

Estas personas, procedentes de dichos países, que pedían refugio en Canadá no tenían derecho a hacer una solicitud del Pre-Removal Risk Assessment, conocido como PRRA, la cual se hace al final de todos los procesos, cuando la persona ya está lista para abandonar el país, mediante la cual se busca demostrar que se corre riesgo si se es regresado a su país de origen.

Normalmente, cualquier persona que está siendo sacada del país puede hacer una solicitud de PRRA para evaluar los riesgos que corre si regresa a su país. Pero el anterior gobierno conservador impuso una ley, el 15 de diciembre del 2012, en la que se establece que los refugiados no pueden hacer esa solicitud si no han pasado 12 meses desde el momento en que pierden su caso de refugio, en el caso de las personas que vienen de los “países designados” esta solicitud de riesgo no podía hacerse antes de que pasaran 36 meses a partir de que perdían el caso de refugio.

La semana pasada, lo que dijo la Corte es que no es justo que se discrimine en contra de las personas que vienen de esos países y que no se justifica el trato diferente que se les da. Y esta es una de las últimas decisiones con respecto a las medidas que se tomaron en diciembre del 2012.

Para hacer un poco de historia, en el momento en que se aprobaron las nuevas medidas en diciembre del 2012 sobre cómo se iban a procesar los casos de refugiados, se les había quitado el derecho a beneficios de salud y se les había quitado el derecho a trabajar, y las personas que venían de los “países designados” no tenían derecho a hacer una apelación ante la División de Apelaciones de Refugio.

Todas estas medidas fueron llevadas ante la Corte por la Asociación de Derechos Civiles y la Asociación de Abogados de Refugio, e interesantemente en cada una de estas decisiones la Corte Federal llegó al mismo fallo: que iban en contra de la Constitución y en contra de la Carta de Deberes y Derechos del Ciudadano.

Durante el gobierno anterior, cuando la Asociación de Abogados de Refugio ganó las decisiones ante la Corte Federal, el gobierno las apeló ante la Corte Suprema de Canadá, pero al llegar el nuevo gobierno quitó las apelaciones y le dieron seguimiento a los dictámenes de la Corte Federal. Personalmente no creo que eso haya sido necesariamente porque querían respetar los derechos de los refugiados sino más bien creo que fue porque era demasiado claro que constituían medidas en contra de la Constitución y que de todas maneras iban a perder el caso en la Corte Suprema.

Estamos viendo que ahora, por suerte, la Asociación de Libertades Civiles y la Asociación de Abogados de Inmigración siguen batallando en contra de estas medidas injustas, y esta es una de las últimas peleas en la Corte que ha sido victoriosa.

En lo que esta decisión de la Corte se traduce concretamente es en que, si una persona proveniente de un país que está en la lista de “países designados” como es el caso de mexicanos y chilenos, logra permanecer en el país durante 12 meses después de haber perdido su caso de refugio, tiene la oportunidad de hacer una petición de evaluación de riesgo (PRRA).

Esta evaluación de riesgo de último momento es muy importante dado que puede haber habido cambios en su país de origen, puede haber habido actos en contra de la familia o alguna información nueva que ponga a la persona claramente en riesgo, y por tanto va a tener la oportunidad de presentar esos cambios con las situaciones que la persona viviría si es regresada a su país de origen, y por lo tanto tener la posibilidad de ser aceptado.

Algo que es interesante recordar, y que muchas personas a veces no logran entender, es que estas medidas para limitar los derechos de los solicitantes de refugio fueron adoptadas para tratar de disuadir a las personas de venir a pedir refugio a Canadá. La idea en ese momento era que, si estas personas sabían que no iban a tener seguro de salud, que no iban a tener permiso de trabajo, no iban a tener la posibilidad de apelar sus casos ante la División de Apelaciones de Inmigración, y no iban a tener la posibilidad del PRRA o de Razones Humanitarias, entonces lo pensarían dos veces antes de llegar al país con la intensión de aplicar por refugio.

Se tenía que esperar tres años o incluso 12 meses después de haber perdido el caso antes de poder hacer estas peticiones, y la Agencia de Servicios Fronterizos (CBSA) tiene el mandato de sacar del país a las personas que pierden el caso lo más pronto posible, preferiblemente que no lleguen al año para poder presentar el PRAA.

Algo muy interesante es que durante todo el periodo anterior a diciembre del 2012, antes de que se pasaran todas estas medidas, el entonces Ministro de Inmigración, Jason Kenney, con mucha frecuencia daba declaraciones en contra de los solicitantes de refugio de Rumania y de México.

Casi todas las semanas salía con una declaración acusándolos de ser mentirosos, de estar abusando del sistema, y resulta que hoy en día el nivel de aceptación de personas de Rumania es de alrededor del 70%. Y cuando se mira la documentación de derechos humanos para las personas de ese origen y para los mexicanos, queda claro que en realidad esos países están viviendo situaciones de abusos de derechos humanos y de persecución por distintos motivos muy serios que no justifican que se les haya puesto en una lista de países donde supuestamente no hay abusos de derechos humanos.

Inicialmente la lista de países designados fue creada por el Ministro de Inmigración, él fue quien decidió qué países iban a estar en esta lista porque eran países donde no hay problemas y donde el promedio de rechazos del Consejo de Refugiados es alto. Entonces el nuevo gobierno prometió que iba a crear un grupo de especialistas en derechos humanos que iba a revisar la lista e iba a incluir o quitar países, pero hasta el día de hoy eso no se ha hecho.

A la luz de la última decisión de la Corte Federal, yo creo que está bien que se pelee cada una de las medidas que fueron tomadas por el gobierno anterior, pero me parece que lo que se debería hacer es eliminar de una vez por todas dicha lista de países designados porque no tiene sentido. No importa de qué país llegue la persona, puede tener un temor bien fundado de ser perseguido dependiendo de la situación que haya vivido. No importa si es un país democrático o no, hay personas que pueden ser perseguidas por distintas razones y no merecen ser tratados de forma distinta.

Por ejemplo, en estos momentos todavía se siguen procesando los casos de los países designados más rápidamente que los demás países, y eso es algo que imagino en algún momento también va a ser resuelto por la Corte Federal. La solución obviamente sería que el gobierno actual haga desaparecer esta lista y que todos los solicitantes de refugio sean tratados de la misma forma.