Controversias por militares contra el crimen

Controversias por militares contra el crimen

Crisis migratoria en la frontera.

Especialistas y colectivos alertan sobre riesgos de la medida

CIUDAD DE MÉXICO, 12 MAYO – La decisión del presidente Andrés López Obrador de formalizar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha anticrimen a partir de hoy y durante cinco años desató una fuerte repulsa de expertos y colectivos que alertaron sobre los riesgos de esta medida.
Alejandro Hope, especialista en seguridad, señaló que “falta precisión” en la normativa derivada de una reciente forma constitucional y porque no se establece con exactitud “la situación extraordinaria que justifique la intervención”. La reforma dice que esta participación debe ser “de manera fiscalizada y supervisada, pero el decreto establece que quienes harán esto serán las propias dependencias” y omite que debe estar sujeto a un mando y vigilancia civiles”, indicó.
La investigadora en temas de criminalidad Catalina Pérez Correa objetó que el acuerdo presidencial “simule regular” la actuación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Publica, pero coincidió con Hope en que no “contempla fiscalización ni rendición de cuentas, ni queda subordinado a civiles”.
El colectivo Seguridad Sin Guerra también reprochó al gobierno por “no establecer mecanismos” de este tipo.
Hope cuestionó que el mandatario decidiera “jalar el gatillo” de la intervención militar en la seguridad pública justo cuando el país atraviesa por una crisis de salud” derivada de la pandemia de coronavirus y dijo que esta medida “socava al propio proyecto de la GN”.
Los militares podrán participar en la lucha contra el crimen hasta el 27 de marzo de 2024, casi el final de la gestión del mandatario que prometió durante su campaña “regresar a los militares a sus cuarteles”.
El Ejército y la Armada deberán realizar dichas tareas de “manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria a la Guardia Nacional (GN)”, señaló el mandatario en esta normativa.
La GN un cuerpo civil creado en 2019, con elementos de la Marina, el Ejército y la disuelta Policía Federal, para desarrollar tareas de seguridad.
México sufre una pesadilla de muerte y sangre desde diciembre de 2006 que arroja hasta la fecha cerca de 300.000 muertos y más de 61.000 desaparecidos, desde que el gobierno declaró la “guerra contra las bandas” criminales.
López Obrador justificó su decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha anticrimen a pesar de que ya existe la GN bajo el argumento de que ésta “requiere de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente” sus funciones.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la participación castrense en la guerra contra el crimen por considerar que viola los derechos humanos y ha contribuido a acentuar el problema de los desaparecidos. Además, el 80% del personal de la GN proviene de las filas de la Marina y la Defensa, sus equipos son adquiridos por ambas armas, sus cuarteles construidos por militares y “más de la mitad de su presupuesto lo ejerce el Ejército”, recordó Hope.
César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Militar, indicó que la GN “ha demostrado no tener mando y problemas de indisciplina y corrupción, por lo que, aunque ahora se legalice la militarización de la seguridad pública, habrá problemas”.
“Uno de los grandes problemas de las Fuerzas Armadas es que el mando no se comparte, se ejerce. Entonces vamos a ver varias situaciones” derivadas del tema, indicó.
Seguridad sin Guerra consideró que el decreto “simula una regulación de las tareas de seguridad pública” de las Fuerzas Armadas, pero “en realidad faculta a los elementos castrenses a realizar labores incluso propias del ministerio público “sin controles externos”.
El centro de Derechos Humanos Agustín Pro DH lanzó un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga y se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto.
A su vez, Amnistía Internacional México puso el dedo en “la falta de voluntad política para regresar a los militares a sus cuarteles” y alertó que el militarismo en este país “salió del clóset”.
“El acuerdo pone en evidencia lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente: la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles”, expuso.