Temen escasez de alimentos por los bloqueos
Temen escasez de alimentos por los bloqueos
Fiscalía amenaza con expropiaciones, gobierno urge a diálogo
BOGOTA 08 MAY – Al menos 140 cortes de vías y carreteras del país tiene documentados el gobierno colombiano, que teme a un desabastecimiento de alimentos y bienes en las principales ciudades y en medio de la pandemia.
“Es muy importante entender que lo que se está quedando es el alimento de todos nosotros” y “el ingreso de todos los campesinos que llevan mucho tiempo cultivando”, manifestó este viernes Rodolfo Zea, ministro de Agricultura.
El funcionario ha tocado las puertas de autoridades locales en diferentes zonas del Colombia para lograr que se retiren camiones o barricadas levantadas por manifestantes o en el peor de los casos que se establezcan corredores humanitarios para el paso de alimentos, medicinas y combustibles.
Zea admitió que han tenido que recurrir a autoridades regionales, dado que “no es claro quiénes son las personas con las que debemos hablar en esos bloqueos para que pase el alimento”.
La cabeza visible de las protestas en Colombia, que hoy ajustan diez días, es el Comité Nacional de Paro (CNP), que lideran varias centrales obreras, sin embargo, ese colectivo no tiene la vocería de todos los intereses que hacen parte de la manifestación en las que están involucrados indígenas, campesinos y hasta jóvenes de barrios, entre muchos otros.
Los cortes de carreteras en cercanía a ciudades como Cali, Armenia y Bogotá incluye camiones apostados en las carreteras, algunos de ellos por voluntad propia y otros por temor a ser agredidos por manifestantes, además de barricadas.
La Fiscalía amenazó con aplicar extinción de dominio, la misma norma que se ejerce con los bienes de los narcotraficantes, sobre aquellos vehículos que impidan el tránsito por las carreteras, una decisión que ha sido calificada de inoperante, deshilvanada en lo jurídico y hasta provocadora.
“No vamos a hacer una acciones que generen una situación de mayor violencia dentro de lo que se esta viviendo”, aseguró hoy Martha Mancera, vicefiscal de la Nación, aunque reiteró que podría expropiarse por vías legales los vehículos que por “medios ilícitos” bloquean carreteras, dado que estarían “afectado la vida humana” y “la seguridad alimenticia”.
Francisco José Sintura, un respetado jurista local, académico y exvicefiscal, criticó los argumentos del ente acusador al señalar las equivocaciones jurídicas de intentar ejercer ese tipo de expropiación, que requieren -entre otras- del aval de un juez.
“El Fiscal General se equivoca en materia grave. 1) Ejercer Extinción sobre bienes que se usan para la protesta social, no son de origen, ni tienen destino ilícito. Y además, 2) sin decisión judicial, no se puede quedar con nada. Estos extremos protagónicos son peligrosos”, puntualizó el abogado en Twitter.
La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, calificó de “insensatos” los bloqueos porque afectan a la población en general que tiene que pagar más por los alimentos debido al desabastecimiento.
“Bajo ninguna circunstancia, debemos permitir que se siga afectando a toda la gente que necesita recibir los suministros, alimentos y materias primas para la industria, porque esto genera pérdidas económicas inmensas. Hay cientos de millones de pesos botados en las vías, con alimentos que se descomponen.
Echar a perder esa comida, significa que perdemos todos: los campesinos y los colombianos, que recibimos productos mucho más costosos”.
Criticó Ramírez y argumentó que hay cinco centrales de abastos “reportando los niveles más altos de escasez”, en referencia a Cali, Armenia, Neiva, Villavicencio y Popayán.
La funcionaria dijo que en los dos días anteriores “estos bloqueos han generado una disminución en el flujo de alimentos” y sostuvo que el primero de mayo la llegada de alimentos a las principales centrales de abastos se redujo de 11.412 toneladas a 3.208, de acuerdo a datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Ramírez recordó que el presidente, Iván Duque, mantiene desde hace un par de días reuniones con diferentes sectores sociales, políticos, judiciales y económicos en busca de salidas para ponerle fin al paro, que se propició por la decisión del Ejecutivo de impulsar en el Congreso una reforma tributaria que cargaba con más impuestos a la clase media.
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