Agitan un juicio político contra Evo Morales
Agitan un juicio político contra Evo Morales
Por su intento de reelección indefinida, tras fallo de la CIDH
LA PAZ 14 AGO – Un grupo de políticos bolivianos, entre ellos varios expresidentes, están impulsando la concreción de un juicio político contra el exmandatario Evo Morales por su intención de plasmar una reelección indefinida a ese cargo, lo que acaba de ser duramente objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los expresidentes, Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa pidieron por separado un juicio contra los ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), contra Evo Morales, los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los 12 legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del líder indígena, informó hoy el diario El Deber.
Los mencionados presentaron el recurso para permitir la re-postulación de Morales por cuarta vez en 2019.
“Quiénes deben responder son los sicarios de la democracia, que son los ex magistrados del Tribunal Constitucional, los parlamentarios que presentaron el pedido, los vocales del Tribunal Supremo Electoral y el propio Evo Morales que deben responder y reponer el gasto que se realizó en las elecciones”, dijo Quiroga en conferencia de prensa.
Mesa también se pronunció y dijo que el fallo puso en evidencia las violaciones contra la democracia en Bolivia y al igual que su antecesor pidió procesar a Morales y quienes apoyaron la re-reelección porque “en su ambición usaron tal falacia para violar la CPE (la Constitución, NDR) y burlar la decisión del pueblo”.
En las últimas horas, la CIDH hizo público el fallo de sus magistrados y determinó que la reelección presidencial, que había invocado el MAS, “no es un derecho humano” y que “atenta contra la democracia”.
El dictamen se conoció cuatro años después que fuera planteada la consulta.
Para el Gobierno actual de Bolivia, encabezado por Luis Arce, también del MAS, este fallo solo puede regir para futuras elecciones, ya que la demanda era para las elecciones de 2019.
El ministro de Justicia Iván Lima, mediante su cuenta personal en Twitter, aseguró que Bolivia cumple los preceptos de la opinión consultiva que fue publicada por la CIDH.
La situación podría derivar hacia Colombia y Ecuador, gobernados hoy por Iván Duque y Jair Bolsonaro, ideológicamente en la vereda contraria a las posiciones del partido que gobierna hoy Bolivia.
Es que Brasil y Colombia son los países de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que fue trabajada en el parlamento en 2009 y bajo ese rol podrían hacer un reclamo ante foros internacionales, ante la presunta violación de la Carta Magna con el intento de reelección indefinida.
“Recurrimos a los garantes Brasil y Colombia que estuvieron sentados en el Congreso en 2009 como garantes de la Constitución que mandaba una sola reelección. Cuando alguien rompe un acuerdo hay que recurrir a los garantes”, bramó Quiroga, reproducido por El Deber.
De hecho fue Duque -junto al secretario general de la Organización de estados Americanos (OEA), Luis Almagro- quien planteó hace cuatro años la cuestión ante la CIDH, que recién ahora se expidió en favor de ese reclamo contra Morales y lo consideró un “atentado a la democracia”.
El diario Página Siete dijo hoy que “Evo queda solo en su defensa de la reelección indefinida”.
Ni el presidente Luis Arce ni el vicepresidente David Choquehuanca ni el canciller Rogelio Mayta se pronunciaron oficialmente sobre la opinión consultiva, remartcó el periódico.
Sólo el ministro de Justicia Lima confirmó mediante un mensaje en Twitter que el gobierno fue notificado de su contenido. Aseguró que Bolivia cumple con los alcances de este pronunciamiento y que este “es un tema cerrado para el país”.
Morales decidió postularse a la reelección indefinida violando la Constitución Política del Estado que él mismo diseñó y aprobó e ignorando la negativa de la ciudadanía expresada en el plebiscito del 21 de febrero de 2016, que consultó la posibilidad de modificar la Carta Magna para dicho efecto.
El argumento del líder cocalero -respaldado por el Tribunal Constitucional Purinacional- para postularse a un nuevo mandato de todas maneras, fue que era su “derecho humano”, algo refutado ahora por la CIDH.
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