Nicaragua: Una nueva táctica de represión
Nicaragua: Una nueva táctica de represión
Una nueva táctica de represión en Nicaragua (foto: EPA)
Amnistía Internacional documentó 10 casos
SANTIAGO DE CHILE, 26 AGO – Amnistía Internacional documentó 10 casos de desaparición forzada de personas, detenidas por el gobierno de Daniel Ortega por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
“El gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar acallar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De acuerdo al organismo, la nueva fase represiva del gobierno de Ortega se inició el 28 de mayo de 2021. Desde esa fecha, hasta el 2 de agosto, más de 30 personas fueron privadas de su libertad, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos.
Los casos documentados son los de Daysi Tamara Dávila, José Pallais, Miguel Mendoza, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Torres y Dora María Téllez.
La entidad afirmó que “no son casos aislados” sino que forman parte “una lista más larga de víctimas”.
Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional han reconocido las detenciones.
Sin embargo, “en ninguno de ellos hacen mención del lugar de reclusión. Además, las familias no han podido visitar a las personas detenidas, sus equipos legales no han tenido acceso a entrevistarles, y las autoridades judiciales no han dado respuesta a los llamados a autorizar el ingreso de familiares y abogados”, acusó el reporte.
Se han presentado más de 40 solicitudes, peticiones y recursos ante diferentes autoridades, “lamentablemente, estos recursos han sido inefectivos y en la mayoría de los casos, desprovistos de respuesta”.
La desaparición forzada es un crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones a los derechos humanos debido a que implica la violación de un conjunto de derechos humanos. Se define como una privación legal o ilegal de la libertad de una persona cometida por agentes estatales, o por otros actores que cuentan con la aquiescencia o tolerancia del Estado, sin reconocer posteriormente que la detención tuvo lugar, o, si se la reconoce, se niega información sobre la suerte o paradero de la persona privada de libertad.
“Esta semana se cumplen 90 días desde que iniciaron las detenciones más recientes. Sin embargo, las autoridades se siguen negando a entregar información oficial sobre el paradero y las condiciones de detención”, señaló Erika Guevara.
“Las familias merecen tener la certeza de si sus seres queridos se encuentran con vida y el lugar en el que están recluidos. La angustia que viven es un castigo más de la política de represión del gobierno de Daniel Ortega”, demandó.
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