México alza la voz ante las imposiciones
México alza la voz ante las imposiciones
– Pide a EEUU mejores condiciones y asesoría legal para los demandantes de asilo
CIUDAD DE MEXICO, 28 NOV – El gobierno mexicano puso algunas condiciones a Estados Unidos para aceptar que se reactive el programa “Quédate en México”, por el cual miles de migrantes extranjeros deben esperar en territorio azteca a aguardar que se procesen sus pedidos de asilo en el país vecino.
Después de desmantelar en julio pasado este plan, denominado oficialmente Protocolos de Protección al Migrante (MPP, siglas en inglés), establecido a fines de 2019 por su antecesor Donald Trump, el presidente estadounidense Joe Biden dio a conocer días atrás su intención de reinstalarlo a partir de la próxima semana.
Según algunos medios informativos estadounidenses, que citaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la estrategia será reestablecida, después de una orden de un juez de Texas, tras una demanda planteada por el gobierno de este estado y el de Missouri.
El programa se restablecería en dos ciudades fronterizas de Texas y una de California, de acuerdo a la resolución judicial, la cual indicó que la restauración tendrá lugar hasta hallar una forma de “rescindirlo de forma legal” y hasta que el gobierno tenga la capacidad para detener a los solicitantes de asilo.
Sin todavía admitir que México dio el visto bueno para reestablecer este plan, la Cancillería informó que solicitó a la administración de Biden “recursos para las personas que aguardan de este lado de la frontera, en tanto se resuelve su solicitud de asilo”.
El ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que, en las conversaciones del grupo de trabajo bilateral, México subrayó la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes, de modo tal que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos, que deben realizarse de la forma más expedita posible”.
“México ha comunicado a los Estados Unidos que las personas migrantes deben contar con acceso a atención médica y vacunación contra Covid-19, a fin de proteger su derecho a la salud y evitar la propagación de la enfermedad en las comunidades de ambos lados de la frontera”, señaló.
El gobierno de Biden ya anticipó que otorgará el beneficio de la inmunización de los migrantes que ahora están en territorio estadounidense y esperan la respuesta para el asilo de parte de jueces migratorios, que son autoridades no vinculadas al poder judicial, sino al poder ejecutivo.
El gobierno mexicano pidió “respetar los criterios” para grupos de personas vulnerables como menores de edad no acompañados, embarazadas, con enfermedades físicas o mentales, ancianos, gays o de otras preferencias sexuales y personas indígenas que no hablan ninguna otra lengua más que la materna.
Adicionalmente, solicitó respetar “los puntos de retorno designados”, tomando en consideración tanto las capacidades del Instituto Nacional de Migración (INM), “para brindar la adecuada atención a las personas migrantes, como las condiciones de seguridad a nivel local”.
El gobierno de México urgió a Estados Unidos “acelerar los programas de cooperación para el desarrollo en el sur del territorio nacional y el norte de Centroamérica, a fin de atender las causas estructurales de la migración”.
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional iniciarán en el corto plazo un programa piloto en Honduras para avanzar en esfuerzos binacionales en la materia, señaló el comunicado.
El programa ideado por Trump desató un “desastre humanitario sin precedentes” en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con el “think tank” Oficina en Washington para Asuntos Latinaomericanos (WOLA, siglas en inglés).
“El restablecimiento de ‘Quédate en México’ significaría un retorno a una política inhumana e ilegal” que ha obligado a más de 71.038 personas solicitantes de asilo a esperar en México por sus audiencias de inmigración en Estados Unidos.
Este plan “ha impulsado a niveles sin precedentes la creación de campamentos con condiciones de vida profundamente insalubres e inseguras, en las ciudades fronterizas mexicanas, donde las personas solicitantes de asilo son expuestas de nuevo a peligrosos actores criminales”, alertó la organización.
El centro de estudio y promoción de los derechos humanos en la región recordó que ha habido más de 1.500 casos reportados de violación, secuestro, tortura y otros delitos contra las personas sujetas al programa.
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