Iglesia mexicana objeta política migratoria

Iglesia mexicana objeta política migratoria

Caravanas de migrantes de Centroámerica en Puebla, México

– Cuestiona programa “Quédate en México” impuesto por EEUU

CIUDAD DE MEXICO, 08 DIC – La jerarquía católica mexicana alzó la voz para cuestionar duramente la política migratoria del gobierno mexicano, en particular la aceptación del programa “Quédate en México” impuesto por Estados Unidos, que acoge a extranjeros en territorio nacional mientras se resuelven sus pedidos de asilo en ese país.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que esta estrategia “viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución”.
En un enérgico pronunciamiento, los obispos mexicanos señalaron que la política migratoria mexicana “es confusa y ha generado una situación caótica en el sur del país”, en particular en la ciudad meridional de Tapachula, la más importante de los límites con Centroamérica.
La CEM se declaró “decepcionada” de que México haya accedido a reanudar el programa “Quédate en México” impuesto por el ex presidente Donald Trump y suspendido por su suceso Joe Biden en julio pasado, pero reactivado por recursos judiciales interpuestos por los estados de Missouri y Texas.
Decenas de miles de personas procedentes de Centroamérica y del Caribe, pero también de otras naciones como Venezuela, se han visto obligadas a permanecer en condiciones inhumanas y de hacinamiento en campamentos o refugios en ciudades de la frontera norte, a merced de bandas criminales y con escasos apoyos para su manutención.
A juicio de la cúpula católica mexicana este programa “no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de las condiciones de refugiado”.
“Con profunda sinceridad deseamos que las personas en contexto de migración que se encuentran en territorio mexicano puedan ver una luz de esperanza en este valle de indiferencia, dolor y discriminación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, señaló el documento.
Además, responsabilizó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de “incumplir los compromisos de trasladar y regularizar a los migrantes, lo que ha generado bloqueos carreteros y conflictos con la población local”.
Todo ello ha desembocado en una “situación caótica” en la que prevalece “el sufrimiento, la desesperación y la violencia”, estimaron los obispos mexicanos, quienes señalaron que “en medio de esta compleja realidad, la Iglesia católica a través de la diócesis de Tapachula, se ha mantenido firme en proveer de atención humanitaria a los migrantes”.
Según el Episcopado, a la política “confusa e ineficaz” del gobierno federal en materia migratoria se suman “la indiferencia” del gobierno del estado sureño de Chiapas, donde se ubica Tapachula, y “el rol de espectadores de los gobiernos municipales”.
Organizaciones civiles denunciaron en los últimos días el traslado en buses tipo pulman de centenares de migrantes, entre ellos numerosos haitianos, hacia diversas ciudades del centro y sur del país, para “despresurizar” la ciudad de Tapachula, que se vio desbordada por la multitud de migrantes en busca de viajar a la frontera con Estados Unidos.
Sin embargo, los grupos de defensa de derechos humanos revelaron que los foráneos son luego abandonados a su suerte, sin otorgarles ningún tipo de apoyo a su arribo a las ciudades donde se les traslada.
Adicionalmente, las ONGs dieron a conocer que los empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) cobran de 100 a 300 pesos (5 a 15 dólares) por persona a quienes desean ser llevados fuera de Tapachula.
El comunicado del CEM reveló que el pasado 23 de noviembre, unos 1.300 migrantes en la localidad de Mapastepec, Chiapas, aceptaron ser transportados a otros estados, pero muchos no alcanzaron a subir y se encuentran a la espera de su desplazamiento.
A fines de agosto pasado, la propia Alta La Alta Comisionada Auxiliar para la protección internacional de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Gillian Triggs, criticó la decisión de Estados Unidos de renovar el plan “Quédate en México”.
La funcionaria de la ONU consideró que “viola el estándar internacional de que cualquier persona tiene derecho a pedir protección”.