– Un año después de su llegada al poder, al presidente Pedro Castillo se le acumulan los problemas.

Tres de cada cuatro peruanos desaprueban la gestión al frente del gobierno del antiguo maestro rural y sindicalista de 52 años.

Castillo afronta junto a su esposa Lilia Paredes seis investigaciones fiscales, la última abierta este mismo jueves, todo un récord para un presidente en ejercicio en el país sudamericano.

Varios de sus colaboradores cercanos y familiares han sido señalados por la justicia, entre ellos su cuñada, Yenifer Paredes.

Paredes se entregó a principios de agostoa la fiscalía después de que esta registrara la casa y el palacio del presidente en su búsqueda.

El domingo 28 de agosto, el juez Johnny Gómez ordenó 30 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, mientras es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Gómez declaró que en el caso de Paredes se cumple el supuesto del peligro de fuga y que hay una baja calidad de arraigo domiciliario, familiar y laboral, al argumentar su decisión.

Quién es y de qué la acusan

Tiene 26 años y es la hermana menor de la primera dama, de 49.

Sin embargo, las figuras del presidente y su esposa se asemejan más a las de sus padres, no solo por la diferencia de edad sino porque se crio con la pareja desde niña como una hija adoptiva.

Y, para la fiscalía, es una pieza clave de la red de corrupción y lavado de activos supuestamente dirigida por el jefe de Estado peruano y que este niega rotundamente que exista.

Los fiscales señalan a la primera dama como coordinadora del grupo criminal y a tres cuñados del presidente como testaferros, entre ellos Yenifer Paredes.

Acusan a varias personas del círculo cercano del presidente de haber dirigido empresas ficticias.

Y Yenifer Paredes habría ayudado al propietario de una de esas compañías a obtener contratos de obras públicas pese a carecer de los recursos económicos y la experiencia para llevarlas a cabo, según la fiscalía.

Los otros colaboradores del presidente presuntamente vinculados a la trama son un sobrino que ejercía de asesor, el exministro de Transporte -ambos prófugos de la justicia- y un exsecretario presidencial.

Qué evidencias hay

La acusación del Estado difundió un polémico vídeo como prueba de su acusación.

Las imágenes muestran cómo la cuñada del presidente habla con habitantes de una comunidad del distrito de Chota, en la región de Cajamarca, unos 800 km al norte de Lima.

Aunque no ocupa cargo alguno en el gobierno, Yenifer Paredes comunica a estas personas que necesita censarlos para construir una obra de saneamiento.

La joven aparece en el vídeo junto a un empresario que en septiembre de 2021 ganó una licitación del Estado por más de 3,8 millones de soles (US$978.000).

Por esta controvertida conexión Paredes ya fue citada hace un mes en el Congreso, donde reconoció haber trabajado para el empresario y pactado con él algún acuerdo “verbal” pero negó haber influido en sus contratos públicos, pese a que este visitaba habitualmente el palacio de gobierno.

El martes 9 de agosto el Poder judicial emitió una orden de detención preliminar por 10 días contra la cuñada del presidente y la fiscalía desplegó un amplio operativo para encontrarla.

El operativo incluyó el allanamiento del palacio presidencial, algo sin precedentes en Perú, donde las fuerzas del orden nunca habían accedido a la sede del poder ejecutivo para llevar a cabo una detención.

Tras más de 24 horas en paradero desconocido, Paredes finalmente se entregó el miércoles 10 de agosto a la fiscalía.

Acusación lícita o complot contra Castillo

Su abogado, José Dionicio Quesnay, calificó como un acto de “valentía y coraje” la entrega voluntaria a la justicia de la hermana menor de la primera dama, en declaraciones a la radio local RPP.

Y el presidente contraatacó después de conocer la entrega de su cuñada.

“A mí no me van a quebrar”, declaró, tras lamentar que “han golpeado a mi familia seriamente”.

“Es parte de la lucha (…) y vamos a seguir adelante, enarbolando un Perú más justo”, aseveró.

Un día antes había declarado que el allanamiento de palacio presidencial respondía a una “evidente confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático”.

Pedro Castillo también habló de “show mediático” y considera las acciones en su contra como parte de un plan para sacarlo del poder.

La fiscalía, por su parte, emitió un comunicado para defender su trabajo y asegurar que seguirá haciéndolo “con valentía” y “bajo la observancia del principio de objetividad, principio de legalidad y debido proceso”.

La fiscal general, Patricia Benavides, también denunció que hay “ataques” en su contra para “obstaculizar” las investigaciones al presidente de Perú y sus allegados.

*Este artículo fue publicado el 11 de agosto y actualizado el domingo 28 de agosto con la declaración de la prisión preventiva para Yenifer Paredes.