El número de personas con hambre se duplicó en Sudamérica entre 2015 y 2021, pasando de 17,2 millones a 34,2 millones, según el informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina publicado este miércoles por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Venezuela registra la mayor tasa de subalimentación -personas que no pueden adquirir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria mínimas durante al menos un año-, con 22,9%, seguida de Ecuador (15,4%) y Bolivia (13,9%). En Colombia, Paraguay, Perú y Surinam superó el 8%. A escala regional, 56,5 millones de personas padecieron hambre el año pasado, un 30,5% más que la cifra pre-pandemia.

En 2021, la inseguridad alimentaria, es decir, carecer de acceso regular a suficientes alimentos, afectó al 40% de la población de América Latina y el Caribe, superando significativamente el promedio mundial (29,3%). La inseguridad alimentaria grave ha aumentado a un ritmo más rápido en Sudamérica que en el resto de la región. La cifra de afectados se ha triplicado desde 2014, pasando de 22 millones a 65,6 millones de personas.

A nivel global, esta problemática afecta más a las mujeres que a los hombres. La disparidad en la región es de 11,3 puntos porcentuales, la mayor a la del mundo, donde la brecha promedio es de 4,3.

El informe da cuenta que el hambre, la inseguridad alimentaria, el sobrepeso infantil y la obesidad en adultos están empeorando en la región. Los únicos avances recientes hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por los países miembros de la ONU para 2030, han sido en el ámbito de la lactancia materna entre los menores de seis meses y el retraso del crecimiento infantil.

La FAO explica que las “preocupantes tendencias” se deben, en gran medida, a tratarse de la región más desigual del mundo, sumado al fuerte impacto de la pandemia, que afectó desproporcionadamente a las mujeres, y la inflación alimentaria, marcada por la guerra en Ucrania.

Las altas tasas de inflación reducen el poder adquisitivo de los hogares, afectando especialmente entre la gente de menores ingresos, que son las que gastan una mayor proporción de su presupuesto en alimentos. Una mala calidad de la dieta puede derivar en el retraso del crecimiento, la anemia, el sobrepeso y la obesidad.

En América Latina y el Caribe, la obesidad, por ejemplo, afecta a casi una cuarta parte de la población adulta (24,2%), muy por encima del promedio mundial (13,1%), según la última medición disponible de este indicador, que data de 2016. Una buena noticia es que, al igual que la tendencia mundial, Sudamérica ha mostrado importantes avances en la reducción del retraso del crecimiento. Entre 2000 y 2020 redujo los afectados en un 41%.

En 2020, 131 millones de personas en la región no pudieron permitirse el costo de una dieta saludable, que son cuatro veces más caras que una energéticamente eficiente. En la región, cuesta 3,89 dólares por persona por día, el precio más alto en comparación al resto del mundo, cuyo promedio es 3,54.

Estas dietas se basan en una amplia variedad de alimentos no procesados o mínimamente procesados, que sea equilibrada, y que incluya un mínimo de cinco porciones de frutas y verduras al día. “Aunque la situación fiscal de muchos países de la región supone un reto importante para los gobiernos, es imperativo abordar el costo y el acceso a las dietas saludables”, alerta el documento de la FAO.

Para abaratar los costes de una dieta saludable, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación considera “crucial” aumentar y mejorar la eficiencia y eficacia de las inversiones en políticas alimentarias y agrícolas en tres áreas principales del sistema: políticas orientadas a los productores de alimentos, al comercio y a los mercados, y a los consumidores de alimentos.

Las buenas prácticas en la región revelan que aumentar la producción y productividad de alimentos más diversos puede lograr que los alimentos nutritivos sean más accesibles a los consumidores. Las políticas que apoyan la producción de alimentos de las familias agricultoras y a pequeña escala, y que vinculan su producción a programas alimentarios o mercados locales a través de cadenas de suministro de alimentos más cortas, permiten aumentar los ingresos de los agricultores y reducir el coste de los alimentos nutritivos.