CRÓNICAS: Preguntas a los Ecuatorianos

CRÓNICAS: Preguntas a los Ecuatorianos

Por Lucía P. de García

Toronto.- El 5 de febrero 2023 Ecuador elegirá 23 prefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos y 443 rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). También decidirá vía Referéndum sobre ocho preguntas formuladas por el gobierno del Presidente Guillermo Lasso, que a casi dos años en funciones cuenta con un 15% de credibilidad ciudadana debido a la grave crisis social, política, económica y de inseguridad que reinan en el país. Expertos constitucionalistas dicen que los temas de las preguntas ya constan en la Constitución de la República y de requerir una enmienda ésta le corresponde a la Asamblea Nacional, por lo que consideran que la consulta es tramposa y la verdadera intención del régimen sería disimular los problemas y oxigenarse para afianzar su neoliberalismo, su autoritarismo, su afán extractivista y privatizador. 

En las zonas urbanas los votantes recibirán siete papeletas, en las rurales ocho. Para quienes estamos en el exterior el voto es facultativo y se puede emitir en forma telemática o personal en las respectivas sedes electorales, donde se nos entregarán tres papeletas para elegir a los siete consejeros del CPCCS marcando su nombre en su respectivo casillero. En la papeleta de hombres sólo debemos marcar 3, en la de mujeres 3 y en la de Pueblos y Nacionalidades 1. Los votos se anulan si se seleccionan más candidatos de los determinados o se vota en plancha.

Como en este espacio es imposible pormenorizar las preguntas y las transitorias de los anexos a los cuales hay que leerlos con atención porque encierran en “letra chiquita” los riesgos de esta Consulta Popular, he aquí un brevísimo resumen del tema que aborda cada pregunta: 

Primera: Extraditar a ecuatorianos por delitos con el crimen organizado transnacional. La Constitución lo prohíbe. Sólo podría ocurrir bajo un acuerdo bilateral con otro Estado que solicite extraditar al ecuatoriano que haya cometido algún ilícito de envergadura en su territorio. Esto no se ha dado. La falta de adecuada información gubernamental induce a pensar que los miles de avezados delincuentes encarcelados serán deportados, no es así. 

Segunda: Garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución. De aceptarse, la Asamblea General deberá expedir una nueva Ley que reforme dicha Función. Como tomaría largo tiempo, Fiscalía actuaría sólo con resoluciones, permitiendo al Ejecutivo tener más ingerencia en sus funciones fiscalizadoras. 

Tercera: Reducir el número de Asambleístas que hoy son 137, a 1 asambleísta provincial y 1 más por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes, 1 asambleísta por cada 500.000 ecuatorianos que residan en el exterior. El cambio afectaría a las provincias con menos habitantes, favoreciendo el caudillismo local y debilitando a la Asamblea Nacional en beneficio del Ejecutivo, lo que alteraría el equilibrio de poderes.

Cuarta: Exigir a los movimientos políticos un mínimo de afiliados equivalente al 1,5% del padrón electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro auditado periódicamente  por el Consejo Nacional Electoral. El tema ya lo determina la Ley Orgánica Electoral. No obstante, cabe señalar que en 2017, partidos y movimientos políticos juntos llegaban a 17. En los últimos cinco años han proliferado hasta llegar a la exorbitante cifra de 272, por lo que es fácil deducir que la política se ha tomado como un negocio, olvidando que partidos y movimientos deben cimentarse en ideología, crecer con afiliados formados en la honradez, el compromiso con el pueblo y la solución a sus problemas, el conocimiento de las funciones del cargo al que aspiran como candidatos, sólo así se garantiza un buen desempeño ante la Patria.  

Quinta: Eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar a 77 autoridades de control. Los integrantes de esta entidad serán nombrados ya no por voto popular sino por la Asamblea Nacional. Pregunta contradictoria. Si se resta facultades al CPCCS, su existencia pierde sentido. Si la Asamblea Nacional nombra a sus siete miembros, se retrocedería a la nefasta práctica de cabildeos. Cesarían la selección que está en curso para nombrar Defensor del Pueblo, Contralor, Procurador, entre otros, haciendo que quienes ya ocupan esos cargos se queden por más de dos años. En ese tiempo el Presidente gobernaría por acuerdos y sus proyectos de Ley enviaría a la Asamblea General para que los resuelva en un lapso que supera el término de su mandato, lo cual contraviene la democracia. 

Sexta: Enmendar la Constitución para que los integrantes del CPCCS que actualmente son electos por sufragio universal sean nombrados por la Asamblea Nacional. Pregunta contradictoria. Un Sí como respuesta haría que la facultad de escoger con rigurosidad a las más altas autoridades la retenga el CPCCS, pero si sus miembros son designados por la Asamblea Nacional hay el riesgo de un reparto de autoridades según intereses políticos. 

Séptima: Enmendar la Constitución para que las áreas de protección hídrica se incorporen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Constitución ya protege esas áreas vitales. Lo que el gobierno buscaría es determinarlas a favor del extractivismo, la minería y la privatización.

Octava: Enmendar la Constitución para que el gobierno regule beneficios y compensaciones a quienes apoyan la generación de servicios ambientales, es decir personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. La Constitución ya establece esos beneficios. Al gobierno sólo le toca fijar las compensaciones que permitan a esas personas y grupos que cuidan la Naturaleza  participar en forma más justa de los beneficios de la conservación. 

Antes de responder al Referéndum los ecuatorianos también debemos preguntarnos por qué los jóvenes están abandonando el país, por qué adultos arriesgan su vida para ir al exterior, por qué las remesas de quienes han emigrado este último año son vitales para sus familias, por qué el Presidente nos divide y nos ofende a los ciudadanos al calificar de buenos a quienes dirán SÍ a su Consulta y narcos y antipatrias a quienes votarán NO. Sea para elegir dignidades o para responder a las preguntas del Referéndum recuerde que el voto es personal, libre, secreto. Yo añadiría a conciencia, por el bien exclusivo de la Patria, con amor a Ecuador.